La entrada de Brasil en la OPEP como observador pone en cuestión el compromiso de Lula ante la crisis climática

El primer viaje de Luiz Inácio Lula da Silva, de 78 años, tras su tercera victoria electoral, fue a la COP27 de Egipto, hace ahora un año. Quería anunciarle al mundo que contara con Brasil en la lucha contra el cambio climático porque ya no sería el villano ambiental planetario de los tiempos de Jair Bolsonaro. El país volvería a ser una potencia verde, una inspiración. Y empezó a hacer los deberes: la deforestación cayó un 22% en el primer balance de su presidencia, retomó la demarcación de tierras indígenas, busca inversiones para proyectos de transición energética, la sostenibilidad es una constante en sus discursos… Pero el reciente anuncio de que se suma a la OPEP como observador ha causado un enorme desconcierto. Y polémica. El presidente Lula asistía la semana pasada a la COP28, de Dubái, cuando el club de los países productores de petróleo anunció la incorporación. La adhesión pone en cuestión el compromiso de Lula para luchar contra el calentamiento global que causan los combustibles fósiles.

Brasil, un país continental, es muchas cosas a la vez. Acoge el mayor bosque tropical del mundo, atesora las mayores reservas de agua dulce, protege más tribus de indígenas no contactados que nadie, pero al mismo tiempo es el noveno productor de petróleo del mundo con tres millones de barriles diarios y Petrobras es uno de los pilares de la economía.

Los que se quedaron boquiabiertos al saber que el país que alberga el 60% de la Amazonia entró en la OPEP como observador, pueden anotar en sus agendas que el martes concluye la cumbre del clima de la ONU en Emiratos y que el miércoles Petrobras celebra una gran subasta con más de 600 bloques petrolíferos terrestres y marítimos, incluidos algunos en zonas medioambientalmente bien sensibles.

En enero, Brasil se convertirá en el undécimo miembro de OPEP+, un club de países como Rusia o Mexico que participan como observadores para tareas de coordinación con la OPEP pero sin someterse a las cuotas de producción.

Para acallar la polémica, Lula terció con unas palabras que azuzaron el enfado de ambientalistas y analistas: “Me parece importante que participemos [en la OPEP+] porque necesitamos convencer a los países productores de petróleo de que deben prepararse para el fin de los combustibles fósiles. Y eso significa aprovechar el dinero que ganan con el petróleo y que inviertan para que un continente como África, como América Latina, pueda producir los combustibles renovables que necesita. Especialmente, hidrógeno verde porque, si no creamos alternativas, no acabaremos con los combustibles fósiles”. Y en un intento de dejar claro que no estará en el núcleo decisorio, lo comparó con el G7, el club de los países más ricos: “Participo del G7+ desde que llegué la Presidencia de la República. Voy allí, escucho, solo hablo después de que la decisión está tomada y me voy”.

Que Brasil aceptara la invitación de la OPEP+ justo ahora, en plena COP, es, en palabras de una fuente diplomática brasileña, “un gol en propia meta”.

Para Suely Araujo, del Observatorio del Clima, una coalición de ONGs, fue realmente inesperado. Pero la decisión de fondo tampoco le sorprendió porque, explica al teléfono, el Ejecutivo Lula ya había dado muestras de que apuesta por expandir la explotación de gas y petróleo. En este Gobierno conviven dos almas que, para los ambientalistas, son irreconciliables. Detalla Araújo, que ya presidió el Instituto Brasileño de Medio Ambiente en la anterior etapa de Lula, que “existe una contradicción interna enorme. Por un lado, están la ministra Marina Silva, que ha logrado resultados impresionantes en deforestación con un trabajo valiente, aunque todavía faltan fiscales ambientales, y el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, que está captando inversiones con títulos soberanos sostenibles para financiar proyectos de transición energética” y luego está el ala que hace una apuesta firme por la industria del petróleo.

“Ya lo vimos en las inversiones de la PAC [el programa estrella en economía] que incluye 335.000 millones de reales [68.000 millones de dólares] en petróleo y gas, y ahora con esta subasta el día 13 de 603 bloques offshore y onshore, incluidos algunos en áreas muy sensibles, inaceptables”, continúa la coordinadora de políticas públicas del Observatorio del Clima.

La ministra Silva, titular de Medio Ambiente y Cambio Climático, recalcó el sábado pasado también en la COP que “es imperativo eliminar, lo más rápido posible, la dependencia de nuestras economías de los combustibles fósiles”. Su jefe no quiere oír hablar de medidas drásticas, como quedó claro en la cumbre que los países amazónicos celebraron en agosto en Belem (Brasil). El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso a sus homólogos que se comprometieran a renunciar al petróleo, pero Lula le paró los pies inmediatamente.

La petrolera Petrobras quiere abrir una nueva frontera en la margen ecuatorial en vista de los prometedores y lucrativos hallazgos de la vecina Guyana, (elemento clave en el conflicto creado por Venezuela por el Esequibo) pero el pasado mayo, la agencia gubernamental de protección ambiental IBAMA le denegó la licencia, recurrió y está a la espera de que esa apelación sea resuelta. Mientras, el caso se ha convertido en un potente símbolo del dilema que tienen Brasil y Lula.

“Brasil tiene que elegir entre ser una potencia ambiental o ser un petroEstado”, dice Araujo. Para esta veterana, en un momento en que el planeta ha vivido el año más caluroso de la historia, la elección está clara: “Tenemos muchos que ganar si apostamos por la sostenibilidad, tenemos que explotar los recursos de sociobiodiversidad que tenemos, que son muchos”.

La batalla sobre el futuro de los combustibles fósiles es feroz, cosa que es evidente en la cumbre del clima de Dubái, una petromonarquía. En la COP28 hay siete lobbistas de la industria del crudo y el gas por cada indígena, destacaba la activista Txai Suruí este sábado en su columna de Folha.

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