Un juez bloquea temporalmente el uso de Ley de Enemigos Extranjeros invocada por Trump para acelerar las deportaciones

Fue un tira y afloja ya común en las siete semanas que lleva el presidente Donald Trump en el Gobierno de Estados Unidos por segunda vez. Primero, su Administración probó las costuras del ordenamiento jurídico y las atribuciones del poder Ejecutivo al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros que permite acelerar las deportaciones paralegales de venezolanos. A las pocas horas, un juez federal ―esta vez James E. Boasberg, del Distrito de Columbia (Washington)― dictó este sábado por la noche el bloqueo temporal de la aplicación de la vetusta norma, que se remonta a 1798 y con la que el mandatario republicano amenazaba desde la semana pasada.

En el punto de mira está la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua, enemigo al que Trump ha recurrido una y otra vez como chivo expiatorio, en campaña y una vez regresó al Despacho Oval. Vinculada con el tráfico de droga y de personas, el presidente la designó primero como una organización terrorista; ahora la acusa de “estar perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos” y ordena la expulsión del país de cualquier persona vinculada al grupo, siempre y cuando sea mayor de 14 años. La Administracion estadounidense denuncia asimismo que la pandilla opera junto con carteles de drogas supuestamente patrocinados por el Gobierno de Venezuela, lo que tensa aún más las relaciones entre ambos países.

Además de bloquear temporalmente esos planes, el juez ordenó también la vuelta de todos los aviones que hubieran salido de Estados Unidos con inmigrantes irregulares, como consecuencia de esa decisión ejecutiva. Este domingo por la mañana no había información sobre ningún retorno. En declaraciones a The New York Times, uno de los abogados del Sindicato de las Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU son sus siglas en ingles), organización que puso la demanda, dijo el sábado por la noche que le constaban dos aviones “en el aire” en esos momentos. Duante la audiencia, convocada a la carrera por Boasberg, un letrado del Gobierno se negó a compartir información sobre esas deportaciones y adujo “motivos de seguridad nacional”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, difundió el domingo por la mañana un comunicado en el que se felicitaba porque la entrada en vigor de la ley bloqueada por el juez había posibilitado la expulsión de “cientos de criminales violentos”. El texto, en el que Rubio elogia la figura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por aceptar inmigrantes deportados, no aclaraba si eso suponía que la Administración ha desobedecido la orden del juez o si esas expulsiones se produjeron antes, durante las horas en las que la norma estuvo en efecto.

Más allá del Tren de Aragua, preocupan las implicaciones que el decreto que persigue Trump pueda tener para miles de venezolanos en Estados Unidos, para quienes ya se han revocado beneficios como los TPS (Estatus de Protección Temporal). Esta semana, The New York Times reveló el borrador de una medida que estaría preparando el Gobierno de Estados Unidos para imponer otras restricciones de ingreso a ciudadanos de un grupo de nacionalidades entre las que están los venezolanos. Las organizaciones en defensa de los derechos civiles en Estados Unidos también se temen que el decreto permita la expulsión de menores de otros países sin las debidas garantías.

La norma, con un lenguage de hace más de dos siglos, dice lo siguiente: “Siempre que haya una guerra declarada entre los Estados Unidos y cualquier nación o gobierno extranjero, o cualquier invasión o incursión depredadora sea perpetrada, intentada o amenazada contra el territorio de los Estados Unidos por cualquier nación o gobierno extranjero, y el Presidente haga proclamación pública del evento, todos los nativos, ciudadanos, moradores o súbditos de la nación o gobierno hostil, mayores de 14 años, que se encuentren dentro de los Estados Unidos y no estén realmente naturalizados, estarán sujetos a ser aprehendidos, restringidos, asegurados y expulsados como enemigos extranjeros”.

La aplicación de la ley, que ofrece serias dudas jurídicas, se enfrenta a más litigios en los tribunales, por lo que su futuro es incierto. El caso de este sábado podría llegar al Tribunal Supremo, seis de cuyos nueve jueces son conservadores y a tres de ellos, los nombró el propio Trump entre 2017 y 2021.

