“Los niños ya no se pegan en el patio; se insultan por el móvil”

La guerra contra el uso del móvil en el aula ha llamado a las puertas del Parlament. Josep Maria Argemí, director de un instituto de Terrassa y presidente del Cercle Català per a la Iniciativa Popular, ha registrado esta semana una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la Cámara para prohibir el uso de los teléfonos en los colegios e institutos, dentro y fuera del aula. “Los niños ya no se pegan en el patio; ahora se insultan por el móvil”, esgrime el docente. La ILP debe recoger 50.000 firmas en 120 días para que se debata en el Parlament.

Argemí señala que el uso masivo de dispositivos móviles (el 71% de estudiantes tienen uno, según el Idescat) ahonda en la desigualdad social. “En los centros más marginales se genera más conflictividad porque los padres no dominan las nuevas tecnologías”, argumenta. Según un estudio de la fundación ANAR, uno de cada cuatro casos de acoso escolar se produce a través de las redes sociales y la mayoría de las víctimas (el 70%) suelen ser niñas.

La ILP, que afectaría a alumnos de educación infantil, primaria y secundaria, solo eximiría de la prohibición a los estudiantes de bachillerato, porque no son estudios obligatorios. La propuesta también tiene en cuenta las excepciones vinculadas a las necesidades de los alumnos con diversidad funcional o con discapacidades transitorias, siempre que “estén autorizados a usar el dispositivo por sus tutores legales, el director del centro o sus orientadores”.

A falta de una directriz común sobre los teléfonos, las escuelas elaboran sus propias normas de convivencia mediante un reglamento de régimen interno. En el colegio de Argemí, por ejemplo, cada docente decide si el móvil se puede usar en su clase. Pero sin una normativa común, arguye el director, no se resuelven los problemas derivados del uso inadecuado de los dispositivos. “Es inviable que un instituto se enfrente a la nueva ley de protección de datos o al uso de aplicaciones no autorizadas para menores”, argumenta. El docente recuerda que los propietarios de los móviles no son los niños, sino los padres, y que la responsabilidad por un mal uso de los aparatos recae sobre estos últimos.

Con todo, la ILP choca con la postura de la Generalitat, que ha rechazado prohibir los móviles en institutos y colegios. El consejero de Educación, Josep Bargalló (ERC), rehusó limitar su uso y aludió, precisamente, al Consejo Escolar de Cataluña, que en 2015 determinó que la prohibición supondría un freno a las innovaciones en materia de educación.