"Sí, ministro..."

El sector público es una vasta maquinaria. Administrar un presupuesto de 12 billones de pesetas en gastos más otros 10 billones en ingresos y una plantilla de algo más de un millón de funcionarios más otros seis millones de pensionistas es como para poner en un brete al más capacitado de los gestores. El control de toda esta potente estructura, es decir, cómo se gasta el dinero público en qué y por quién, ha resucitado una vieja polémica en cuyo trasfondo se adivina un choque de poderes.

El ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, ahora en funciones, no se ha sentido cómodo en el papel de patrón de los funcionarios. Porque ni siquiera en esta tarea ha podido actuar a sus anchas. La sombra del Ministerio de Hacienda y de su titular, Carlos Solchaga, es tan alargada que ni en los sueldos del personal al servicio de la Administración pública Almunia ha podido llevar, por sí solo, la iniciativa. "Con Hacienda hemos topado". Esta frase suele oírse entre altos cargos de diferentes ministerios. Encierra una preocupación latente: no se mueve una peseta en ninguna dependencia de la Administración sin el beneplácito del macroministerio de Hacienda. Y esto es bueno y es malo, según se mire.Si el control fuera eficaz y se evitaran actuaciones irregulares, nada que objetar. Pero "sólo se ponen impedimentos, lo que dificulta que la Administración pública funcione con agilidad", señala un alto cargo de Administraciones Públicas. "A mí que me den unos presupuestos por capítulos aprobados por las Cortes, yo los distribuyo según las necesidades y después rindo cuentas ante quien sea menester: si lo hago mal, que me cesen", señala otro alto cargo.

Ésta es, en términos coloquiales, la esencia de la propuesta de modernización de la Administración Pública. La polémica ha resurgido en un momento en que las aguas políticas andan revueltas, aunque nadie se atribuye ser el factotum que las ha enturbiado aún más con este asunto y en este preciso momento. En algunos medios se sospecha que al resucitar la polémica sobre el descontrol del gasto público -cada año se gasta un billón más de lo presupuestado- se ataca de lleno a Carlos Solchaga. Almunia sería, según estas interpretaciones, calificadas de "malévolas", quien puede poner las cosas en su sitio. La propuesta de Almunia se planteó en una reunión celebrada elpasado mes de mayo en el castillo de Magalia (Ávila). Allí estaba toda la plana mayor de la Administración pública: Almunia, José Borrell, todos los secretarios de Estado y subsecretarios, más los directores generales de Presupuestos y de Retribuciones y el interventor general de la Administración del Estado.

La 'cumbre' de Magalia

Lo que Almunia defendió en aquella cumbre se puede resumir en lo siguiente: "Menos poder para Hacienda y, más autonomía para los restantes ministerios en la gestión del gasto."Casi al mismo tiempo, la Intervención General de la Administración del Estado -orgánicamente dependiente del Ministerio de Hacienda y funcionalmente del Consejo de Ministros- preparaba su propia alternativa para mejorar los sistemas de control del gasto público.

Con su propuesta de reglamento de control financiero se da cuerpo jurídico a la tarea que desde hace 150 años vienen desempeñando los interventores del Estado: mantener el actual control previo -cuando se adopta un compromiso de pago, cuando se liquida y cuando se paga- y realizar un control posterior mediante auditorías que midan, entre otras cosas, si la actuación de los funcionarlos públicos en esta materia ha sido eficaz.

Son las famosas auditorías de infarto con que Felipe González azuzó a la oposición nada más acceder a la presidencia del Gobierno. "El proyecto de Administraciones Públicas se carga el control previo porque considera que es formalista", señalan fuentes de la Intervención. "Si por formalismo enten dendemos que alguien verifique que hay dinero para hacer un gasto, que este gasto es necesario , que su destino es el que se dice y que se cumplen las normas legales, nos tendrán que explicar qué es lo que entienden en Administraciones Públicas por realismo", añaden las mismas fuentes.

Lo que en este ministerio entienden por realismo es "lo que se percibe en la calle: que existe un descontrol sobre el gasto público, que los métodos de supervisión son anticuados y no sirven para el funcionamiento de la Administración". No se pretende, "cargarse a los interventores, sino integrarlos en una estructura menos burocratizada". Nada que objetar al control posterior. De hecho, añaden las mismas fuentes, "un asunto como el de Pilar Miró saltó a la luz pública por una verificación posterior; antes no se pudo evitar".

La nueva estructura que propone Administraciones Públicas consistiría en organizar la Administración por módulos que ngloben áreas concretas, manteniendo los actuales ministeios. El control posterior seguiría como hasta ahora, en la órbita de Hacienda. El bocado al todopoderoso Ministerio de Hacienda puede ser de muchos kilos de poder. Este departamento perdería las competencias en la elaboración de los presupuestos y el control económico previo sobre el gasto. En cuanto a las retribuciones de los ftincionarios, la pérdida sería compartida por ambos departamentos.

Será el nuevo Ejecutivo quien tome una decisión: continuar como hasta ahora o coger por los cuernos el toro de la eficacia y la transparencia en los dineros públicos.