Tom Goodhead, sobre el derrame de petróleo en Perú en 2022: “Repsol podría decir que ha proporcionado asistencia, pero no una reparación”

El 10 de enero, cinco días antes de cumplirse el segundo año del derrame de 11.900 barriles de petróleo crudo de la Refinería La Pampilla —administrada por la trasnacional española Repsol— sobre el mar de Ventanilla, la firma internacional de abogados Pogust Goodhead —especializada en litigios medioambientales y de grupos de consumidores— interpuso una demanda contra Repsol ante la corte distrital de La Haya, en los Países Bajos. Reúne las firmas de 34.000 afectados (desde pescadores artesanales hasta comerciantes) y reclama una indemnización de 1.272 millones de dólares.

Conversamos con el abogado Tom Goohead (41 años, Newport, Gales), director del estudio con sede en Reino Unido, quien visitó las playas dañadas, al norte de Lima, en un par de oportunidades. La última fue hace un mes. “El trabajo de campo que llevaron a cabo nuestros equipos en las áreas afectadas no se limitó a la recolección de firmas. El alcance de este trabajo fue más amplio y se realizó con el fin de recopilar información relevante para la demanda”, anota. Se prevé que la primera audiencia en La Haya se realice en junio.

Pregunta. ¿Cuáles han sido sus motivaciones para asumir la demanda de la ONG Stichting Environment and Fundamental Rights y, con ello, la de 34.000 afectados por el derrame de petróleo en las costas peruanas?

Respuesta. Creemos profundamente en los principios de la responsabilidad corporativa, equidad y justicia. Esa es una de las razones por las cuales quisimos estar involucrados en este caso y hacer lo posible para que los responsables rindan cuentas. Lo que pasó en enero de 2022 no fue inevitable. Las acciones e inacciones de Repsol y la Refinería La Pampilla han causado graves daños al medio ambiente, a las comunidades y a los medios de subsistencia, con efectos que seguirán sintiéndose en la región durante muchos años más.

P. Califica de contradictorio el comportamiento de Repsol. ¿A qué se refiere exactamente?

R. Repsol dice preocuparse por el ambiente, pero cuando se requiere que la empresa realice acciones para evitar un daño medioambiental inmenso o para remediarlo, no toma las medidas adecuadas para prevenir o contener ese daño. Repsol dice haber entrado en varias negociaciones y acuerdos con algunas de las víctimas, pero la realidad es que esos acuerdos han sido ejecutados bajo condiciones injustas para las víctimas. Dicen promover proyectos sociales, pero han escogido ignorar la pérdida de los medios de subsistencia sufrida por miles de personas como consecuencia del derrame de petróleo. Además aseguran haber invertido miles de millones soles en la remediación del océano, pero la realidad es que han sido multados en varias ocasiones por la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio del Ambiente (MINAM), en relación a su conducta posterior al derrame de petróleo y a su pobre gestión para minimizar las afectaciones, y no han pagado esas multas.

P. Repsol ha subrayado en varias oportunidades que ha compensado al 98% de los afectados. ¿Han podido comprobar la veracidad de esta afirmación?

R. Hemos revisado las condiciones bajo las cuales Repsol afirma haber “compensado” a varias víctimas, y creemos que, en muchos de los casos, ello no constituye una reparación real. Como máximo, Repsol podría decir que ha proporcionado asistencia o un bono, pero no una reparación completa y justa por los daños causados.

P. La Defensoría del Pueblo y reportes periodísticos explican que estos acuerdos han sido extrajudiciales y lesivos porque se trata de pagos únicos de cantidades entre 50.000 y 70.000 soles (entre 13.500 y 19.000 dólares), que son mínimos en comparación a lo que les corresponde. ¿Cuánto debería ser?

R. La compensación para cada víctima dependerá de sus circunstancias específicas. Por ejemplo, habrá algunas víctimas que hayan sufrido daños a su salud; otros, a su propiedad o a su negocio. Es precisamente por eso que creemos que estos acuerdos extrajudiciales necesitan ser analizados en detalle. Como mencionas, muchos de estos acuerdos no consideran la magnitud total de los daños o no consideran los daños que aún continúan ocurriendo.

P. La cantidad de sus demandados triplica al Padrón Único de Afectados, lista que Repsol remarca que fue elaborada por el Gobierno peruano. ¿Cómo se explica que sean 34.000 afectados y no 10.000, como la empresa indica?

R. La razón es simple: Repsol no ha logrado identificar a todas las víctimas afectadas. En general, consideramos que la respuesta de Repsol frente al derrame de petróleo ha sido inadecuada, fuera de tiempo e insuficiente. Ha sido, sobre todo, un intento por minimizar la tragedia (informando las áreas afectadas de forma incompleta, cambiando la cantidad de barriles derramados, etc.). Si bien el Padrón Único buscaba enlistar lo que se consideraba como afectados, el documento incluye, principalmente, a pescadores afectados, quienes son miembros de asociaciones de pescadores y comerciantes registrados. Sin embargo, muchos pescadores y comerciantes no son miembros de asociaciones o no participan de actividades formales. Esta es una de las razones que explican la diferencia entre el número de víctimas que se han sumado a la demanda en los Países Bajos, y confirma que Repsol no realizó una medición adecuada de la situación.

P. Según un estudio de CooperAcción y Oxfam, las familias de los pescadores artesanales dejan de percibir 11.902 soles cada mes al no poder pescar desde hace dos años. ¿Pero la pérdida solo es económica o también está en peligro la tradición de la pesca de padres a hijos, pues se estima que el daño permanecerá por lo menos durante seis años?

