La imagen de Gustavo Petro se desploma en la encuesta Invamer

La imagen del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha caído a mínimos en la Invamer Poll cuando se acerca a su primer año y medio en el poder. La aprobación del llamado Gobierno del cambio se ha desplomado en la opinión pública, en medio de un clima de pesimismo, según se desprende de los resultados de la tradicional encuesta bimestral, que le toma el pulso al país desde hace 30 años. El 66% de los consultados desaprueba su gestión, por apenas un 26% que la aprueba en la más reciente medición. También, por primera ocasión, es mayor el número de personas que preferiría no seguir negociando con el ELN, la primera mesa de diálogo que se abrió en el marco de la paz total.

Petro, que resultó elegido con algo menos del 51% de los votos, nunca había registrado cifras tan bajas. Son casi inversas frente a la primera medición de su Gobierno, cuando el 56% de los consultados aprobaba su naciente gestión, por un 20% que la desaprobaba. Sin embargo, no alcanza los peores números rojos de su antecesor, Iván Duque, quien atravesó una prolongada crisis de popularidad a lo largo de su mandato y se despidió con un 27% de aprobación por un 68% de desaprobación. La vicepresidente Francia Márquez mostró cifras similares a las de Petro, aprobada por el 24% y desaprobada por el 56% de los consultados.

La Invamer acentúa tendencias que ya habían reflejado otras encuestas. La opinión colombiana se derechiza y la izquierda se desinfla cuando Petro no ha llegado siquiera a la mitad de su periodo. Las grandes reformas prometidas —salud, pensiones y trabajo— están atascadas en el Congreso, donde las mayorías son esquivas para el Gobierno. La inseguridad vuelve a repuntar (87% cree que está empeorando) y la economía genera preocupación (80% considera que empeora). En un salto notable, el 57% piensa ahora que las relaciones internacionales van por mal camino. La educación constituye una excepción, pues el 49% cree que la calidad y el cubrimiento están mejorando.

Los sindicatos, que tienden a respaldar al primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea, marcan una opinión desfavorable del 57%, la más alta en los 23 años en los que la Poll ha hecho esa pregunta. Mientras tanto, la legalización del cannabis es rechazada por el 63% de los consultados y solo el 33% la apoya, el más bajo respaldo en dos años de esta pregunta. El rechazo a legalizar el tráfico y consumo de drogas en general repunta al 78%. Petro considera que la fallida guerra contra las drogas se debe replantear, en diversos frentes, para superar el enfoque prohibicionista de la era Duque. El 61% está en desacuerdo con suspender la exploración de petróleo y gas, otro de los planteamientos del Gobierno.

El pesimismo ha alcanzado también los temas relacionados con la paz total, la política bandera del presidente. El Gobierno se propone negociar en simultáneo con diversos grupos armados, además de llevar a la realidad el acuerdo que firmó Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las FARC. En un notable aumento, el 74% de los consultados considera que la implementación del acuerdo va por mal camino, frente al 21% que cree lo contrario, unas cifras similares a las del Gobierno de Duque, un férreo crítico de los acuerdos. En el mismo sentido, un 63% cree ahora que el Gobierno no cumplirá con lo pactado, y un 73% que la extinta guerrilla tampoco cumplirá su parte.

Aunque el 56% de los encuestados favorece la opción de insistir en diálogos con los grupos armados hasta lograr acuerdos de paz –por 41% que prefiere intentar derrotarlos militarmente–, es el menor apoyo a la política de negociación desde febrero de 2016, antes de la firma con las FARC.

Pero la mayor sorpresa viene por cuenta del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Por primera ocasión, el porcentaje de encuestados en desacuerdo con continuar las negociaciones (49%) supera a los que prefieren mantener el proceso (47%). El secuestro, uno de los crímenes más crueles y repudiados por la sociedad, ha vuelto al primer plano del debate público después de que la última guerrilla en armas tardara 12 días en responder al clamor nacional para liberar al padre del futbolista Luis Díaz. La mesa sigue atascada ante la renuencia del ELN a desistir del secuestro de civiles, a pesar de la presión del Gobierno –por contraste, las disidencias del Estado Mayor Central acaban de anunciar que no volverán a secuestrar en el marco de los diálogos con el Gobierno–.

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