Un exmando municipal cuestiona el despliegue policial en el Madrid Arena

Rafael Pastor era el jefe de Seguridad de la empresa municipal Madridec en la noche de Halloween, cuando cinco jóvenes perdieron la vida en una fiesta celebrada en el pabellón Madrid Arena. Él estaba allí. A partir de lo que vio antes de marcharse, a las tres de la madrugada, el Ayuntamiento de la capital (Partido Popular) afirmó: “En ese momento no existía ningún aviso de alarma por parte de la empresa organizadora de aglomeración de público, ni dentro ni fuera del recinto. Personal de Madridec realizó una comprobación visual del aforo, sin que éste aparentemente estuviera cubierto”. Apenas 45 minutos, se colapsó uno de los pasillos de acceso a la pista por la aglomeración de personas; según la investigación judicial, el organizador, Miguel Ángel Flores, vendió 16.791 entradas, pese a que el aforo máximo permitido era de 10.600. La mayoría se concentró en la pista, donde como mucho cabían 3.700 personas.

Esta mañana, Rafael Pastor ha testificado durante cinco horas ante el juez que investiga la tragedia, Eduardo López, que ha decidido mantener su imputación. Pastor, que fue diputado regional del PP en Madrid de 2003 a 2007, ha asegurado que avisó en julio de 2012 de las deficiencias del pabellón municipal, que no estaba en su opinión preparado para albergar este tipo de eventos multitudinarios. Ese informe se lo remitió, según ha dicho al juez, al gerente de Madridec, Jorge Rodrigo, imputado también y destituido por el Ayuntamiento.

El pabellón, que tal y como adelantó EL PAÍS no cumple la normativa de seguridad vigente en el año de su construcción, no está efecto pensado para fiestas multitudinarias, sino para albergar eventos deportivos y ferias, con una concentración de personas por metro cuadrado mucho menor. Su plan de evacuación tampoco está diseñado para sacar a 3.700 personas de la pista, menos aún a todos los que permitió entrar el organizador. Además, el Ayuntamiento conocía desde marzo de 2010 una serie de deficiencias en el edificio, pero no hizo nada para solventarlas. Entre otras, que la pista requería de un pasillo de evacuación más, con salida directa al exterior.

A todo esto se sumaron las presuntas negligencias de los controladores contratados por el organizador para gestionar el aforo dentro del edificio, que desviaron la entrada de espectadores desde la calle a través de una salida de emergencias y directamente a la pista. Así accedieron 2.500 personas a partir de las tres de la madrugada y hasta el momento de la aglomeración mortal, según mostraron los vídeos de las cámaras de seguridad adelantados por EL PAÍS. Respecto a su posible responsabilidad esa noche, Rafael Pastor ha indicado que su labor era planificar la seguridad y no vigilar durante los eventos, labor que, en su opinión, correspondía al responsable de Operaciones de Madridec, José Ruiz Ayuso. También ha arremetido contra el coordinador de Proyectos de la empresa municipal, Francisco del Amo, imputado por el juez.

 Rafael Pastor ha asegurado al juez que el despliegue policial no era el adecuado para un evento como el de aquella noche, incidiendo sobre todo en la ausencia de agentes de la unidad antidisturbios de la Policía Municipal. La Policía Municipal envió a 18 agentes durante la fiesta, que no evitaron que miles de jóvenes realizaran botellón en los alrededores. “No era nuestra prioridad”, afirmaron después los mandos policiales. Durante la comisión de investigación política abierta por iniciativa del líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, el Ayuntamiento defendió que la seguridad del evento no era responsabilidad policial, dado que se celebraba en un recinto cerrado. Sin embargo, posteriormente ha apostado porque los agentes puedan vigilar también los espectáculos multitudinarios.

 Antonio de Guindos, hasta unos días delegado de Seguridad del Ayuntamiento, y miembro aún del Gobierno municipal como encargado de Medio Ambiente y Movilidad, ha sido señalado por los abogados de las familias, que pidieron su imputación como responsable último de la actuación policial. La fiscalía lo consideró “prematuro”. De Guindos admitió el error de enviar 42 agentes a un programa de televisión y 18 al Madrid Arena, y lo justificó porque el primer evento era en el exterior y con menores, y temía que se repitieran los disturbios del festival MTV celebrado en octubre en Madrid Río.