R. Por supuesto. Estos son solo unos pocos ejemplos del tipo de daños que dejan los desastres medioambientales como este. Otros tipos de pérdidas como la pérdida de propiedad (botes, equipos, animales), los daños físicos o psicológicos, el incremento del costo de vida, o la reducción en el uso o disfrute del paisaje natural, también, necesitan ser considerados. En cuanto a la posible pérdida de tradiciones u otros efectos duraderos en el tiempo será importante que el juez considere que, en efecto, este tipo de desastres pueden tener consecuencias que podrían perdurar incluso por 10 años o más.

P. En un comunicado del 15 de enero, Repsol afirma que las playas de Lima Norte están listas desde hace meses para la pesca, el comercio y las actividades recreativas, y que todo eso se sustenta en informes reconocidos y calificados. ¿Cuántas de las playas afectadas cumplen con estándares de calidad ambiental y no representan ninguna amenaza para las personas ni la fauna marina?

R. Tenemos conocimiento de esta declaración hecha el 15 de enero. Sin embargo, no es exacta. Solo recientemente, después de la comunicación de Repsol, algunas de las municipalidades afectadas como Ancón y Chancay confirmaron que aún hay playas afectadas por el derrame de petróleo, las cuales están cerradas al público y no han sido reactivadas para actividades humanas.

P. Por cierto, ¿ha podido establecerse cuál ha sido el impacto respecto a las especies marinas?

R. Todavía no se ha determinado el alcance total. Pero, de acuerdo con el reporte de las Naciones Unidas, para el 2022 las áreas afectadas incluían más de 500 hectáreas de reservas de especies marinas, más de 1400 hectáreas de mar y tierra, y 37.000 toneladas métricas de arena contaminada.

P. La empresa sostiene que su demanda carece de fundamento y consideran que el caso debería ser abordado en Perú. ¿Por qué fue necesario llevarlo a la corte de la Haya?

R. Las declaraciones de la compañía que señalan que la demanda carece fundamento, se han realizado sin siquiera haber revisado los argumentos presentados en la demanda, acerca de la responsabilidad del Grupo Repsol en el derrame de petróleo, lo cual es otro ejemplo de su falta de compromiso con las partes afectadas. Esto también demuestra su incapacidad para cumplir con los estándares de responsabilidad corporativa que generalmente se esperan de las empresas europeas. Pogust Goodhead recibió el encargo de Stichting Environment and Fundamental Rights (SEFR) para presentar el caso contra tres compañías que son conjuntamente responsables por los daños, debido a su participación en el manejo de la refinería; Refinería La Pampilla, S.A.A., RELAPASAA, constituida bajo la ley peruana; Repsol Perú B.V, constituida conforme a la legislación neerlandesa, y Repsol S.A., constituida bajo la ley española. Este caso ha sido llevado ante las cortes de Países Bajos porque Repsol Perú B.V, conjuntamente responsable por el daño causado por el derrame de petróleo, es una compañía neerlandesa.

P. Una demanda como esta supone un largo y costoso camino. ¿Ve posible una conciliación?

R. Esta es una posibilidad que siempre consideramos en nuestros casos. Estamos abiertos a dialogar con Repsol para alcanzar un acuerdo siempre y cuando sea en el mejor interés de las víctimas.

P. ¿Cuál es su opinión acerca de que Repsol sea uno de los auspiciadores de la selección de fútbol de Perú?

R. Estas grandes compañías contaminantes usan sus ganancias para tratar de mejorar su imagen, pero es hora de que Repsol haga lo correcto, que es compensar justamente a las víctimas por su crimen medioambiental en Perú.

P. ¿Es cierto que de ganar el caso Stichting Environment and Fundamental Rigths se quedaría con el 25% de la indemnización?

R. Estos tipos de reclamaciones funcionan bajo el principio de “no ganamos, no cobramos” (“no win, no fee”). Esto significa que los individuos no tienen que pagar nada a menos que la demanda se resuelva con éxito (incluyendo la vía mediante acuerdo). Si el caso se resuelve con éxito y si obtenemos compensación en nombre de una víctima, los financiadores de SEFR recibirán el 25% de los daños, pero la SEFR, al ser una fundación sin fines de lucro, no recibirá ninguna compensación. La SEFR tampoco cobrará ninguna tarifa si se pierde la demanda.

P. ¿De qué manera pudo evitarse una tragedia como esta?

R. Lo que pasó en enero de 2022 no fue inevitable. Las acciones e inacciones de Repsol y la Refinería han causado un grave daño al ambiente, a las comunidades y los medios de subsistencia, con efectos que seguirán sintiéndose en la región durante muchos años más. Asimismo, el comportamiento de Repsol tras del desastre , al retrasar una respuesta rápida y completa, demostró una total desconsideración por las vidas afectadas y los delicados ecosistemas destruidos debido a su falta de acción. Este caso se trata, en última instancia, de responsabilidad y justicia. Se trata de los estándares de responsabilidad corporativa que deben ser adoptados e implementados para evitar tragedias como esta.

P. ¿Cómo marchan sus otros litigios, como por ejemplo el que tienen contra la minera británico-australiana BHP por la catástrofe de Mariana?

R. En junio de 2022, la apelación de BHP fue rechazada, lo que significa que se verán obligados a rendir cuentas por su rol en el desastre, en un juicio de 118 semanas, que inicia en octubre de 2024. En agosto del año pasado, la brasileña Vale, la segunda mayor empresa minera del mundo, se sumó al proceso en los tribunales ingleses a raíz de una demanda presentada por BHP para que Vale pagara hasta el 50% de los daños causados por el desastre de la presa de Mariana. Pogust Goodhead se está preparando para el juicio y hay una conferencia de gestión del caso programada para la próxima semana para decidir los siguientes pasos.

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