Los dueños de un club prometen no delinquir y se libran de prisión

Además de rebajarles la condena a más de la mitad tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, un tribunal ha suspendido la ejecución de la sentencia -porque prometieron que no volverían a delinquir en dos años- a tres miembros de una familia que explotaban prostíbulos y que tenían que ingresar en prisión por los delitos de grupo criminal e inmigración clandestina de mujeres.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, dictó este veredicto con dos años de carencia para el administrador de un local de alterne y sus dos hijos, mientras que para una nuera se le conmutó la pena por una multa.

El juicio por estos hechos estaba previsto para este martes pero no llegó a celebrarse tras alcanzar las partes un acuerdo de conformidad, por lo que el tribunal declaró la sentencia firme al haber renunciado todos los implicados a recurrir. Aún así, quedó probado que los cuatro acusados integraban un grupo criminal de inmigración clandestina con ánimo de lucro para introducir en España mujeres procedentes principalmente de Sudamérica para ejercer la prostitución en sus locales.

Al dueño del local, Aquilino González Iglesias, a su hija, su hijo y su nuera, el tribunal, además, les ha levantado la medida cautelar que les obligaba a comparecer periódicamente en el juzgado y se les ha aplicado la atenuante de reparación del daño después de que hayan ingresado la cantidad de 9.000 euros en concepto de indemnización para las víctimas. Una quinta persona que inicialmente fue de cómplice de los mismos delitos y acusada en la causa, fue absuelta por la Sala al haberle retirado finalmente el Ministerio Fiscal la acusación que había contra ella.

En un principio, la Fiscalía acusaba a los cuatro miembros de la familia de un delito contra los derechos de los trabajadores y les aplicó el agravante de actuar como un grupo criminal que actuaba para atraer inmigrantes ilegales. Solicitaba 9 años para el principal implicado y 8 para los tres restantes. Después de que reconocieran los hechos se les aplicó la atenuante de confesión y de 33 años que sumaban las condenas quedaron reducidas a 6 años.

Según el escrito de acusación, durante varios años los cuatro familiares vivían de la explotación del negocio de la prostitución para lo que constituyeron distintas sociedades que gestionaban locales de alterne en Oia (Pontevedra), Verín y Maside (Ourense), en los que imponían normas, horarios y precios a los clientes y el porcentaje a repartir por cada encuentro sexual.

Desde el año 2011, “con la intención de obtener un beneficio económico de carácter ilícito así como de potenciar su negocio de explotación sexual", facilitaron la entrada ilegal de varias mujeres procedentes de Sudamérica mediante gestiones para que se hicieran pasar por turistas aunque el objetivo era que se prostituyeran en sus clubes, según el fiscal.

En el marco de la investigación policial, en julio de 2013, la policía se realizó varias redadas simultáneas en todos los locales y el domicilio del principal acusado se encontraron pruebas del negocio ilegal como pasaportes originales y copias, así como agendas de las actividades de las mujeres de los prostíbulos. Los detenidos estuvieron en prisión provisional casi un año.

Como consecuencia de estos hechos, en el Juzgado Federal da Quinta Vara en Goiana, Brasil, se instruye una causa paralela contra otros cinco acusado quienes supuestamente colaboraron para favorecer la entrada ilegal en España de algunas de estas mujeres que trabajaban en los burdeles gallegos.