Bolivia, situación limite
La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó el pasado lunes la oferta de participar en el Gobierno hecha por el presidente Hernán Siles Zuazo y decidió proseguir la huelga general, que se prolonga ya durante 12 días y que ha colocado al país ante una situación límite. Las elecciones legislativas y municipales han sido ya oficialmente atrasadas por el Senado hasta el 14 de julio, y aumenta cada día el riesgo de que no puedan celebrarse jamás. Ni los partidos políticos bolivianos ni los observadores extranjeros creen inminente un golpe de Estado, pero los militares han advertido que se verán obligados a intervenir si a la paralización de las actividades se suman el desorden y los enfrentamientos. Un enviado especial de EL PAIS estuvo recientemente en Bolivia.
MadridMillares de mineros recorren diariamente las calles de La Paz, alternando los estallidos de dinamita con los gritos de "¡abajo el Parlamento!", "¡muera Siles!", " ¡obreros al poder!". Cada mañana se reúnen en el teatro al aire libre de la capital boliviana para decidir qué hacer. Los dirigentes trotskistas, sólidamente instalados en la cúpula de la COB con la complicidad del máximo dirigente, Juan Lechín Oquendo, desatan el entusiasmo de la audiencia al proclamar que ha llegado el momento de que la clase obrera "cumpla con su misión histórica y tome el poder".
Los militantes del Partido Comunista de Bolivia (PCB), mayoritario entre la base sindical pero desplazado de la dirección en el último congreso de la COB, difícilmente pueden contener con su mensaje de moderación la exaltación de miles de trabajadores hambrientos y decepcionados por la gestión del Gobierno de izquierda. "Se están dando todas las condiciones para que esta conmoción social pueda ser aprovechada por grupos de derecha, civiles y militares, en beneficio de sus intereses", advierte Simón Reyes, secretario general del PCB, dirigente histórico del movimiento minero.
El clima político en La Paz es, en muchos sentidos, prerrevolucionario. Los mineros han abandonado sus hogares y han aceptado pasar hambre y frío en la capital porque sus dirigentes les ha prometido algo más que un aumento de sueldo. Quieren una mejora definitiva. Muchos líderes sindicales, entre ellos Lechín, reconocen que se ha llegado a un extremo en que les resulta muy difícil "controlar a las bases".
La extrema izquierda propone que se utilice la dinamita contra la policía. Los estudiantes del Partido Obrero Revolucionario (POR), trotskista, cortan el tráfico en la puerta de la universidad y exigen a los automovilistas un impuesto revolucionario para apoyar la huelga general. Lechín proclama que lo único que impide a los trabajadores dar el paso de llegar al palacio presidencial es que no tienen armas.
El Gobierno del presidente Hernán Siles Zuazo ha utilizado ya frente a este movimiento de protesta todos los medios pacíficos a su alcance. El pasado día 14, don Hernán, como respetuosamente se le conoce, recibió en su despacho del Palacio Quemado -sede de la Presidencia de la República- a una representación del comité de huelga. Los mineros, alguno de ellos con su casco puesto, dijeron al presidente que sus familias no tienen para comer y que los ministros del Gabinete son una pandilla de embusteros. Siles respondió que él dirige un Gobierno obrero y campesino y que el hambre es consecuencia de la dictadura del general Hugo Bánzer.
Por unos minutos, la figura de Siles, fundador de la Federación de Mineros, contuvo los ánimos de los trabajadores, que poco más tarde se enfrentaron a la realidad de una oferta del 230% de aumento salarial, cuando el año anterior concluyó con una inflación de más del 2. 100%.
Hernán Siles Zuazo ha dirigido su Gobierno con la vocación de un Gandhi en América Latina. Ha permanecido siempre en las cómodas alturas de la autoridad suprema, con un solo propósito aparente: que su Gobierno pase a la historia como el primero en muchas décadas que no ha recurrido ' a la represión para afrontar los problemas del país y que se produzca un relevo democrático en el poder. En el último informe del Departamento de Estado norteamericano sobre la situación de los derechos humanos en América Latina, Bolivia figuraba como país modelo.
Como administrador, Siles también va a alcanzar récords históricos al colocar a Bolivia ante la peor crisis económica que jamás haya conocido. Crisis a la que ha contribuido también la COB durante estos dos años con más de 500 huelgas, de ellas tres generales, que han paralizado totalmente el país durante más de un mes.
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