La crisis de RTVE y la chapuza del concurso público

La corporación RTVE vive su propio culebrón televisivo. La cúpula de la corporación se ha lanzado en el último mes acusaciones de traición, amotinamiento y deslealtades. Se han producido destituciones imprevistas, despidos fulminantes y dimisiones irrevocables. El resultado es una empresa sumida en un bloqueo institucional, difícil de gobernar y con un consejo de administración que actúa como un Parlamento en miniatura. En RTVE reina un clima de “depresión colectiva”, según describe un alto cargo del grupo. El detonante de este espectáculo vodevilesco ha sido el intento (de momento fallido) de sacar adelante en el consejo el fichaje del cómico David Broncano, conductor del programa de Movistar+ La resistencia.

Este proyecto ha desatado un durísimo enfrentamiento en la cúpula de la corporación, que se ha llevado por delante a la presidenta interina, Elena Sánchez (sustituida con un mandato de apenas seis meses por Concepción Cascajosa); al director de contenidos, José Pablo López; y al secretario general, Alfonso Morales. La batalla interna que se libra en Prado del Rey ha vuelto la vista hacia el modelo seguido para designar a los órganos de gobernanza del ente público. Ciudadanos y Unidas Podemos propugnaron una fórmula novedosa: un concurso público. La idea se había puesto ya en práctica en el Reino Unido en 2004, cuando el Gobierno británico quiso cubrir el puesto de presidente de la BBC. Publicó un anuncio en la prensa y pese a que al principio muchos pensaron que era una broma se presentaron 79 candidatos.

Modelo importado

España importó este modelo para seleccionar al presidente de RTVE y, de paso, también a los miembros del consejo de administración. Concurrieron 94 aspirantes, en un alto porcentaje trabajadores de la casa (muchos en activo y otros ya jubilados) que comparecieron en el Congreso y el Senado. Uno de los participantes en ese concurso admite que “el Parlamento se hizo trampas al solitario. Intentó dar una apariencia de proceso limpio y profesional y al final se vio que aquello era una mera puesta en escena”. A la vista de los resultados, cunde la idea de que la iniciativa resultó ser una chapuza.

El actual consejo de administración fue fruto del acuerdo alcanzado a principios de 2021 por PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV, que se repartieron los 10 puestos en liza. Los socialistas propusieron a José Manuel Pérez Tornero (que ocupó la presidencia) Ramón Colom, Elena Sánchez y Concepción Cascajosa; el PP avaló a Jenaro Castro, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio; Unidas Podemos seleccionó a Roberto Lakidain y José Manuel Martín Medem, y el PNV designó a Juan José Baños. Tanto los currículos como los proyectos de gestión de los aspirantes fueron evaluados por un comité de expertos nombrado por las Cortes, que tras la minuciosa criba configuró una lista con los 20 candidatos que tenían una mayor calificación. Fueron considerados “idóneos” para ser nombrados miembros del consejo.

De esa lista, los grupos parlamentarios solo escogieron a tres: Pérez Tornero, Sastre y Lakidain. El resto fueron elegidos por afinidades políticas, ignorando criterios profesionales y capacidad de gestión. La nómina de preseleccionados cayó en saco roto por una oleada de recursos y porque incluía muchos más hombres (se postularon en mayor número) que mujeres, lo que impedía un consejo paritario. La profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona Isabel Fernández Alonso formó parte del comité de expertos que evaluó los expedientes. Recuerda que en la primera lista había cuatro candidatas, pero el fallecimiento de la primera clasificada, Alicia Gómez Montano, ahondó el desequilibrio. “Siempre dije que no se podían dar más puntos al alguien por ser mujer”, asegura. Tampoco tiene duda de que el concurso “estaba mal diseñado desde el principio; tenía fallas y lagunas”.

Uno de los desatinos más clamorosos fue la publicación de los baremos después de que los candidatos presentaran la documentación. Además, se primaba ser periodista, en detrimento de otras profesiones como abogados, economistas o ingenieros. “A muchos no nos parecían los criterios más adecuados, pero cuando se fijan hay que cumplirlos. Es contradictorio convocar un concurso y luego hacerlo imposible. La sensación es que estuvimos cinco meses perdiendo el tiempo”, lamenta Fernández Alonso. Considera que la polarización ideológica se ha trasladado al consejo de RTVE y que los enfrentamientos políticos han terminado por encallar el funcionamiento de la institución.

En el pacto para nombrar el consejo no participó Ciudadanos, el partido que con más vehemencia había apostado por el formato. Alegó que el Gobierno y el PP habían desoído al comité de expertos para “repartirse los puestos como si fueran cromos” y decidió no participar en las votaciones parlamentarias. “El concurso pretendía escoger a los mejores, no a los mejores amigos”, advirtió el partido de Albert Rivera.

Innovación fallida

Para el catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga Manuel Chaparro la innovadora iniciativa para nombrar a la cúpula de RTVE fue fallida. “Se jugó con la gente que había confiado en un sistema que poco a poco se fue adulterado. Para los participantes, el proceso fue un auténtico fraude. Muchas personas presentaron proyectos interesantes y al final se sintieron estafadas”. Mantiene Chaparro que el modelo podría haber funcionado si los partidos hubieran tenido “altura democrática” y cree que el principal problema fue que no se respetaron las reglas ni se cumplieron los compromisos para elegir a los más cualificados. En RTVE defienden que la última palabra la tenga el Parlamento (“así es la democracia”) pero perciben que los políticos antepusieron su propio interés, ya que al final “nombraron a sus afines obviando la profesionalidad”.

Un factor añadido a la crisis de gobernanza en RTVE es que la mitad del consejo tiene el mandato caducado. La ley fija en seis años la duración en el cargo y establece que sus miembros sean renovados por mitades a los tres años. Esta circunstancia obligaba a sustituir este mes de marzo a cinco de sus miembros. Pero la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, mantiene en sus puestos a los vocales que debería abandonar sus puestos. Los nombres fueron elegidos y por sorteo y el azar quiso que salieran los tres representantes del PP, uno del PSOE (Colom) y el del PNV. Además, está vacante la plaza de Pérez Tornero, que dimitió en septiembre de 2022.

Para nombrar nuevos consejeros, los partidos tendrán las manos libres. Ya no estarán sujetos a la lista de los candidatos que optaron al concurso, según fuentes de la corporación. Necesitarán, eso sí, el respaldo de dos tercios de las Cámaras. Los socios de Gobierno esperan que este proceso pueda estar culminado antes de que concluya el medio año de mandato de Cascajosa. Y en caso de que no consigan alcanzar un consenso con el PP no descartan recurrir a un real decreto ley para que la renovación salga adelante, en una segunda ronda, solo con mayoría absoluta. “Mariano Rajoy lo hizo”, advierten.