Sin resolver el hacinamiento de reclusos en la prisión provincial de Málaga

La prisión provincial de Málaga, situada en pleno centro de la ciudad, ha sido calificada repetidas veces por los expertos y por las propias autoridades penitenciarias como una de las peores, si no la peor, de España. Entre los muchos problemas que tiene, destaca el del hacinamiento de internos. Dieciséis meses después de la forma de un convenio entre el Ministerio de Justicia y la Diputación Provincial, que contemplaba la construcción de una nueva cárcel para dar una rápida solución a este tema, todas las gestiones parecen paralizadas y todo parece indicar que no se cumplirá el plazo de año y medio a dos años señalado en marzo de 1981 por el entonces director general de Instituciones Penitenciarias, Enrique Galavís, para solucionar el tema de la cárcel de Málaga.

En unas dependencias concebidas para unos doscientos reclusos se amontona una media de más de seiscientos, sin que haya posibilidad alguna de respetar las normas reglamentarias en cuanto a separación de los internados por edad o delitos y en cuanto a labores de reinserción. Con ocasión de la reciente huelga de hambre en las cárceles españolas, el obispo de Málaga, Ramón Buxarrais, visitó la prisión provincial y habló con algunos reclusos. Al día siguiente, el obispo publicó en el periódico local Sur un escrito en el que señalaba la necesidad inaplazable de un nuevo centro penitenciario para Málaga, pues el actual, además de insuficiente, carece de las mínimas condiciones higiénicas y se asemeja más a una cárcel de un país tercermundista que a una prisión de una sociedad desarrollada y democrática. Idénticos comentarios han sido hechos repetidas veces por los presos y sus familiares e, incluso, por el mismo director del centro.El día 30 de julio de 1981, el entonces subsecretario de Justicia, Enrique Linde Paniagua, y el presidente de la Diputación Provincial, Enrique Linde Cirujano, firmaron un convenio por el que el Ministerio compraba al organismo provincial una parte de una finca situada en terrenos del municipio de Alhaurín de la Torre para construir en ella la nueva prisión a cambio de cien millones de pesetas y el edificio de la cárcel actual. El Ministerio aprovecharía el edificio del hospital psiquiátrico construido en la finca por la Diputación, edificio que no llegó a inaugurarse a causa de que los expertos consideraron que no era el lugar adecuado para un centro psiquiátrico.

Con el aprovechamiento de este edificio, la construcción de la nueva prisión podría, realizarse en un tiempo inferior al normal. El presupuesto se fijó en 3.000 millones de pesetas. La nueva prisión, según declaró el entonces director general de instituciones penitenciarias, Enrique Glavís, tendría una capacidad para mil reclusos y contaría con todos los servicios y dependencias que contempla la Ley General Penitenciaria, tales como talleres de trabajo, amplios espacios para actividades educativas y deportivas, etcétera.

El presidente de la Diputación, Enrique Linde, afirma que está sorprendido por el incumplimiento por parte del Ministerio del compromiso firmado en julio de 1981. "A partir de esta fecha escribí varias veces al director general de instituciones penitenciarias y no recibí respuesta alguna. Todo es un tanto extraño. El problema podría estar ya resuelto, pues el Ministerio disponía incluso de los 3.000 millones a que ascendía el presupuesto de las obras.