Fuertes críticas a los acuerdos del Parlamento vasco sobre Lemóniz

"Cada vez aparece más lejana una solución nacional al contencioso de Lemóniz", se afirma en las últimas líneas de un informe realizado por la Comisión de Defensa de una Costa Vasca no Nuclear sobre el reciente debate que en torno a la central nuclear de Lemóniz ha celebrado el Parlamento vasco. En el informe se considera que el mismo "fue más una escaramuza política que un debate sobre un proyecto", y que el PNV, UCD y AP realizaron una defensa de Lemóniz "que ni la empresa Iberduero hubiera superado".Para la citada comisión, estas tres fuerzas políticas han bendecido en el Parlamento vasco la política de hechos consumados sobre la que se ha levantado Lemóniz. "Se ha esperado mucho tiempo y hoy ya no puede admitirse el argumento de la inversión realizada. No,es razonable el chantaje de que, como necesitamos energía eléctrica, «Lemóniz es la única alternativa a medio plazo».

Al referirse concretamente al debate parlamentario, la Comisión de Defensa lo califica de fraude al pueblo y de diálogo de sordos. "Dicusiones y decisiones que debían de haber tenido lugar en base a una valoración objetiva de datos, y hechos científicamente contrastables han sido transformados, irresponsablemente, en posturas y decisiones políticas".

Tras felicitarse por las posturas críticas manifestadas contra el proyecto por EE, PSOE y PCE, la Comisión de Defensa critica muy duramente al PNV, porque, "tras años de silencio y aparente inhibición", ha adoptado "una decidida posición pro nuclear y, lo que es más grave, pro Lemóniz, hasta el punto de manipular y falsear la infórmación".

Al referirse a la solución que pueda darse hoy al contencioso de Lemóniz, la Comisión de Defensa es tajante: "No observamos el menor indicio de voluntad por resolver racionalmente el contencioso. Nuestro pueblo sabe que en un referéndum objetivo e imparcial, con igualdad de oportunidades, que defina el futuro de Lemóniz de forma vinculativa, no se va a realizar jamás".

La comisión califica deperegrina e inconsistente la afirmación del Gobierno vasco de que "el control público deberá ser más fuerte si no hay consulta popular".