El decreto señala que el “Tren de Aragua opera en conjunto con el Cártel de los Soles, la empresa narcoterrorista patrocinada por el régimen de Nicolás Maduro con sede en Venezuela, y comete crímenes brutales, incluidos asesinatos, secuestros, extorsiones y tráfico de personas, drogas y armas”. A ojos de la nueva Administración, la pandilla está promoviendo la inmigración ilegal masiva a Estados Unidos para avanzar en “sus objetivos de dañar a los ciudadanos estadounidenses, socavar la seguridad pública y apoyar la misión del régimen de Maduro de desestabilizar las naciones democráticas de las Américas”.

Solo tres veces

Esta ley solo se ha aplicado tres veces, siempre en tiempos de guerra. Requiere de una declaración oficial del Congreso. En la II Guerra Mundial, sirvió para enviar a los estadounidenses de origen japonés a campos de prisioneros en uno de los episodios más infames de la historia del país en el siglo XX. Antes, la norma se había empleado en la guerra contra los ingleses de 2012 y durante la Gran Guerra (1914-1918) Trump la ha resucitado ahora para impulsar su plan de deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, propuesta estrella de su campaña de reelección, y para multiplicar las expulsiones a la base naval de Guantánamo y otros lugares que disponga su Administración.

Desde los primeros días al mando, Trump se ha mostrado especialmente duro contra los inmigrantes, y acordó con Maduro, a través de su enviado especial para Venezuela, Richard Grenell, el envío de aviones para deportar a venezolanos, entre los que Estados Unidos aseguró que estaban incluidos miembros del Tren de Aragua. Solo llegaron tres vuelos en febrero con unas 609 personas a bordo. Ante la supuesta paralización de los traslados por parte de Venezuela, Washington decidió revocar la licencia a la petrolera Chevron, en un duro golpe a las frágiles finanzas de Maduro. El endurecimiento con el chavismo tuvo un revés esta misma semana, cuando dieron señales de haber retomado el entendimiento. Tanto Grenell como Jorge Rodríguez, jefe del parlamento venezolano y principal operador político del chavismo, anunciaron que retomarían los vuelos de deportación de desde el viernes.

En la orden de la Casa Blanca, se señalan vínculos entre el exfuncionario chavista Tareck El Aissami y la pandilla criminal. El Aissami fue gobernador del estado donde el Tren de Aragua tenía su base de operaciones ―antes de expandirse por la región― y luego ascendió en el poder hasta convertirse en presidente PDVSA y ministro de Petróleo. Está sancionado por Estados Unidos. El año pasado fue encarcelado por el propio chavismo bajo acusaciones de corrupción en la industria petrolera.

El documento de la Casa Blanca señala: “Al igual que El Aissami, Nicolás Maduro, quien afirma actuar como presidente de Venezuela y ejerce control sobre las fuerzas de seguridad y otras autoridades en Venezuela, también mantiene estrechos vínculos con narcoterroristas patrocinados por el régimen. Maduro lidera la empresa patrocinada por el régimen Cártel de los Soles, que coordina y depende del Tren de Aragua y otras organizaciones para llevar a cabo su objetivo de utilizar narcóticos ilegales como arma para inundar a Estados Unidos. En 2020, Maduro y otros miembros del régimen fueron acusados de narcoterrorismo y otros delitos en relación con este complot contra Estados Unidos”.

En las últimas semanas, la líder de la oposición María Corina Machado ha venido advirtiendo en sus declaraciones públicas sobre la relación que asegura que tiene Maduro con la pandilla y con otras organizaciones criminales, lo que tensa aún más la cuerda y aumenta la presión sobre el régimen. Estados Unidos ya había ofrecido recompensa por la captura de Maduro, El Aissami y otros altos funcionarios. A principios de enero, en las últimas horas de Biden en el poder, el monto para quien contribuya a esa captura aumentó hasta los 25 millones de dólares.