La política chilena contra toda lógica

En la práctica, lo que acaba de ocurrir en Chile el pasado 7 de junio, con la instalación del Consejo Constitucional, es para la derecha el inicio de una carrera política de obstáculos que culminará en las elecciones presidenciales de 2025.

Con 22 consejeros instalados, el naciente Partido Republicano, a la derecha de la derecha, es desde el 7 de mayo la mayor fuerza política de Chile. Corre con vientos internacionales a favor. En España la ultraderecha de Vox duplicó su fuerza electoral en sólo un período; en Italia, con Giorgia Melloni, a la cabeza, gobiernan desde octubre pasado; en Suecia, de un partido calificado como paria entre sus pares, se han convertido en la segunda fuerza política del país y desde septiembre pasado integran el Gobierno; y en Francia, sin Macron como próximo candidato, Marie Le Pen volverá a disputar el Eliseo, confiando en la premisa que la tercera es la vencida.

Si opera la lógica, José Antonio Kast es el candidato mejor posicionado para convertirse en el próximo presidente de Chile. El punto es que, paradójicamente, tener la mayoría en política no garantiza el triunfo, porque la lógica no siempre impera.

Revisemos.

La expresidenta Michelle Bachelet, con mayoría en ambas cámaras en su segundo período presidencial (2014-2018), no logró ni la reforma tributaria que quería, ni mejores pensiones, ni nueva Constitución y debió entregar la banda presidencial por segunda vez a Sebastián Piñera.

La Convención Constitucional, el primer intento de construir una nueva Constitución nacida en democracia, sufrió una derrota estrepitosa: un 62% de los chilenos rechazó el texto en septiembre pasado, obligando a las fuerzas políticas a iniciar un nuevo proceso, en el que las urnas le dieron a Republicanos esta abrumadora mayoría en mayo recién pasado.

Y veamos lo que pasó con Gabriel Boric, que en diciembre de 2021 ganó la presidencia en segunda vuelta, dando un salto del 26% de los votos en primera vuelta, al 56% en el balotaje. La lógica no sólo decía, sino que gritaba, que su Gobierno debía comenzar integrando de inmediato a las fuerzas políticas de centroizquierda que le dieron el triunfo. Pero como la lógica no es la que siempre impera, su mandato comenzó con tropiezos inexcusables del Frente Amplio y el Partido Comunista, desde el tercer día, con una debutante ministra del Interior, la doctora Izkia Siches, que se rodeó de dirigentes gremiales de la salud en el ministerio más importante del Gobierno, encargado de la seguridad y la coordinación política.

Algo parecido ocurrió en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, encargado de tramitar las leyes en un Congreso en el que no tenían mayoría y en el que se debía desplegar no sólo talento, sino que encanto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Su ministro, Giorgio Jackson, venía precisamente de la Cámara de Diputados después de dos períodos, con el mérito de haberse granjeado enemigos en cada una de las bancadas, ajenas y propias. No es necesario profundizar en detalles para saber lo que ocurrió.

Lo mismo en el Ministerio de Justicia, donde por primera vez en la historia asumía un ministro que no era abogado, Marcela Ríos, una destacada socióloga que podría haber brillado en cualquier ministerio menos en ése, y cuyo rol en la decisión más polémica del presidente Boric –indultar a 12 condenados por distintos hechos de violencia durante el estallido social y un condenado por delito terrorista–, es aún confuso. Varios de los beneficiados eran delincuentes comunes, cuyos méritos nunca fueron los que pidió el propio Presidente para indultar.

Las críticas abundan, pero Gabriel Boric reacciona rápido y enmienda, con más destreza y empatía que los demás dirigentes de sus filas. Prueba de ello es que, a los seis meses, la centroizquierda tradicional ya estaba en el corazón del Gobierno con figuras de peso como Carolina Tohá en el ministerio del Interior y, meses más tarde, con el exsenador socialista Álvaro Elizalde en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y con Luis Cordero, un abogado de mérito indiscutido, en el Ministerio de Justicia. Pero ni siquiera con esos cambios claves y dos derrotas contundentes (septiembre de 2022 y mayo 2023) sabemos si el Presidente Boric logrará dar respuesta a las demandas que hoy son urgentes para los chilenos: la seguridad pública, el control de la migración, obtener más recursos para planes sociales o mejores pensiones, pese al talento y paciencia desplegados por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que a diferencia de los anteriores, llegó al Gobierno desde el primer día.

Teniendo a la vista todos estos ejemplos, José Antonio Kast, líder de Republicanos, hoy el candidato mejor posicionado para convertirse en el próximo presidente de Chile, está lejos de tener una llegada segura al Palacio de La Moneda. El desempeño de los 22 consejeros que obtuvo entre 50 para redactar una nueva Constitución es todo un misterio. Como partido en formación, los 22 electos prácticamente no se conocían entre ellos hasta hace un par de semanas, y la ciudadanía ha escuchado poco los principios que los inspiran. Sólo conocieron airadas promesas de campaña para terminar con la delincuencia, el crimen organizado y la migración, que poco tenían que ver con la tarea para la que serían electos. Por eso cuando han comenzado a expresar sus ideas, han debido salir rápidamente a corregirse y hoy la orden implícita es evitar entrevistas y frases de las que puedan arrepentirse.

Si de aquí al 7 de noviembre logran armonizar principios y pasiones, que están a la derecha de la derecha, podrán entregar un texto constitucional escrito con las minorías y que apruebe la mayoría de los chilenos en un plebiscito de voto obligatorio el próximo 17 de diciembre. Saben que será la primera de varias pruebas de gobernabilidad que tendrán que atravesar junto a su líder. La lógica dice que deberían conseguirlo, pero como hemos visto hasta ahora, la lógica en política no es la que siempre impera.