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Poca vivienda protegida y de la más cara

Valencia se ve superada por otras grandes ciudades en el impulso a los pisos asequibles y fía un tardío despegue a la reserva en planes urbanísticos pendientes de desarrollo

Sara Velert

La vivienda protegida en la ciudad de Valencia hay que buscarla con lupa. En los últimos años, las licencias de obra han pasado por la comisión de Urbanismo con cuentagotas, perdidas en un mar de permisos para vivienda libre. La etapa del boom inmobiliario ha relegado su promoción a porcentajes muy bajos, con un 11,4% de licencias (1.833 pisos de 15.987) sobre el total entre 2003 y 2007, según datos del grupo socialista no desmentidos por los populares. El impulso desde el Ayuntamiento ha sido escaso, lo que ha convertido el déficit en pisos asequibles en objeto de polémica constante. El PSPV acusa al gobierno de Rita Barberá de desaprovechar las posibilidades de fomentar su construcción y de prometer en elecciones miles de viviendas de protección pública (VPP, antes VPO) sin preocuparse de espolear su salida al mercado.

El 'boom' del ladrillo ha relegado la VPP en Valencia al 11,4% entre 2003 y 2007
Madrid, Barcelona y San Sebastián no bajan del 30% de VPP sobre el total
Zaragoza suma a la promoción en venta un importante parque de alquiler
En Sevilla la oferta pública se queda por debajo del precio máximo

El PP, en cambio, defiende que no ha se ha cruzado de brazos y ha preparado el terreno con importantes reservas de VPP en suelo urbanizable. El edil de Urbanismo, Jorge Bellver, espera que esta planificación lance definitivamente la vivienda social. Bellver destaca que el plan general urbano de 1988 no especificó cupos de VPP y que "lo más importante para viabilizarlas fue la decisión pionera del equipo de gobierno del PP de establecer reservas obligatorias a partir de 2000".

Los suelos urbanizables adjudicados desde entonces han incorporado entre el 20% y 25% de VPP, porcentajes que se elevan con los pisos previstos en el suelo de cesión obligatoria al municipio en cada plan. De esta forma, la previsión supera las 9.000 VPP, con la promoción más importante, de casi 3.000 casas, en manos del Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA) en Sociópolis. Entre 2003 y 2007 iniciaron su tramitación otros 711 pisos con Aumsa, 453 con el IVVSA y 2.186 de empresas privadas.

La mayoría está por construir. El concejal argumenta que hasta ahora no había "suelo disponible". "Nosotros tenemos huerta y cuesta un dineral, y en suelo urbano no es factible", subraya. Las cesiones al Ayuntamiento en las reparcelaciones arrojaban un precio demasiado alto para este tipo de vivienda hasta que se impuso la reserva, según Bellver. La ciudad, por otro lado, en opinión del edil, no ha sufrido la presión por la vivienda barata debido a sus precios: "Somos la tercera ciudad en habitantes, pero la número 17 en precio por capitales, por lo que la gente ha podido acceder a pisos del mercado libre".

Una suma de factores que, en su opinión, explican la situación. El cambio de tendencia lo marcarían los datos de 2007, con 425 licencias de VPP que suponen el 30% del total, y de este año, con 1.116 autorizaciones (49%). Para el PP, ahora hay suelo a corto y medio plazo para el despegue de la VPP. Un despegue tardío, si se compara con otras ciudades grandes y medianas.

Las iniciativas de VPP parten del Estado, las autonomías y los propios municipios. La mayoría de grandes ciudades ha creado para gestionar sus actuaciones una empresa específica que Bellver no ve necesaria: "No hemos dejado de hacer ningún piso por ello".

- Madrid (PP). Acaba de lanzar una nueva promoción pública de 1.352 pisos. Según el Ayuntamiento madrileño, 35 de cada 100 viviendas impulsadas entre 2003 y 2007 han sido protegidas.

- Barcelona (PSC e ICV-EUiA). Entre 2004 y 2007 ha impulsado 10.200 viviendas sociales, casi la mitad acabadas. La participación de la VPP no ha bajado del 30%. La ciudad ha ampliado los tipos clásicos y promueve la vivienda dotacional para jóvenes y mayores, de tamaño reducido y con servicios comunes, lo que la abarata. El nuevo plan lanzará las VPP con derecho de superficie, manteniendo el suelo en manos públicas y permitiendo al ciudadano comprar a bajo coste un piso para 75 años.

