Amenaza de fuertes sanciones a quienes impidan el traslado de bidones evacuados del 'Cason'

Juan Manuel Iglesias, gobernador civil de Lugo, anunció ayer que aplicará el artículo 19 de la ley de Protección Civil, que establece sanciones que oscilan entre 1 y 100 millones de pesetas, a quienes impidan el traslado de los bidones de productos tóxicos y peligrosos retirados la pasada semana del mercante Cason. Los 255 bidones estaban preparados anoche cerca del puerto de la fábrica de Alúmina-Aluminio de San Ciprián, en la costa de Lugo, para ser llevados a Holanda. Por otra parte; nueve alcaldes de la zona se encerraron anoche en el Gobierno Civil para pedir la retirada de los bidones de la comarca.

La situación era de tensa calma en el complejo industrial de San Ciprián. Distintos portavoces aseguraban que las intensas negociaciones llevadas a cabo a lo largo de más de 24 horas finalizarían con un acuerdo por el que la dirección de la factoría se responsabilizaría del embarquel mientras el comité de empresa y trabajadores anunciaron su retirada de las instalaciones con la consiguiente interrupción del proceso de producción, extremo que fue desmentido por un portavoz de la empresa. El comité de empresa se opuso también a la pretensión del Gobierno Civil de realizar el embarque a través del pequeño puerto de Morás, en el municipio de Xove.La población se opone a que se descarguen los bidones -y por lo tanto continúe su manipulación- por temor a que pueda producirse algún tipo de accidente, en una zona especialmente sensibilizada por la contaminación como es San Ciprián. Tampoco se entiende que los bidones hayan seguido una larga trayectoria por tierra, en lugar de ser embarcados desde la costa coruñesa-, una vez retirados del barco.

[Pasadas las diez de la noche, los nueve alcaldes de la comarca lucense de la Marina emitieron un comunicado en el que anuncian que permanecerán encerrados en e¡ Gobierno Civil "en tanto los bidones mencionados no sean retirados de esta comarca", informa Efe. Los alcaldes responsabilizan al delegado del Gobierno en Galicia y el gobernador civil de Lugo de la situación].

Vécinos y trabajadores de la factoría impidieron el embarque de los bidones con productos tóxicos desde la madrugada del sábado, flanqueando los accesos a la factoría con contenedores de metal líquido, bandejas de ánodos, coches y otros materiales. El comité de empresa de la factoría anunció que si el embarque se He vara a cabo, los trabajadores in terrumpirían la producción de aluminio, lo que, según un porta voz de la empresa, ocasionaría unas pérdidas superiores a los 25.000 millones de pesetas.

Por otra parte, 423 personas, vecinos de Guitiriz, se autoinculparon ante el Juzgado de Villalba de los incidentes ocurridos desde jueves al viernes en ese municipio al conseguir detener el convoy que transportaba los bidones para ser depositados en el campamento militar de Parga.