CiU y PP fijan un déficit máximo del 0,14% en Cataluña a partir de 2018

El Gobierno de la Generalitat quedará encorsetado a partir de 2018 en un déficit presupuestario del 0,14% del producto interior bruto (PIB), lo cual supone adelantar dos años el objetivo que se ha fijado el conjunto del Estado a llegar al equilibrio presupuestario en las cuentas públicas. Es decir, que a partir de ese año el Ejecutivo catalán apenas podrá gastar más de lo que ingrese. CiU ha sacado adelante, la mañana de este jueves, la Ley de Estabilidad Presupuestaria que ha salido gracias a los votos del PP, que ha introducido en la norma más mecanismos de control sobre las cuentas del Gobierno al pedirle que presente en el Parlament de Cataluña antes del 31 de julio de cada año un techo de gasto no financiero.

A pesar de las presiones del PP para que la ley incluyera el déficit cero del PIB, en la línea de lo aprobado en el Congreso de los Diputados, finalmente el tope será del 0,14% del PIB. La ley orgánica estatal fija que el déficit deberá ser del 0% salvo excepciones. A pesar de que la norma es consecuencia de lo aprobado en el Congreso, es también uno de los compromisos de que el Ejecutivo de Artur Mas adquirió con el PP para aprobar los Presupuestos de 2011.

La diputada de CiU Maria Senserrich ha defendido la ley por la necesidad de “dar rigor” a las finanzas públicas y para garantizar la “autonomía financiera”. El diputado popular, José Antonio Coto, defendió el texto, resaltó que es consecuencia de los pactos CiU-PP y sacó pecho por el control que ha impuesto su partido sobre el gasto que vaya a realizar la Administración catalana.

El primer antecedente de la norma es la reforma del artículo 135 de la Constitución que acordaron PSOE y PP para fijar la estabilidad presupuestaria en las cuentas públicas, pero que este último partido ha llevado hacia la doctrina del déficit cero. La ley catalana, que también fija que el pago de intereses y capital de los bancos tendrá “carácter prioritario”, incluye excepciones similares a las de la ley orgánica estatal, como catástrofes naturales, recesión económica y situaciones de emergencia, aunque, a petición del PP, eso supondrá la presentación de un plan de reequilibrio para corregir el déficit estructural. Además, el Gobierno catalán deberá presentar en el Parlament un marco presupuestario en un periodo de entre tres y cinco años vista.

La oposición de izquierdas ha cargado contra el proyecto. La diputada socialista Rocío Martínez-Sempere ha defendido que la estabilidad presupuestaria no implica regresar al “dogmatismo del déficit cero”. Martínez-Sempere ha afirmado que su grupo parlamentario pretendía pactar la ley, pero que para ello necesitaba aclarar interrogantes, como el hecho de que la norma catalana sea más restrictiva que la estatal. “No convirtamos este principio en una camisa de fuerza”, ha remachado.

El diputado de ICV-EUiA Joan Boada ha afeado al Gobierno de Mas que siga provocando “dolor” cada martes y que presumiera ante las autoridades del Banco Central Europeo (BCE) la semana pasada de ser el “Carlomagno de los recortes”. Boada ha coincidido con el diputado republicano Sergi de los Ríos en criticar el “dogmatismo neoliberal” del Ejecutivo catalán con el déficit cero. “Se vuelve a las teorías del déficit cero de la FAES y Aznar” que, según ha criticado, cumplía con esa doctrina desplazando gasto a otras Administraciones. Además, ha lamentado, a la vez que ha recordado que la ley abre la puerta a “intervenir” en las finanzas de la Generalitat. También el diputado de Ciutadans Jordi Cañas ha criticado que la ley es “innecesaria” y más “dura” que la que salió del Congreso de los Diputados.