Jochi Vicente, ministro de Hacienda de República Dominicana: “Hemos evitado el momento convulso de la región”

La economía de la República Dominicana creció 2,4% el año pasado, una tasa que, si bien es la envidia de muchos de sus pares en Latinoamérica, es baja para un país que se ha convertido rápidamente en uno de renta media. Pero el 2023 fue un caso excepcional, argumenta el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, quien espera que el crecimiento alcance el 5% este año.

“Lo que pasó fue que el objetivo número uno de política económica durante 2023 no fue el crecimiento, sino el control de la inflación”, dice Vicente en esta entrevista con EL PAÍS en Punta Cana, realizada en el marco de la Reunión Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El turismo, la minería y el sector industrial han impulsado esta pequeña economía y los mercados se sienten optimistas sobre su potencial, asegura el funcionario.

Pregunta. Su país hizo un gran esfuerzo por ser el anfitrión de esta reunión. ¿Qué importancia tiene el BID para el país?

Respuesta. El BID es el financiador multilateral más grande de la República Dominicana. Cerca del 44% de los financiamientos que tenemos actualmente provienen del Grupo BID, una cartera que suma cerca de 2.500 millones de dólares. El país tiene una larga historia con el BID y que República Dominicana sea anfitrión de las asambleas anuales es histórico por dos razones. Primero, la última vez que hubo una asamblea aquí fue hace 30 años. Y segundo, porque en esta Asamblea en particular el BID va a tomar decisiones trascendentales para su futuro. Se va a conocer y aprobar la nueva estrategia institucional, así como la capitalización del BID Invest, que es el brazo privado del BID. Se va a hablar sobre el BID Lab y sobre la movilización de recursos.

P. A finales del año pasado, el país alcanzó su máxima calificación crediticia, ¿van a aprovechar el momento para emitir más deuda?

R. Alcanzamos un hito, sí, pero ese es el primer peldaño, porque nuestro objetivo es el grado de inversión. El país históricamente ha tenido una mala calificación. Ahora, los índices de gobernanza que publica el Banco Mundial registran mejorías significativas en los seis indicadores, empezando por el tema de control de la corrupción, que es un elemento fundamental para la generación de confianza y la atracción de inversión. Sobre los planes de financiamiento, nosotros hacemos uso de los instrumentos que están disponibles. Ahora estamos trabajando en un bono verde, un bono ASG (con criterios ambientales, sociales y de gobernanza), con la asesoría del Banco Mundial. Saldremos al mercado el segundo o tercer trimestre de este año.

P. ¿De cuánto será el monto?

R. Está por definirse. Le puedo adelantar que es un instrumento que estará ligado a proyectos de medio ambiente y agua.

P. La calificadora Fitch consideró que las reformas pasadas para reducir las pérdidas financieras de las empresas de electricidad del Estado “comienzan a rendir frutos”. ¿Cuál es su expectativa a mediano plazo?

R. A principios de 2021 logramos que se firmara una nueva versión de lo que acá se conoce como “el pacto eléctrico”, una serie de medidas para el sector que debían ser refrendadas por todos los sectores de la sociedad: los empresarios, las iglesias, los sindicatos, los partidos políticos. Una de esas medidas fue la eliminación de instituciones que no deben estar, como la antigua Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Un inversionista extranjero quiere dirigirse a un solo sitio para saber cuáles son los requisitos de su proyecto. Por otro lado, cuando nosotros llegamos al Gobierno, hacía seis o siete años que los estados financieros de las empresas distribuidoras del Estado no eran auditados. A partir del 2020 los auditamos, los de 2022 y 2023 están en curso. Hemos hecho un empuje brutal a las energías renovables, principalmente solar y eólica. Tenemos pendiente hacer a las empresas distribuidoras más eficientes

P. Ya pasó por el Senado una propuesta de Ley de Responsabilidad Fiscal, ¿esperan que sea aprobada por Diputados? ¿En qué consiste la iniciativa?

R. Esperamos que pase antes de que termine el primer semestre este año. La ley propone una reducción gradual del nivel de deuda del Gobierno general, con una meta de 40% del PIB para 2035. El nivel actual es 45,8%. El mecanismo de llegar a la meta es la variable de control, que el crecimiento del gasto primario no exceda la inflación esperada más 300 puntos básicos.

P. El PIB creció 2,4% el año pasado, lo cual es alto en comparación con la región, pero bajo en comparación con años anteriores, en donde la economía ha crecido en promedio 5%. ¿Qué fue lo que pasó?

R. Muchos países celebrarían un crecimiento de 2,4%, pero para los estándares de la República Dominicana es relativamente bajo. Lo que pasó fue que el objetivo número uno de política económica durante 2023 no fue el crecimiento, sino el control de la inflación porque no hay nada más odioso para la población que el impuesto inflacionario. El banco central emprendió en una política para frenarla y lo logró. Digamos que fue el costo que pagamos a cambio de crecimiento.

P. En mayo hay elecciones presidenciales, ¿esperan una desaceleración en la inversión por la incertidumbre política?

R. No, porque no hay incertidumbre de quién va a ganar las elecciones. Todas las encuestas indican que el presidente Luis Abinader se va a reelegir. Quizás el mejor referéndum lo acabamos de tener en las elecciones municipales que pasaron en febrero, en donde nuestro partido superó inclusive a las encuestas y logramos mayor representación tanto en alcaldías como en regidurías. Independientemente de eso, si hablas con bancos de inversión y multilaterales, hay un ambiente positivo hacia el país.

P. Hasta Panamá, y de manera más importante, Perú, cayeron recientemente en inestabilidad política y/o descontento social, a pesar de tasas de crecimiento importantes ya que persiste la desigualdad. De acuerdo con el propio BID, República Dominicana sigue siendo un país muy desigual.

R. Nuestro enfoque no es solamente económico, también es social. Hemos duplicado transferencias económicas a familias en situación vulnerable. Hemos tenido que implementar una serie de subsidios para evitar el aumento indiscriminado de los precios de los combustibles. El Gobierno tiene claro que el desarrollo económico requiere de un sector privado fuerte, y también está claro que no se puede desatender las necesidades sociales. Y yo creo que esa característica es lo que ha permitido, quizás, evitar cosas que se han visto en otros países hermanos, en un momento tan convulso como el que hemos pasado en los últimos años.