García Vargas pide que no se juzgue a la Armada por el fraude en los arsenales
El ministro de Defensa, Julián García Vargas, pidió ayer en los pasillos del Congreso que "no se haga un juicio general a la Armada" por las "escasas" irregularidades detectadas en los arsenales militares. García Vargas admitió, no obstante, la existencia de indicios de delito en la gestión del arsenal de La Carraca (Cádiz) que han sido puestos en conocimiento del fiscal militar.
El titular de Defensa criticó con dureza a Izquierda Unida, que esta misma semana remitió al Fiscal general del Estado documentos sobre el presunto fraude en la Armada, aludiendo a la "grave irresponsabilidad de alguna fuerza política que está haciendo juicios de valor sobre las Fuerzas Armadas con documentos carentes de fuerza probatoria".En respuesta a una pregunta del centrista José Antonio Souto, García Vargas negó enérgicamente en el pleno del Congreso la existencia de un fraude de 4.000 millones de pesetas en el arsenal de Ferrol (La Coruña). El ministro calificó dicha cifra de "descabellada" aunque no excluyó la existencia de irregularidades de menor cuantía, que están siendo investigadas. En cambio, admitió que, en el caso del arsenal de La Carraca (Cádiz), hay "datos que pudieran ser constitutivos de delito" y que han sido puestos en conocimiento del fiscal togado de la Sala de lo Militar del Supremo.
El Ministerio de Defensa ha creado una comisión de investigación en cada uno de los tres arsenales -Ferrol, La Carraca y Cartagena (Murcia)- García Vargas dijo que se está trabajando en la reforma del sistema de fiscalizacIón de las cuentas de su departamento, pero negó que la actual legislación no contenga mecanismos de control. Por su parte, el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, señaló que las cajas B o contabilidad paralela están prácticamente erradicadas de la Administración. El Tribunal de Cuentas, en su informe de 1987, revela que existe una caja B en la Armada.
Por otro lado, la empresa Bazán considera irrevocable el despido del jefe del departamento de comparas de la factoría de Cartagena, el ingeniero Lorenzo Blanco Escudero, por cobrar al menos una comisión de 250.000 pesetas de la empresa ANISA, informa Efe.
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