El millonario proyecto minero Dominga vuelve a las manos del Gobierno de Boric

El Primer Tribunal Ambiental chileno, con sede en la norteña Antofagasta, ha acogido este lunes la reclamación presentada por la empresa Andes Iron SpA contra la decisión del Comité de Ministros del Gobierno de Gabriel Boric en 2023, que calificó desfavorablemente el proyecto de la mina Dominga, una planta de extracción de hierro y cobre valorada en 2.500 millones de dólares. El tribunal consideró “ilegal” la resolución del comité por varias razones, entre ellas la falta de “imparcialidad” de algunas autoridades y dio un plazo de 15 días para que uno nuevo se pronuncie frente al proyecto de desarrollo minero y portuario, ubicado en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, unos 500 kilómetros al norte de Santiago.

El proyecto minero Dominga pertenece a la chilena Andes Iron, empresa controlada por la familia Délano, y consiste en una gigantesca mina a cielo abierto, capaz de producir cada año 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, que abastecerían al mercado chino a través de un puerto con un muelle de 1,2 kilómetros. La iniciativa genera, por un lado, un fuerte rechazo de organizaciones ecologistas por su cercanía con la Reserva Nacional Pingüino de Hümboldt, entre otras razones, y por otro, un respaldo de una parte de la comunidad local que ve con buenos ojos la potencial fuente de empleo.

La historia judicial del proyecto es larga. En 2013 ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, un instrumento que permite determinar si un proyecto cumple con la legislación ambiental vigente. En marzo de 2017 la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo rechazó el proyecto por estimar que no se podían descartar impactos ambientales significativos en el área que pretende levantarse, lo que fue ratificado ese año por el Comité de Ministros en el segundo Gobierno de la socialista Michelle Bachelet.

En 2021, el Primer Tribunal Ambiental, acogió una reclamación de Andes Iron en favor del proyecto y determinó que Coeva debía realizar una nueva votación, la que derivó en su aprobación, pero con condiciones. Ese año, en diciembre, Gabriel Boric fue electo presidente de Chile y en su primer discurso mostró, una vez más, su rechazo a Dominga. En 2023, el Comité de Ministros de su Administración de izquierdas rechazó al proyecto al acoger las reclamaciones de la PAC (provenientes de la participación ciudadana), que alegaban que la Coeva de Coquimbo no consideró fundadamente sus observaciones en materias de medio marino, áreas protegidas, medio humano, recursos hídricos, valor turístico y emisiones atmosféricas.

El dictamen del Primer Tribunal Ambiental de este lunes concluyó que se infringió el principio de imparcialidad “de manera sustantiva”, debido a que la exministra de Minería, Marcela Hernando, y la de Medio Ambiente, Maisa Rojas, se pronunciaron en el pasado en contra del proyecto y después, ambas votaron en el comité.

El tribunal solicitó que el nuevo comité de ministros se componga de miembros que “no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa”. Un dictamen de la Contraloría de agosto de 2023 determinó que “no se configuraron las inhabilidades denunciadas” respecto de Rojas en el procedimiento que resolvió las reclamaciones presentadas en contra de la resolución de calificación ambiental del proyecto Dominga.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, sostuvo en Radio Infinita que “a pesar de que somos autoridades políticas, tenemos que tomar nuestra decisión con base en los aspectos técnicos que entregue el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Y eso es lo que siempre hemos hecho”. En el entorno del ministerio del Medio Ambiente señalan que, tal como ha ocurrido en estos casos, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), como secretaría técnica del Comité de Ministros, presente un recurso de casación ante la Corte Suprema.

Ante el fallo del Tribunal Ambiental, Andes Iron sostuvo en un comunicado público que están “muy conformes con el categórico y unánime fallo” emitido por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, el cual anuló lo resuelto por el Comité de Ministros y restableció la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). “La resolución confirma que el proyecto Dominga cumple con la normativa vigente, además de haber cumplido con todas las exigencias para su correcta evaluación ambiental”, añadió.