La Unesco se suma a la alerta por la ampliación de regadíos en Doñana

La Unesco se ha sumado a la lista de organismos alertados por cómo puede agravar la proposición de ley de la derecha andaluza el deterioro de Doñana, declarado patrimonio de la humanidad en 1994. El organismo internacional vigila de cerca la propuesta del Parlamento de Andalucía, iniciativa del PP y Vox, para aumentar los suelos regables que meterán más presión al entorno del parque, y asegura que trabaja con el Gobierno para asegurarse de que “su valor universal” sea protegido.

Tras la oposición frontal de la Comisión Europea, que ha amenazado con multas millonarias a España, del Gobierno, que reitera que llevará la ley al Tribunal Constitucional si finalmente se aprueba, y sobre todo de la comunidad científica, que analiza el daño a la biodiversidad del enclave, ahora la Unesco avisa de que analizará el estado de conservación de sus especies tras el verano.

“Seguiremos trabajando con el Gobierno español para asegurar la protección de su valor universal. El estado de conservación será examinado durante la próxima sesión en septiembre del comité del patrimonio mundial, que puede tomar cualquier decisión necesaria”, avisa un portavoz del organismo con sede en París. “La escasez creciente de lagunas está afectando de manera directa las poblaciones de aves acuáticas, acuciadas por la reciente sequía excepcional, y pone su excepcional diversidad en serio riesgo”, añade.

Llueve sobre mojado

El comité del patrimonio mundial de la Unesco ya exigió en 2021 a España que cumpliera con el Plan de la Corona Norte de 2014, conocido como el plan de la fresa, y eliminara los invernaderos ilegales que esquilman el acuífero de Doñana. El plan debe ejecutarlo la Junta andaluza y ahora esta pretende sustituirlo por una ley. Después de nueve años, dicho plan, que buscaba la recuperación de la reserva, tiene muchas medidas pendientes.

“En 2021 el comité exigió a España que implementara el plan con urgencia, que prevé el cierre de pozos ilegales en su forma actual y sin cambios. El comité ha elevado su preocupación por la sobrexplotación del acuífero de Doñana y su potencial impacto en este patrimonio de la humanidad”, explica dicho portavoz.

Hace un año Robbert Casier, especialista de la unidad de patrimonio natural de la Unesco, incidía en la preocupación del organismo sobre Doñana cuando la derecha andaluza presentó una proposición de ley muy similar a la actual, que decayó con la convocatoria de las elecciones andaluzas: “Los países necesitan informar sobre este tipo de medidas antes de tomar decisiones, para que la Unesco tenga aún la oportunidad de aconsejar al respecto. Y esto parece que no ha ocurrido aquí. Además, la proposición va en contra de uno de nuestros requerimientos clave: implementar el plan de la fresa [que la derecha andaluza pretende alterar] con su forma original, tal y como estaba en febrero de 2020, para restaurar la salud del acuífero y el balance hidrológico del parque”.

La preocupación de la Unesco se suma a la de Bruselas, que mantiene su nivel de vigilancia. Este jueves, un día después de que el Parlamento andaluz diera luz verde a la tramitación exprés de la proposición de ley, la Comisión Europea recordó que se reserva la posibilidad de solicitar sanciones económicas ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) si España sigue incumpliendo la sentencia de 2021 de la corte de Luxemburgo. Esta determinó que el Gobierno español no estaba protegiendo como debía esta zona natural especialmente sensible.

La iniciativa andaluza “no va en la dirección correcta”, admitieron fuentes comunitarias lejos de los micrófonos. Ante estos, se muestran más circunspectas y se limitan a indicar que el Ejecutivo europeo sigue “dialogando” con España por Doñana, como dijo este jueves en rueda de prensa un portavoz de la Comisión, Tim McPhie, que recordó que los expertos de Bruselas aún están “analizando” las respuestas recibidas por España. En este sentido, y en vista de que la ley andaluza todavía no está implementada, la Comisión es reticente a fijar una fecha para hacer realidad su advertencia de sanciones, aunque esta sigue bien presente, aseguró McPhie.

“La Comisión no dudará en tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que España cumple con la sentencia del TJUE”, afirmó el portavoz, reiterando la advertencia que la Comisión había trasmitido la víspera a este diario.

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