- San Sebastián (PSE, EB-Aralar). Aplica con buen resultado esta opción del derecho de superficie y también el alojamiento dotacional con apartamentos sobre suelo de equipamientos. La ciudad ha autorizado en la última década un promedio de 950 viviendas, de las cuales un tercio han sido protegidas, "Este año serán más de la mitad y con la revisión del plan general, dos de cada tres pisos serán protegidos", afirma el concejal de Urbanismo y Vivienda, Jorge Letamendia. La legislación urbanística vasca, además, ya impuso reservas de VPP en suelo urbanizable y urbano en 1994. Los pisos siempre mantienen la calificación, no se venden en el mercado libre, y en San Sebastián "todas las promociones son públicas". El concejal recalca que han hecho importantes inversiones en compra de terreno y expropiaciones, y una "fuerte gestión del patrimonio municipal del suelo". Ahora se plantea dar otro empuje al alquiler con el 50% de las VPP en una década.

- Zaragoza (PSOE). La gestión sostenida por los distintos partidos ha elevado de manera notable el parque de vivienda social de alquiler, con casi 2.000 unidades, el 40% en el casco histórico, que se convertirán en 3.000 a final de mandato. Las gestiona la empresa municipal, que se encarga asimismo de la VPP en suelo municipal. En 2007, la ciudad ya dio más licencias de vivienda social que libre, y desde 2003 han supuesto casi el 50%. Zaragoza "es la única de las grandes ciudades que tiene mucho suelo", explican fuentes locales. Eso facilita las cosas, junto a una "política decidida" de VPP que incluye proyectos como el barrio de Valdespartera con el gobierno de Aragón y las cajas para 9.800 pisos (95% protegidos) sobre suelo de Defensa -en Valencia, el PP reprocha al Ejecutivo el retraso de 600 en dos cuarteles.

- Sevilla (PSOE).

La "utilización beligerante" del patrimonio de suelo y un plan ambicioso "con esfuerzo público y privado" han sido las claves para que Sevilla promoviera entre 2003 y 2007 un total 15.634 VPP, en distintas fases. Los porcentajes sobre la vivienda libre están sobre el 25%, sin incluir las promociones que dentro del plan lleva adelante la empresa local Emvisesa, que de 6.740 pisos (21,8% en alquiler), a final de año habrá entregado 3.614. Sevilla ha creado su propia VPP de precio tasado para rentas intermedias y ofrece otra modalidad andaluza que está por debajo del coste de las de régimen general, que suelen ser las más extendidas. En esa línea, fuentes municipales resaltan que las promociones públicas quedan por debajo de los precios máximos, con pisos de 70 metros cuadrados por 81.000 a 99.500 euros.

- Los precios. En Valencia, una VPP de régimen general de 70 metros saldría por más de 127.000 (sin garaje ni IVA), porque la ciudad no sólo tiene poca oferta, sino que está en la franja alta de precios tras la decisión del Consell de subirlos para animar a los constructores. Aunque por detrás de Madrid y Barcelona, Valencia es más cara que Sevilla, San Sebastián y Zaragoza en el régimen general. Los socialistas denuncian, además, que en Valencia casi no se oferta vivienda especial, la más barata. Sorprendentemente, la subida de precios ha puesto a Alicante y Castellón por delante de Zaragoza, la quinta ciudad española, y San Sebastián. Las dos ciudades valencianas destacan por la escasa oferta de VPP y ahora también por el alto precio.

La demanda, sin embargo, existe. El pasado marzo, el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, José Ramón García Antón, la estimó en 82.000 viviendas en los próximos cuatro años - "hay suelo listo o en desarrollo" para 34.000-. Que hay mercado para VPP lo muestra también el hecho de que al registro de demandantes que acaba de estrenar Valencia en 10 días se apuntaron 600 personas.

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Sobre la firma

Sara Velert
Redactora de Internacional. Trabaja en EL PAÍS desde 1993, donde ha pasado también por la sección de Última Hora y ha cubierto en Valencia la información municipal, de medio ambiente y tribunales. Es licenciada en Geografía e Historia y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS, de cuya escuela ha sido profesora de redacción.

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