Uruguay se estrella con sus recetas de seguridad y no logra reducir los homicidios

Como ocurrió en 2019, el estado de la seguridad pública vuelve a ocupar el centro de la campaña electoral de Uruguay, que el 30 de junio celebrará sus primarias para definir quiénes competirán por la presidencia en octubre. Como entonces, la atención está puesta en los homicidios, que escalaron tras la pandemia y llegaron a ser 382 en 2023, una cifra difícil de digerir para un país de apenas 3,4 millones de habitantes que en general exhibe altos niveles de desarrollo humano. Con una tasa de 11,2 homicidios cada 100.000 habitantes, la situación de Uruguay no está entre las más críticas de América Latina, pero duplica el promedio mundial y se aleja de la tasa registrada por ejemplo en Chile ­―4,5 cada 100.000―, con el que a menudo se compara. La seguridad pública aparece como la principal preocupación para el 49% de los uruguayos, según reveló recientemente la consultora Factum.

“La Organización Mundial de la Salud establece el umbral de 10 homicidios cada 100.000 habitantes como una tasa a partir de la cual el fenómeno es epidémico. En Uruguay ya estamos por encima de eso, lo que implica el riesgo de que la situación se descontrole y tengamos una evolución negativa”, dice a EL PAIS Emiliano Rojido, sociólogo e investigador sobre violencia, criminalidad y políticas públicas. La situación no es nueva: un estudio basado en datos oficiales del que Rojido es coautor señala que la tasa de Uruguay aumentó un 37% entre 2012 y 2022, al pasar de 7,8 a 10,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, con oscilaciones significativas en ese intervalo. El pico se produjo en 2018 con 421 crímenes, en 2021 ­―pandemia mediante­― bajaron a 306, pero treparon a 383 en 2022 y al año siguiente se registró uno menos.

El in crescendo de todos los delitos ―homicidios, hurtos, rapiñas― registrado a partir de 2012 coincide paradójicamente con el repunte que experimentó la economía uruguaya durante los gobiernos del izquierdista Frente Amplio (FA), según analiza el politólogo Diego Sanjurjo, actual coordinador de Estrategias de seguridad integrales y preventivas del Ministerio del Interior. “Cuando mejora la economía, baja la pobreza y aumenta la riqueza, crecen todos los mercados, también los ilegales. Eso pasó en toda América Latina”, señala el especialista a EL PAIS. Entre otros, creció el mercado ilegal de estupefacientes y el narcotráfico, con lo que eso puede acarrear en términos de violencia. “En países como Alemania, Francia, España, que crecieron mucho más que los latinoamericanos, tuvieron la inteligencia y la capacidad de implementar una cantidad de políticas que hicieron que la marginalidad disminuyera”, explica.

Montevideo concentró el 55% de los homicidios registrados en 2023: 210 de un total de 382, que ocurrieron sobre todo en los barrios más pobres del noreste de la capital; la mayoría de las víctimas tenía entre 18 y 37 años. Y de acuerdo con la clasificación oficial, el “ajuste de cuentas” y el “conflicto entre criminales” motivaron el 50% de esas muertes. “El crecimiento de la violencia homicida ha estado muy asociada a dinámicas del incremento de los mercados ilegales, particularmente el de drogas, aunque no solo”, sostiene Rafael Paternain, sociólogo y exdirector del Observatorio de Violencia y Criminalidad durante el primer gobierno del FA (2005-2010). “La violencia en Uruguay se ha vuelto muy territorial”, continúa el experto, “ha tenido una especie de maduración y enclave en lugares específicos, generalmente espacios urbanos de alta precariedad socioeconómica, pero también se ha expandido a otras zonas del país”.

En plena campaña electoral, la coalición gobernante de centroderecha destaca que durante esta administración bajaron sensiblemente las denuncias de rapiñas, hurtos y abigeato, con respecto a 2019. Disminuyeron un 27%, 19% y 50%, respectivamente, según los datos difundidos. “No hemos podido con los homicidios”, reconocía recientemente el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, que asumió el cargo en 2020 con el compromiso de revertir este flagelo que golpea especialmente a jóvenes en una población envejecida como la uruguaya. Para Sanjurjo, actual asesor del Gobierno, el país necesita que sus políticas de seguridad se modernicen, aborden el delito como un fenómeno multicausal y den respuestas de manera interinstitucional. “Eso está en pañales”, acota.

En la últimas dos décadas, la población carcelaria se ha triplicado en Uruguay: pasó de 5.000 reclusos a casi 15.000. El país tiene la tasa de encarcelamiento más alta de América del Sur y se ubica en el puesto 12 a escala mundial. La reincidencia, en tanto, alcanza el 70%. Para combatir el delito, el actual gobierno mantuvo grosso modo la fórmula impulsada por los gobiernos de izquierda: control policial, aumento de penas y encarcelamiento, cuyos resultados ―en lo concerniente a homicidios― están a la vista. “Es exactamente lo mismo, pero en una versión empeorada”, opina Paternain, para quien en este periodo se retrocedió en los intentos por modernizar a la policía. Coincide con Sanjurjo en que “pensar preventivamente” debería ocupar el centro de la agenda: “Una política de seguridad es una política de integración social de reducción de las desigualdades, con un muy fuerte componente preventivo”.

El homicidio es un fenómeno complejo que se puede prevenir, insiste el sociólogo Rojido, coautor del informe Tipología de los homicidios en Uruguay. En ese sentido, hace hincapié en la diferencia: no es lo mismo prevenir un caso que pueda ocurrir en el marco de la pareja, otro que pueda darse como desenlace de un robo a mano armada en la vía pública, uno causado por el conflicto entre grupos criminales u otro que se dé por disputas entre vecinos. “Cada uno requiere aproximaciones y políticas públicas específicas para su reducción. Pero estamos lejos de que eso suceda”, remarca. Por otro lado, destaca que en Uruguay la calidad de los datos que refieren a la cantidad de homicidios es buena, no así el sistema de clasificación. “Resulta problemático en muchos sentidos”, según arrojó la investigación que presentaron este año.

“Una de las consecuencias [de esa clasificación problemática] es que tendía a sobreestimar el impacto del crimen organizado sobre la violencia letal”, detalla el experto. Rojido sostiene que en Uruguay se instaló un relato “reforzado por los medios de comunicación” y por el discurso “a veces oportunista de los políticos”, de que la mayor parte del aumento de la violencia letal “se debería al conflicto entre grupos criminales vinculados al narcotráfico”. Sin embargo, el estudio pormenorizado de reclasificación del que formó parte demostró que los homicidios intergrupales, vinculados al crimen organizado, no superaron el 2% de todos los ocurridos en 2019, “muy lejos del 50% que se llegó a decir por parte de los políticos”, señala. Actualmente el Ministerio del Interior lleva adelante una revisión de las categorías de clasificación, según le consta a Rojido, considerada clave para el trabajo de prevención.

En ese ámbito, Interior ha comenzado a aplicar una Estrategia de seguridad integral y preventiva, con 15 propuestas que incluyen el programa “Barrios sin violencia”, dirigido a la prevención de los homicidios, y también prevé la concreción de “encuestas anuales de victimización”, que permitirán conocer la ocurrencia de delitos no denunciados. “Gane quien gane, en el primer año de Gobierno se tendrían que sentar las bases de una política criminal que no tenemos y crear una mesa de trabajo basada en la evidencia científica y con participación social”, concluye Rojido.

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