El Constitucional debe decidir si se manipuló una votación del Congreso
El escándalo provocado por una reciente votación del Congreso, en la que los diputados decidieron autoconcederse el privilegio de no acudir ante los jueces ni, como testigos, llegará hasta el Tribunal Constitucional. El Partido Popular, que denunció en su día graves irregularidades a la hora de contabilizar los votos del pleno, anunció ayer que apelará al más alto Tribunal, dado que el presidente de la Cámara, el socialista Félix Pons, se niega a repetir la votación.
La reforma de la Ley de enjuiciamiento Criminal que exime a diputados y senadores de tener que personarse en los tribunales para declarar fue aprobada en pasado 25 de abril en una accidentada sesión. El PP plantea su recurso inicialmente por "vicio grave de procedimiento", aunque no descarta pedir al Tribunal que se defina también sobre la constitucionalidad del nuevo texto legal. Tras la citada votación, el Grupo Popular aseguró que sus diputados Joaquín Martínez Sieso y José Manuel Otero Novas habían votado en contra., pero el tablero electrónico los había registrado como voto a favor y abstención, respectivamente. Posteriormente también se comprobó que dos parlamentarios ausentes habían votado: Martín Villa, del PP, figuraba como abstencionista, mientras el socialista Francisco Arnau, que se encontraba en Libia, había votado a favor. El nuevo texto legal obtuvo exactamente los 176 votos que necesitaba para su aprobación.Para Félix Pons, sin embargo, "no se ha acreditado en la votación ninguna irregularidad que cuestione su validez", por lo que decidió no anular el recuento. Pons contó con el apoyo de los socialistas y de Convergència i Unió.
El ex ministro y diputado José Barrionuevo, beneficiado por la reforma, ha sido precisamente citado a declarar el próximo día 21 ante el tribunal que juzgará el caso Amedo. Barrionuevo aseguró el mismo día de la polémica votación que no tenía inconveniente alguno en personarse ante el juez por ese caso. Página 17
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