Mas se escuda en el supuesto fraude para tapar el caos de la renta mínima

El Gobierno de la Generalitat, con el presidente Artur Mas a la cabeza, se lanzó ayer a sugerir la existencia de un fraude generalizado en el cobro de la Renta Mínima de Inserción (RMI) como réplica a las duras críticas recibidas por la caótica revisión de esta ayuda. "Hay gente que puede estar cobrándola desde hace 10 años sin que nadie se lo haya mirado", llegó a afirmar el secretario general del Departamento de Empresa y Ocupación, Enric Colet, algo que han desmentido todas las fuentes consultadas.

La crisis de la Renta Mínima de Inserción (RMI) lleva ya 11 días y sigue sin remitir. Unas 30.000 personas -existen 34.000 expedientes de ayuda y de cada uno dependen 3,25 personas de media, 110.000 en total- siguen sin haberla percibido este mes. La renta está destinada a aquellos que carecen de otros ingreso y siguen programas de inserción laboral o social. Asciende a 420 euros al mes, con complementos de 50 a 90 euros para hijos y personas dependientes.

La Generalitat ha decidido este mes pagar la renta con un cheque nominativo enviado por correo en lugar de la habitual transferencia bancaria, lo que ha originado múltiples retrasos y problemas de recepción de la carta en personas que han cambiado de domicilio. También ha llamado a 10.000 beneficiarios a revisar su expediente, pero no ha previsto la avalancha de gente que esto suponía en las oficinas de la Generalitat. Estas y el teléfono de información se han colapsado. El Ejecutivo justifica su decisión con una premisa: hay situaciones de fraude entre los perceptores de la RMI. "Con esta operación, atacamos primero el fraude y detectamos quién se ha cambiado de domicilio", aseguró Colet, que fue entrevistado ayer en Catalunya Ràdio y RAC-1.

La actuación de Colet -los consejeros de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, y de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, disfrutan de sus vacaciones-, displicente con los afectados, ha provocado la queja unánime de la oposición, que le exigió rectificar. Lejos de dar explicaciones, el Gobierno salió ayer en defensa de Colet. Al frente, Artur Mas, vestido con un traje de neopreno -interrumpió sus vacaciones para hacer rafting en Sort (Pallars Sobirà)-, reiteró: "Los cambios servirán para detectar los posibles fraudes". Si no se evitan estos casos, vaticinó, "no habrá dinero suficiente para pagar a los que realmente lo necesitan", informa Eva Visa. "El objetivo es detectar a aquellos que cobran y ya no viven en Cataluña y a los que trabajan, aunque sea en la economía sumergida". También se sumó el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, que recordó que la RMI fue implantada por un Gobierno de CiU.

En su periplo radiofónico, Colet reiteró las acusaciones contra parte de los receptores de la renta mínima. Lo hizo sin aportar ningún dato. Un portavoz del departamento aseguró que se darán a conocer a finales de mes, cuando culmine el proceso. Sus acusaciones se basan en "dos estudios" que el propio secretario general reconoció que "se contradicen".Tras 11 días azuzando la idea de un fraude generalizado en la RMI, Colet matizó que se trata de "una minoría". Y justificó que el cambio en la forma de pago, era el método "menos traumático". El secretario general se basa en tres reglas para justificar sus acusaciones de fraude: el nulo control que, a su juicio, ejerció el anterior Gobierno tripartito; un núcleo de personas que perciben la renta, pero viven fuera de Cataluña e incluso en el extranjero, y otro grupo que trabaja en economía sumergida y cobra la prestación social. Estas afirmaciones, según las personas que trabajan día a día con los preceptores de la renta mínima, son falsas o inexactas.

La principal preocupación de la Generalitat es que haya personas que reciben esta ayuda y residan fuera de Cataluña e, incluso, en el extranjero. Para aportar datos a esta acusación, Colet se basó en pruebas que no puede obtener, como él mismo confesó: "Sabemos por las entidades de crédito que hay gente que recibe la transferencia y tiene ordenado un traspaso al extranjero. Pero los bancos no nos pueden entregar esta información porque vulneraríamos la ley de protección de datos".

Los asistentes sociales que trabajan con los receptores de la renta mínima aceptan que, en algún caso excepcional, se puede dar esta situación. Aun así, informan de que las entidades bancarias no realizan las transferencias a la primera de cambio. Primero ratifican la cuenta de los beneficiarios, que posteriormente facilitan por escrito (con el sello del banco) a cada Ayuntamiento para garantizar que la ayuda se entrega correctamente, indicó ayer la coordinadora de Cáritas en los barrios barceloneses de Ciutat Vella y del Poble Sec, Juana Martín.

La segunda sospecha que tiene la Generalitat es que hay muchos perceptores que cobran la ayuda para encontrar trabajo y en realidad se emplean en la economía sumergida. La anterior responsable del Departamento de Bienestar, Carme Capdevila, acusó en Twitter a Colet de mentir por decir que el tripartito no controlaba las ayudas: "No es cierto. Solo es una justificación a la mala gestión del Gobierno de los mejores", apuntó Capdevila, que ironizó con los consejeros Mena y Cleries: "Son dos irresponsables que no conocen la situación de la gente que cobra la RMI. Quizá se saltaron esa clase en Esade".

La versión de Capdevila la corroboran los trabajadores sociales. Insisten en que la probabilidad de fraude es "mínima" debido al "estricto seguimiento" que realizan. Cada beneficiario recibe un trato específico y permanente. "No está estipulado cada cuánto tenemos que ver a los beneficiarios, son casos personales y el asistente decide la rutina de visitas", explicó Margarita García, trabajadora social del Instituto Catalán de la Salud.

"Nos exigen mucha información sobre los receptores. Vienen cada semana y efectuamos un registro de asistencia y el seguimiento del programa", añade el educador social Paco Jaume. "Es muy triste que se cuestione la labor de los trabajadores sociales y de los Ayuntamientos", lamentó García en referencia a la acusación de Colet sobre la falta de control.

La ayuda va mayormente ligada a un proyecto de formación e inserción laboral. Los objetivos, adecuados a cada perceptor se han de cumplir. Si no es así, los afectados corren el riesgo de ser excluidos de la RMI.

Algunos Ayuntamientos se ven en la situación de tener que avanzar la RMI. El Ayuntamiento de Barcelona ha avanzado el pago de 11 cheques que la Generalitat deberá devolver. Desde que empezó la problemática y hasta el día 9, los afectados realizaron 593 llamadas de consulta, para notificar problemas con los cheques o los avisos de la renta mínima y 506 consultas presenciales.