La Gerencia Municipal de Urbanismo reconoce que carece de medios para frenar el deterioro artificial de los edificios

"A los vecinos del edificio de Alcalá, 99 no les falta parte de razón cuando se preguntan si la Gerencia Municipal de Urbanismo no tiene medios para hacer cumplir sus propias resoluciones. En ocasiones no podemos resolver los problemas con la celeridad que requieren. Lo que sí puedo asegurar es que hacemos todo lo posible". De esta forma respondió Enrique Bardají, gerente municipal de Urbanismo, a las quejas planteadas por los inquilinos del inmueble citado, que acusan a su propietario de no realizar obras de mantenimiento y de propiciar la situación de ruina del edificio con fines especulativos.

El edificio de Alcalá, 99 fue construido en los últimos años del siglo pasado y ocupa uno de los mejores emplazamientos de la calle, enfrente de la estatua del general Esparteros y del parque del Retiro. Consta de planta baja, cuatro pisos y áticos. En el inmueble viven actualmente sólo cinco inquilinos, al margen de varios locales comerciales, entre los que se encuentra el restaurante Casa Domingo, cuyo propietario, Antonio Rey, aparejador, es también el dueño de la finca.En agosto de 1979, los antiguos propietarios solicitaron de la Gerencia Municipal de Urbanismo la declaración de ruina. La solicitud fue denegada por la gerencia, cuyos técnicos estimaron que las obras de consolidación y reforma pertinentes significaban una inversión de unos dos millones, cantidad muy inferior al valor del 50% del edificio, requisito éste imprescindible para que una finca pueda ser declarada ruinosa.

A raíz de la desestimación, los propietarios vendieron el inmueble al citado Antonio Rey, hasta entonces un inquilino más. Las denuncias que los vecinos habían venido presentando ante la Gerencia Municipal de Urbanismo por el mal estado de la finca se incrementaron a partir de entonces. Jesús Rodríguez, arrendatario de uno de los locales comerciales y que actúa como portavoz del resto de los vecinos, informó que desde que Antonio Rey se hizo con la propiedad del inmueble el deterioro de éste se ha acelerado peligrosamente.

El 15 de noviembre de 1983, el gerente municipal impone a la sociedad Doinsa (Dirección de Obras, Inversiones y Negocios, SA), de la que Antonio Rey es accionista mayoritario, la sanción de 637.208 pesetas y la obligación de realizar en el plazo de 60 días una serie de obras de reparación importantes. Según los vecinos, las obras no se han realizado y, lo que es más grave, el propietario ha permitido e incluso promovido que el estado de ruina se acentúe.

En representación de todos los inquilinos afectados, Jesús Rodríguez manifestó sus sospechas de que las intenciones del propietario sean acelerar la ruina de los pisos interiores, respetando la fachada, para tener así la oportunidad de demolerlo por dentro y destinarlo luego a apartamentos u oficinas.

"Nos faltan medios"

Enrique Bardají señala que, "la obligación de mantener los edificios en buenas condiciones de habitabilidad corresponde en primer lugar a los propietarios. Las sanciones económicas que impone la gerencia son recurribles, y si no las pagan, nos obligan a recurrir a la vía de apremio, lo que alarga mucho los trámites". "Si un propietario se muestra remiso a efectuar las reparaciones", añade Bardají, "el ayuntamiento puede hacerlo con cargo a sus presupuestos, aunque luego el importe de las obras se carguen a aquél. El problema es que para esa función sustitutoria sólo dispusimos, en 1982, de 150 millones de pesetas. Este año, el presupuesto se ha elevado a 300 millones, pero, aun así, es totalmente insuficiente".