El Defensor del Pueblo ha recibido quejas basadas en todos los artículos de la Constitución

El Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, destacó ayer en el Congreso de los Diputados, durante la presentación ante la comisión correspondiente del informe de su gestión en el año 1983, las "relaciones gratas y fructífieras" que ha mantenido con la Administración durante su mandato. Ruiz-Giménez afirmó que la institución que preside ha recibido quejas relacionadas con todos los artículos de la Constitución.

Después de resaltar el esfuerzo realizado para poner en marcha la institución, el Defensor del Pueblo señaló que durante el citado año la oficina recibió mas de 30.000 quejas -nombre que reciben las reclamaciones o peticiones formuladas al Defensor del Pueblo-, de las que cerca de un 40% no fueron tramitadas por no reunir los requisitos o ser temas que no eran competencia de la institución. La media mensual de quejas asciende a 2.000, de las que la mayor parte corresponde a personas de edad avanzada -una media de 58 años-. Más de 5.000 quejas se encuentran actualmente en tramitación y 3.836 han sido resueltas favorablemente.El Defensor del Pueblo calificó las relaciones con los distintos organismos de la Administración de "sustancialmente gratas y fructíferas". A continuación, planteó en su exposición una serie de sugerencias y recomendaciones a las Cortes y a la Administración con el fin de mejorar el cumplimiento de la misión de la institución, aunque algunas de ellas, según reconoció, son de difícil aplicación por suponer aumento del gasto público.

Tras analizar las quejas recibidas en sus primeros 12 meses, señaló, entre otras cosas, la necesidad de acabar con la insuficiencia de información por parte de la Administración de lo que es la institución del Defensor del Pueblo, el abuso del silencio administrativo, y la lentitud en los trámites, por parte tanto de la Administración pública como de la Administración de justicia.

Obstáculos objetivos

Ruiz-Giménez señaló la preocupación de la institución que preside por los obstáculos objetivos para la resolución de las quejas, entre los que apuntó los de tipo reglamentario y legal, algunos "desfasados de la realidad". El informe apunta igualmente la desproporción entre la demanda social y las posibilidades de resolución, y la preocupación por dar una respuesta clara y rápida al reclarnante.El mayor número de quejas recibidas se refiere a las siguientes áreas: Seguridad Social y Bienestar Social, con 8.900 quejas, que suponen casi un 30% del total y que se refieren fundamentalmente al problema de las pensiones, los minusválidos y la tercera edad; Justicia, el 12%, de las que muchas se refieren a procesos en marcha y sentencias inejecutadas; Economía, Comercio y Hacienda, el 9%, y Presidencia y Función Pública, el 8,5%. Estas últimas quejas apuntan a problemas de retribuciones y derechos de los funcionarios.

La edad media de los reclamantes se sitúa en los 58 años, aunque, según señaló Ruiz-Giménez, "esto está cambiando y cada vez hay más quejas de gente joven". En cuanto al sexo, son los hombres los que presentan mayor número de quejas (un 56%, frente a un 43%. de mujeres), y en lo que se refiere al estado civil, los casados (un 50%), seguidos de los viudos (un 30%). Por comunidades autónomas, son Madrid, Andalucía y Cataluña, por este orden, las que mayor número de quejas han presentado, y la Rioja, Navarra y Baleares, las que menos.

Otro de los temas planteados por los grupos parlamentarios, y al que también se refirió Ruíz-Giménez en su exposición, fue el de las relaciones del Defensor del Pueblo con las instituciones similares previstas en ocho comunidades autónomas. Ruiz-Giménez, después de recalcar que la Constitución otorga al Defensor del Pueblo facultades y competencias a nivel nacional, abogó por una concreción en su coordinación para evitar interferencias.