Investigados ediles de Polinyà y Sabadell por tolerar obras ilegales

Los Mossos d’Esquadra investigan las supuestas irregularidades cometidas en la finca de Ca n'Alzina, a caballo entre los términos municipales de Sabadell y Polinyà, donde hay un restaurante y una hípica. Desde el año 2000, alrededor de la masia de Ca n’Alzina, se movieron tierras, se pavimentaron caminos y se levantaron diferentes instalaciones para desarrollar la actividad ecuestre sin las preceptivas licencias municipales, y todo ello en un terreno no urbanizable. El juzgado de instrucción número 4 de Sabadell está investigando estas irregularidades, a raíz de una denuncia de Entesa per Sabadell, y ha imputado el exalcalde de Polinyà, Ramon Mayoral (CiU), el arquitecto municipal de este Ayuntamiento y el propietario de la finca, Quirze Elias. El juez también investiga el grado de responsabilidad el exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos (PSC), y de sus diferentes concejales de Urbanismo en este caso.

Según un informe de la policía catalana, en la finca hay actualmente una decena de edificaciones sin licencia, como un cobertizo, un paddock, dos pistas descubiertas o una oficina, entre otros. Los propietarios de la finca impulsaron en 2013 un plan especial para regularizar estas construcciones, que a finales de ese año fue aprobado inicialmente por el gobierno socialista, pero un año más tarde fue retirado después de los informes desfavorables emitidos por los técnicos del Ayuntamiento de Sabadell.

Ese mismo año el anterior Gobierno socialista de Sabadell abrió diferentes expedientes disciplinarios al propietario, aunque los paralizó a la espera que se aprobara el Plan Especial. Actualmente hay nueve expedientes activos y ya se han impuestos diferentes multas ante la inacción de los titulares de la finca. “Vamos a tramitar los expedientes hasta que la propiedad restituya el terreno a su estado original. Si no lo hacen, lo haremos nosotros, pero no podemos mirar hacia otro lado. Este es un terreno no urbanizable y la actividad no cabe”, sentencia el teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad de Sabadell, Maties Serracant (Crida per Sabadell).

Por estas construcciones ilegales, los Mossos imputan un delito contra la ordenación del territorio al propietario de la finca, pero también a los responsables de la ejecución de las obras que, de momento, los Mossos, no han identificado. También han imputado a Ramon Mayoral (CiU), alcalde de 2011 a 2015 y todavía concejal de Polinyà, así como el arquitecto municipal por un presunto delito de prevaricación urbanística por autorizar e informar favorablemente, respectivamente, la colocación temporal de instalaciones desmontables para un concurso internacional de doma celebrado en mayo de 2014 y por “no instar la apertura de los correspondientes expedientes” por las “construcciones ilegales” en su término municipal.

Los Mossos consideran que este delito de prevaricación urbanística no se puede aplicar al Ayuntamiento de Sabadell, ya que en diciembre de 2014 rechazó el plan especial para regularizar las construcciones. No obstante, la policía reprocha al Gobierno de la ciudad “la escasa eficiencia” de las medidas tomadas, ya que a pesar de “existir numerosos expedientes en relación a Ca n’Alzina desde el año 1992, se ha permitido la transformación del paisaje agrícola y forestal”. Los Mossos sí han solicitado información al Consistorio vallesano para determinar el grado de responsabilidad, si lo hubiera, de los antiguos responsables de Urbanismo.

Los Mossos consideran que por el tipo de actividad que se desarrolla, los edificios y el público a la que se dirige, “las instalaciones de Ca n’Alzina no pueden ser consideradas de interés público ni de utilidad social”. Y añaden que la mayoría de edificaciones existentes “son incompatibles con los planeamientos municipales de Sabadell y Polinyà, así que no tienen la consideración de no autorizables”.

El portavoz de los socialistas en Sabadell y exconcejal de Urbanismo (2013-2015), Josep Ayuso, es uno de los ediles que está bajo la lupa de los Mossos. Ayuso recuerda que los primeros expedientes se abrieron cuando él era responsable del área y asegura estar con la “conciencia tranquila” por haber “cumplido con todos los procesos legales”. Este diario no ha logrado contactar con el exalcalde de Polinyà ni con el propietario de la finca.

La investigación de ca n’Alzina arranca a raíz de una denuncia en 2013 de Entesa per Sabadell -entonces en la oposición, pero ahora en el Gobierno municipal- que tuvo conocimiento de estas irregularidades cuando el Ayuntamiento empezó a tramitar el Plan Especial. La formación llevó el caso a Fiscalía y defiende que el anterior equipo socialista “toleró” las ilegalidades porque conocía el caso desde hace años.

El caso se investiga de forma independiente al caso Mercurio, de corrupción urbanística y tráfico de influencias en el Ayuntamiento de la ciudad durante el mandato de Manuel Bustos. De hecho, las pesquisas las dirige un juzgado diferente al del caso Mercurio.