La JEP imputa a ocho exguerrilleros de las FARC por decenas de secuestros, incluyendo el que llevó a la muerte de 11 diputados del Valle

Suplantando al ejército para hacerse pasar por una unidad antiexplosivos, guerrilleros del entonces Comando Conjunto de Occidente de las FARC, irrumpieron en la Asamblea del Valle del Cauca el 11 de abril de 2002 y con engaños secuestraron a 12 diputados. En 2007, tras cinco años de cautiverio, 11 de ellos fueron asesinados por sus captores. Se trató de uno de los secuestros masivos más sonados y estremecedores de las casi cinco décadas de existencia del grupo armado que firmó la paz con el Estado en La Habana, en 2016.

Este jueves la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP), la justicia transicional pactada en ese acuerdo de paz, imputó a ocho exguerrilleros por los casos más graves de secuestro que cometió ese comando o bloque guerrillero. En concreto, los señaló como máximos responsables de los casos más graves de seis crímenes de guerra (toma de rehenes, homicidio, violación sexual, tortura, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos) y seis crímenes de lesa humanidad (privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos) cometidos por esa unidad guerrillera en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y el sur de Chocó.

Esta es la tercera de las imputaciones planteadas por la JEP en su macrocaso 01, en el que investiga los casos más graves de los secuestros cometidos por las otrora guerrilla en todo el país. Los imputados son Édgar López Gómez, Pacho Chino, coordinador del Comando Conjunto de Occidente entre 1993 y 2011; Jesucristo Jiménez Cuéllar, Juvenal Rodríguez, comandante de la Columna Móvil Miller Perdomo; Juan Carlos Ramírez Sargento Pascuas, comandante del Sexto Frente; Gustavo Arbeláez Cardona, Santiago Cepeda, miembro del Estado Mayor del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas; Héctor Julio Villarraga, El Grillo; Carlos Mario Cardona León, William, responsable de finanzas de la compañía Alonso Cortés; Diego Ardila Merchán, Leonel Páez, comandante de la columna móvil Gabriel Galvis; y Pacho Quinto, comandante del frente Franco Benavides.

En total, recuerda la JEP, ese Bloque es responsable de por lo menos 60 hechos de secuestro, ya sean individuales o múltiples, y 227 víctimas acreditadas en el macrocaso lo señalan como responsable de diferentes secuestros. La Sala de Reconocimiento de Verdad también le solicitó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) que identifique 27 guerrilleros que integraron el Bloque y cuya identidad o paradero aún se desconoce. Esta estructura, que llegó a tener 1.400 combatientes, tenía como gran objetivo dominar la ciudad de Cali. De él se reincorporaron 800 combatientes y 600 milicianos.

La Sala de Reconocimiento explica que tiene elementos suficientes para probar que los secuestros eran una política tan deliberada que “los asesinatos de los cautivos eran consultados con los superiores”, que en algunos casos hubo órdenes de matarlos en caso de intento de rescate y que los líderes guerrilleros daban órdenes generales que llegaban a prohibir la entrega el cadáver de quienes morían en cautiverio e, incluso “disponían el cobro de dinero por la entrega del cuerpo”, explica el auto.

Villarraga tuvo un papel clave en el secuestro de los diputados. Como comandante del frente 60, fue el encargado de recibirlos en zona rural del Valle del Cauca de manos del Frente Manuel Cepeda Vargas, la unidad que realizó el rapto. En una audiencia de aporte de verdad en 2020, reconoció su responsabilidad, y reveló varios detalles del caso a petición de las familias de las víctimas. Entre ellos, las cruentas condiciones en las que sobrevivieron por años los legisladores. Allí aseguró que la orden de fusilarlos la dio el entonces comandante de ese Bloque y luego comandante de las FARC, Alfonso Cano.

El único diputado sobreviviente es Sigifredo López, a quien las FARC liberaron en 2009. El exdiputado ha cuestionado de manera severa la labor de la JEP que, a su juicio, no ha sido eficaz en esclarecer plenamente quiénes participaron el secuestro. A inicio del año anunció que se retiraba de los procesos de la justicia transicional. “Hoy, como víctima y ciudadano, debo decir que por su costo y exiguos resultados, es un instrumento fallido que merece una profunda revisión para que La Paz, y La Paz Total no sean otra frustración”, expresó entonces en su cuenta de X.

Desde el momento de la decisión, la defensa tiene 30 días para responder o apelar lo descrito por la Sala. Si aceptan los cargos, entran a un proceso de reconocimiento de los hechos que conduce a las llamadas sanciones propias, que no incluyen la cárcel, pero sí la limitación efectiva de derechos y acciones reparadoras — de las que la JEP aún no ha dictado ninguna. Si, por el contrario, niegan los hechos, el caso pasa a un juicio en el que pueden ser condenados a hasta 20 años de cárcel.

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