Colombia evaluará a sus militares por evitar masacres

Una semana después de posesionarse, el presidente Gustavo Petro ha dado puntadas del enfoque que quiere dar a las Fuerzas Armadas durante su Administración. Después de nombrar una cúpula que apuesta por una línea conciliadora con el costo de un remezón de 22 generales de la Policía, dio, a través de Twitter, una orden que implicaría un cambio de mentalidad entre las tropas, porque apunta a medir la seguridad en disminución de muertes y no solamente en bajas o capturas. Eso causó inconformidad en algunos sectores militares. “La comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos. Desde ahora todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar al máximo la comisión de masacre y muerte de lideres sociales”, tuiteó Petro. No ha dado más detalles.

La medida ha sido celebrada por organismos de derechos humanos y criticada por militares de la reserva o retirados. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó la instrucción del presidente. “Los resultados deben medirse por vidas salvadas y protección y garantía de derechos humanos”, dijo la Oficina a través de su representante en Colombia, Juliette De Rivero.

Esa misma oficina ha documentado un aumento del 200% en el número de masacres ocurridas entre 2016 y 2021, e informó que solo en lo que va de 2022, se han verificado 33 masacres con 108 víctimas. Frente al asesinato de líderes sociales, sus cifras señalan que entre el 2016 y el 2021, hubo 562 homicidios de personas defensoras de derechos humanos.

La política del gobierno del expresidente Iván Duque era militarizar los territorios donde ocurrían masacres y atacar a los cabecillas de las organizaciones criminales. Pero las comunidades decían que lo primero no era suficiente y los cabecillas dados de baja o capturados eran reemplazados rápidamente.

La instrucción de Petro se alinea con la ONU que, en su último informe de julio, dijo “la respuesta del Estado centrada en el uso de la fuerza y cuya medición de éxito se reporta en términos de número de bajas o capturas infligidas a los grupos armados no estatales y a las organizaciones criminales, en particular respecto de quienes son considerados cabecillas, no ha tenido el impacto esperado”. Se enmarca también en la recomendación de la Comisión de la Verdad de cambiar la política de seguridad. “En este marco cobra relevancia la transformación del sector seguridad, y en particular del papel del lugar de la fuerza pública para asegurar la prevención del crimen diferenciando la seguridad y la defensa, los sistemas de supervisión y control tanto político como disciplinario y penal, la cultura democrática de transparencia y rendición de cuentas”, dice el Informe Final, que también sugiere un ajuste en los roles, misiones y estructura de las fuerzas de seguridad, que responda a los nuevos desafíos y a las necesidades de las comunidades y territorios.

Sin embargo, aún faltan detalles para entender el efecto que pueda tener la decisión de Petro en los territorios más afectados por la violencia, así como de cara a la todavía nebulosa propuesta de “paz total”. “Este valioso anuncio del presidente Petro debe ser el comienzo de una discusión más amplia sobre cómo implementar una nueva política de seguridad que proteja a la población civil y desmantele de forma integral a los grupos armados que operan en el país. Sin una política de seguridad sólida será muy difícil buscar la “paz total” como ha prometido el presidente”, dijo a EL PAÍS Juan Pappier, investigador senior de Human Rights Watch para las Américas.

Si en otra época hizo carrera la frase “pedir litros de sangre”, que ha aparecido entre las confesiones de militares ante la Jurisdicción Especial para la Paz, donde han documentado 6.402 casos de falsos positivos; en esta etapa Petro propone que el éxito sea medido en tranquilidad y ausencia de litros de sangre regados, sean de quien sean. Pero las críticas señalan que pondría a los militares como responsables únicos si no logran evitar esos delitos.

El general retirado Eduardo Herrera Verbel, quien fue uno de los negociadores del gobierno de Juan Manuel Santos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y no es de la línea militar más dura, dice que el Gobierno debe diferenciar entre hoja de vida, donde se consignan responsabilidades disciplinarias, y gestión, la capacidad de lograr resultados. “El presidente está en todo su derecho de exigir que no se presenten masacres, pero no debe hacerse en función de la hoja de vida sino de la gestión. Lo que está bajo es el escrutinio público es la gestión, que puede ser cuestionada por sectores de la sociedad e investigada por órganos de control. También puede haber manifestaciones públicas del presidente acerca del desempeño, pero la afectación a la hoja de vida es delicada”, explicó a este diario.

Herrera Verbel también considera que poner la responsabilidad solo en los militares puede relajar el trabajo de los alcaldes o gobernadores en las regiones donde ocurren los homicidios de líderes sociales y las masacres. “¿Dónde está la responsabilidad de los gobernantes? o piensan pasar de agache. Todos en la cama o todos en el suelo”, escribió en redes sociales.

Para otros militares, el medio que usó Petro para dar la orden también es problemático. El coronel retirado José Luis Esparza, que fue fórmula presidencial de Ingrid Betancourt, dice que la tropa puede leerla como una amenaza “si no dan resultados”. “Dirigir con amenazas no es tan bueno. Madurando lo aprendí. ¿La primera exigencia de la “paz total” no sería la primera razón para negociar?”, dijo.

También señaló que, con un juego de equilibrios tan complejo y la desconfianza previa por ser un gobierno que proviene de la izquierda, Petro no debería hacer esos anuncios vía redes sociales, sino directamente. Y que para controlar las acciones militares hay mecanismos internos de control, como la contrainteligencia y la inspección. En conversación con EL PAÍS, Esparza dice que la salida de generales por efecto del cambio de cúpula también causa incertidumbre en cargos más bajos y que el Gobierno debe tenerlo en cuenta para evitar que haya desmotivación entre los uniformados cuando los grupos armados están creciendo.

Es una posición similar, aunque más moderada, que la de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro. Para su presidente, el coronel en retiro John Marulanda, la instrucción de Petro es desenfocada y autoritaria. “Va a requerir mucho esfuerzo para justificar si la hoja de los comandantes debe ser manchada con esas masacres. De paso, consideramos que eso es una corresponsabilidad que le competen a las autoridades civiles de la jurisdicción respectiva”, dijo en conversación con la radio.

Este martes se hará la Ceremonia de Presentación y Reconocimiento de Tropas y de la nueva cúpula militar y el ministro de Defensa, Iván Velásquez. En ese evento las tropas oficialmente saludan a sus nuevos comandantes, que ahora estarán encargados de implementar la orden.

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