ENTREVISTA | Matilde Asián González, consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias

"Nos preocupa que en el debate de la financiación no se esté hablando de las especiales circunstancias de Canarias"

"Tendremos que esforzarnos para hacer ver que no solo somos islas, sino también una Región Ultraperiférica europea", afirma la consejera de Hacienda canaria

Matilde Asián González, consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias.

Matilde Asián González, consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. / Agencias

Canarias

Lo primero que dirá usted en la reunión inaugural para la reforma del sistema es 'oigan, aquí venimos a hablar de la financiación de los servicios públicos, no del Régimen Económico y Fiscal del archipiélago'. ¿Me equivoco?

No se equivoca. El Bloque de Financiación Canario, que está compuesto por el IGIC [el Impuesto General Indirecto Canario, el gemelo insular del IVA], el AIEM [el Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías] y el Impuesto de Matriculación, nos aporta una recaudación que es una compensación por nuestra situación de desventaja estructural, de modo que si se computa en la financiación autonómica, resulta que con lo único que nos quedamos es con los costes de gestión.

El REF, o mejor dicho, la recaudación del Bloque de Financiación Canario, fuera del sistema. Esa es la línea roja, ahora bien, ¿de verdad puede volverse a la situación de antes de 2017, es decir, a que esos ingresos compensatorios se resten de la financiación ordinaria?

En 2009, cuando se estableció el actual sistema, se computó en uno de los fondos de redistribución. Luego se logró quitar en 2017 con efecto retroactivo desde 2015, pero durante ese tiempo tuvimos una financiación del 85% de la media. Así que tenemos antecedentes. Pero peor sensación genera el hecho de que en el debate sobre la reforma del sistema no se hable, no como nos gustaría, de nuestras especiales circunstancias.

Por ejemplo.

Mire, se reúnen las regiones infrafinanciadas, y ahí van Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Valencia… Yo quiero entrar ahí, y digo 'oigan, ¿y Canarias?'. Pues bien, parece que hay unanimidad en que nosotros no estamos infrafinanciados. Por eso quiero hacer ver que aquí hay dos cosas distintas. ¿Qué es el sistema de financiación? Pues el reparto de la recaudación con el objetivo de que todos los ciudadanos, en todo el territorio nacional, tengan unos servicios esenciales de igual calidad. Evidentemente, las regiones que tenemos menos capacidad contributiva, porque tenemos menos riqueza, no podríamos financiar por sí solas esos servicios esenciales. Y luego, y aparte de esa financiación, nosotros tenemos un Régimen Económico y Fiscal especial que va destinado a otra cosa bien distinta: a que Canarias tenga una vida propia, a que haya actividades que generen riqueza y empleo. Por ello hay una serie de ventajas fiscales y económicas, para compensar esas desventajas estructurales. Pero claro, si ahora resulta que esas compensaciones se meten en el sistema de financiación, que insisto, es para costear los servicios esenciales, pues en fin, ya me dirá usted.

Lo que se compensa por un lado se descompensa por el otro...

Claro... Y luego tendremos que hacer un esfuerzo para explicar que nosotros somos islas, sí, pero también que estamos alejados, que tenemos deficiencias estructurales, mercados estrechos..., Es más, somos ocho islas bastante alejadas unas de otras, entre sí, lo cual implica que los costes de los servicios esenciales sean muy superiores a los de un territorio continuado. Le pongo un ejemplo. Nosotros tenemos que tener un hospital en El Hierro que, a lo mejor, por su número de habitantes y si fuéramos un territorio continuo, no sería necesario. Y así muchos otros servicios. Por eso siempre hemos considerado que esto debe tenerse en cuenta en el sistema de financiación, porque la compensación que hay por el hecho de ser islas iguala a Baleares y a Canarias, y entendemos que nosotros tenemos una situación, por muchas razones, muy diferente. Y, además, quisiéramos que también se introdujeran en el sistema los coeficientes de pobreza que padecemos. Tenemos ratios de pobreza muy elevadas, con lo que debemos tener fondos para impulsar e igualarnos a los ciudadanos del territorio continental.

