La violencia en Colombia aumentó durante el Gobierno de Iván Duque

El pasado jueves en la noche, un estruendo sacó de sus camas a los habitantes de Caloto, en el convulso departamento del Cauca. Una motocicleta cargada de explosivos había estallado en la entrada del pueblo. Una niña fue herida y las paredes y los techos de al menos 35 casas se desplomaron. El 2 de mayo, otra explosión acabó con la sede de la alcaldía de Argelia, también en el Cauca. Esa vez fue un coche bomba. La semana pasada, también en ese departamento, un niño de 12 años fue asesinado en un atentado con armas en el municipio de Santander de Quilichao. “La violencia no puede ser el destino de los caucanos”, reaccionó ante el último de los hechos el senador indígena Feliciano Valencia. El clamor es el mismo de siempre y la respuesta del Gobierno de Iván Duque, que está por terminar, no ha sido suficiente.

Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) asegura que la violencia aumentó durante el mandato del presidente Duque. Los efectos de la guerra, ya no entre la guerrilla y el Estado, sino entre organizaciones armadas que se disputan territorios, lo sienten las comunidades, donde la vida transcurre entre la incertidumbre constante de fenómenos como el confinamiento, impuesto por bandas, y el desplazamiento forzado. Hace apenas unos días, el Clan del Golfo impuso su ley a la vista de todos en 11 departamentos. Un paro armado ordenado por esa organización de origen paramilitar obligó a pueblos enteros a esconderse durante cuatro días. “Durante los últimos cuatro años, Colombia optó por una política de seguridad que privilegió el control territorial y propinar golpes importantes a los grupos armados, por encima de la protección de la ciudadanía y las comunidades”, señala la FIP, en el informe publicado este domingo.

Duque entrega un país atrapado entre una paz que cojea por la ineficiencia del Estado para cumplir el acuerdo con las FARC, y una guerra entre bandas de narcotráfico, disidentes de la antigua guerrilla y el ELN. Los primeros dos meses de 2022 son suficientes para mostrar un aumento importante en la actividad armada. Se presentaron 85 acciones bélicas, concentradas en Norte de Santander, por un incremento de las acciones contra la Fuerza Pública; en Arauca, por la disputa entre el ELN y las disidencias; y en el norte del Cauca, por acciones contra la Fuerza Pública en Corinto. “El resultado de estos es el incremento del impacto humanitario en casi todas sus formas, y un escenario estratégico marcado por una confrontación entre grupos armados más que por un conflicto entre el Estado y estos grupos”, señala la investigación.

La FIP, que coteja sus cifras con las del Ministerio de Defensa, asegura que la capacidad de los grupos ilegales de realizar acciones bélicas aumentó desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, el 2020 fue el peor año, con 439 combates armados. Aunque Colombia no atraviesa una violencia como la que vivió a finales de los 90 e inicios de los 2000, las condiciones de seguridad se han deteriorado y hay zonas donde se siente más, como en las fronteras. No solo en la que se comparte con Venezuela, donde se ha consolidado del ELN y los grupos disidentes. También es grave lo que ocurre en los límites con Brasil, donde los grupos armados ejercen una fuerte presión sobre las comunidades. En Amazonas, las estructuras disidentes operan con organizaciones criminales transnacionales, que controlan las rutas del narcotráfico.

“En los últimos años, la criminalidad organizada viene jugando un papel cada vez más importante en los escenarios de inseguridad y violencia en el país. La variación percibida está relacionada con la capacidad de estas organizaciones para implementar formas de gobernanza apalancadas en narrativas políticas y gestionadas a partir de una relación estrecha con elites regionales”, señala la investigación de la FIP, que advierte que aunque la Fuerza Pública haya aumentado su capacidad de despliegue territorial, esto no se ha traducido en la disminución de la violencia: “La política de seguridad actual ha mostrado ser ineficiente a la hora de proteger a las comunidades y mejorar las condiciones de seguridad”.

Uno de los aspectos más problemáticos de la estrategia de Duque, según la investigación, ha sido equiparar la política de seguridad con la lucha antinarcóticos. Jorge Mantilla, director del área de dinámicas del conflicto de la FIP, explica a este diario que la prioridad del Gobierno ha sido golpear las economías ilegales —de donde se nutren las organizaciones armadas— pero ha olvidado una política que contribuya en la realidad a frenar el reclutamiento, proteger a los líderes sociales, contener la violencia y garantizar la seguridad de las personas. “Se perdió el orden de las prioridades”, dice el investigador. Aunque golpear a la minería, el narcotráfico es importante para afectar a las estructuras ilegales, no es suficiente -y la realidad lo ha mostrado- para garantizar que la población civil viva en paz.

El Clan del Golfo y su capacidad para regular la vida cotidiana

El balance de crecimiento de los grupos armados tampoco es favorable para la política de seguridad del presidente Duque. Entre 2018 y 2020, según información de la Fuerza Pública que cita el informe, las estructuras disidentes y el Clan del Golfo aumentaron su capacidad militar en términos de hombres en armas y sus redes de apoyo. En 2021, los datos muestran una reducción del 4% para el ELN y del 27% para el Clan del Golfo. Las disidencias, sin embargo, continúan su fortalecimiento militar con un incremento del 10%.

Para Mantilla, este indicador evidencia que aunque el Gobierno dice haber neutralizado 13.000 hombres de los grupos armados, esto no ha tenido efectos en su disminución como estructura. “No se ha resuelto ni atendido un tema como es el de los nuevos reclutas. Gente joven que está ingresando a hacer parte de estos grupos”.

Aunque el ELN ha disminuido sus acciones, sigue siendo uno de los grupos que mayor actividad armada tiene contra la Fuerza Pública. Sin embargo, es el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia —como también se hacen llamar—, la estructura armada con más poder en todo el país, a pesar de ser la más golpeada por la Fuerza Pública.

El Clan del Golfo ha demostrado, incluso tras la extradición de su líder Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, tener la capacidad de regular la vida de las comunidades de Urabá, Chocó y sur de Córdoba. “Pueden imponer reglas y normas de conducta, castigan a quienes las trasgreden (consumidores de droga, personas involucradas en riñas o acusados de violencia intrafamiliar), dirimen conflictos intracomunitarios, buscan favorecer sus intereses a través de influenciar las elecciones regionales y cargos públicos, realizan obras comunitarias y ofrecen servicios de seguridad”, dice la FIP. Son algo parecido a una autoridad paralela, imponen su justicia y cuando quieren confinan pueblos enteros.

Existen brechas considerables entre el discurso, las cifras y la realidad, dice la investigación, que también destaca que Duque cerrará su Gobierno con la tasa más alta de homicidios durante los últimos seis años. La seguridad ha sido central en el discurso de Iván Duque, pero el aumento del impacto humanitario de la violencia demuestra que las medidas tomadas por su Gobierno han tenido un efecto contrario al esperado.

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