Sentencia del 27-O

Me quiero referir a la propuesta que el tribunal militar que ha juzgado a los encartados del fallido golpe del 27 de octubre de 1982 formula al Gobierno mediante el otrosí inserto en la sentencia del consejo de guerra a continuación del fallo.En primer lugar, vaya por delante que creo que el fallo emitido ha sido pronunciado con toda escrupulosidad con arreglo a la ley, como creo que era obligación del citado tribunal, pero, por otra parte, creo que se inmiscuye en el terreno propio del Congreso, que legisla las leyes de la nación, al querer dar a entender que la ley que no ha tenido más remedio que aplicar es muy dura y debe ser rebajada para estos casos, para lo cual alegan la "acreditada trayectoria militar y profesional de los condenados".

Yo entiendo que la propuesta la deberían haber formulado -en todo caso- sólo por motivos humanitarios y no por esa alegada trayectoria, que yo particularmente no veo tan limpia, pues estos señores -queda demostrado en la sentencia- trataron de cambiar las leyes que el pueblo español se viene dando libremente desde la muerte del dictador que tuvimos que padecer tantos años, para sumirnos nuevamente en las tinieblas y gueto que representaría una nueva dictadura, que era lo que trataban de implantar en nuestro país por la fuerza de las armas.

No tengo noticias de que ningún tribunal militar de los que juzgaban a personas civiles por el solo delito de no pensar o no estar de acuerdo con las ideas del dictador recomendase a éste en un fallo de una sentencia que, a pesar de condenarlas a garrote vil o a morir fusiladas en un paredón, no fuesen ejecutadas por estar acreditado que los actos que hubiesen podido cometer en contra de aquellas leyes no habían alcanzado un elevado grado de incidencia en la vida nacional, puesto que únicamente se había tratado de la manifestación de unas ideas distintas a las perseguidas en aquellas leyes represivas. Claro, que es posible que alguno de aquellos tribunales hubiese querido hacer recomendación similar y no se habría atrevido por temor a ir también al paredón con los reos. Pero ahora se aprovechan de la democracia y su magnanimidad para hacer esta recomendación, que creo fuera de lugar.

Esperemos que el Gobierno, al quitar esta clase de delitos del Có

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digo de Justicia Militar y pasarlos al Código Penal civil, mantenga las mismas, penas que nuestros representantes acordaron en su día en el Congreso de los Diputados, no valiéndose de su actual mayoría legislativa para involucrar a sus diputados en una modificación de leyes con efectos retroactivos. Y únicamente si lo considera conveniente, y sólo por motivos humanitarios -para que se distinga perfectamente la diferencia que existe entre una dictadura y una democracia que estos reos quisieron cargarse-, rebaje las penas en la forma que estime necesario y no por la propuesta formulada por este tribunal. / Benito Ramiro.