Hay expertos que no precisamente han ayudado a aclarar la singular situación del archipiélago, hasta el punto de que incluso se critica que los dineros del REF no se consideren dentro del sistema de financiación.

Esos expertos lo miran desde un punto de vista teórico, y dicen 'bueno, vamos a darle transparencia a lo que usted recibe sin perjuicio de que si necesita para financiar el coste de los servicios, también se le dé'. Lo miran desde ese punto de vista. Ahora bien, ¿cuál es nuestro temor? Pues que se nos computen todas esas transferencias que recibimos por diferentes conceptos y luego no nos financien adecuadamente el coste de los servicios públicos. Si esto último estuviera garantizado, pues no nos importaría. Mire usted, nosotros en Canarias no tenemos ninguna situación de ventaja, sino una compensación por nuestras desventajas estructurales, desventajas que, por cierto, no van a desaparecer, porque no lo van a hacer ni nuestra posición geográfica, ni nuestra lejanía del territorio continental, ni nuestra cercanía a un continente con unos niveles muy bajos de renta, ni la fragmentación de nuestro territorio, ni la escasez de recursos naturales... Todo eso que ha hecho que Canarias sea una Región Ultraperiférica europea... Esto debe ser nuestra clave de bóveda.

Si el concierto que han acordado el PSOE y Esquerra saliese adelante en los términos que se intuyen en el pacto, ¿sería posible que Canarias colmase sus aspiraciones en el nuevo sistema de financiación?

Si se materializase lo que conocemos que han pactado PSOE y ERC, es decir, la soberanía fiscal de Cataluña, el Estado vería mermados sus ingresos, eso por lo pronto, en un territorio que representa el 20% del PIB. Así que casi tan importante como la no aportación al sistema por parte de Cataluña es que el Gobierno que nos representa a todos los españoles no recaude en ese territorio. Eso sería una merma para las arcas muy importante. A corto plazo, el Gobierno de España sí asumiría lo que deja de poner Cataluña, pero en detrimento del resto de los españoles, porque ya tendría una capacidad impositiva muy inferior. Así que o bien tendría que subir mucho la imposición o bien tendría que dejar de realizar funciones que ahora mismo asume, y aquí lo más preocupante son las pensiones y los servicios de seguridad. Y no olvide usted que, además, se ha pactado que su solidaridad [la de Cataluña] estaría condicionada a que hagamos el mismo esfuerzo fiscal.

Por tanto se condiciona la autonomía de las demás regiones de régimen común.

¿Es que resulta que ahora vamos a condicionar nuestra política a lo que digan ERC y el Partido Socialista Catalán? ¿Ellos van a decidir el esfuerzo fiscal que debemos hacer en Canarias? En Canarias tenemos nuestras instituciones, sobre todo nuestro Parlamento, para decidir, dentro de nuestra autonomía financiera y capacidad normativa, qué esfuerzo fiscal establecer. Los canarios tendremos que concienciarnos y adoptar alguna decisión, y, además, creo que hay muchos puntos en común en los que todas las fuerzas políticas de Canarias estarán de acuerdo.

El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, ha dicho hace poco que Canarias será una de las regiones más perjudicadas por ese eventual concierto catalán. Básicamente porque también es una de las regiones de menor renta. ¿Pero cuánto nos costaría?

Es un poco prematuro porque no sabemos los términos exactos, y de hecho aún conservamos la esperanza de que no se cumpla, no al menos en sus estrictos términos, eso que se ha pactado. Es lo que nos gustaría. Además, esos acuerdos han de transformarse luego en leyes, y en mi opinión también se tendría que transformar la Constitución misma, porque no olvidemos que su artículo 138 le otorga al Estado la misión fundamental de velar por la solidaridad interterritorial, y con especial atención al hecho insular, y si esto no se garantiza, habrá que modificarla para que diga que el Estado tiene otro papel, pero desde luego no el de garante de la solidaridad interterritorial, porque dejaría de serlo.

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