Necesitamos un pacto local

Los Ayuntamientos seguimos andando por el camino de convertirnos en el pariente pobre y lejano de la organización territorial del Estado que se contiene en el Título VIII de nuestra Constitución. Las corporaciones locales en general han atravesado dos etapas significativas desde la instauración democrática. En la primera, los ciudadanos españoles se dotaron de unos Ayuntamientos pujantes y llenos de vitalidad, escuelas de participación democrática y entusiastas impulsores de políticas sectoriales que, muy pegados a la realidad y a las necesidades de cada pueblo y ciudad, generaron actuaciones de muy diversa índole en la dirección de lo que después se ha generalizado y conocido como el Estado de bienestar.Y así, los equipamientos culturales y deportivos, las escuelas infantiles, los centros de promoción de la salud, la potenciación de los servicios sociales, la mejora de la red viaria y de las infraestructuras en general, o de las zonas verdes, obligó a realizar un esfuerzo inversor, con medios económicos muy escasos.

La siguiente etapa, aún no concluida, ha puesto el acento y las mayores energías en la construcción del Estado de las autonomías. Desde 1982, el proceso autonómico enfatizo la transferencia de competencias del Estado a las respectivas comunidades autónomas, junto con los correspondientes recursos. La complejidad de este proceso explica y justifica sus ritmos, excesivamente lentos y discontinuos a veces, pero, sin duda, en continua progresión.

Mientras tanto, el único avance de las corporaciones locales es que han sido dotadas de un marco legislativo adaptado ya a la Constitución. Pero esta normativa ha cristalizado en un régimen competencial para los municipios caracterizado por su ambigüedad e imprecisión y completamente dependiente de la respectiva comunidad autónoma para su concreción.

Con respecto a la Ley de Haciendas Locales, aún reconociendo el avance que ha supuesto con relación a la situación anterior, es manifiestamente insuficiente para solucionar los problemas financieros de las entidades locales. Lo que sí se ha conseguido es que no pueda discutirse ya que las administraciones municipales están corresponsabilizadas fiscalmente, imponiendo y recaudando tributos tan importantes como el impuesto sobre bienes inmuebles, el de actividades económicas o el de vehículos, o cobrando los servicios que prestan a través de las tasas y precios públicos que fijan en sus ordenanzas.

Esta evolución, expresada en cifras del gasto público que realiza cada uno de los tres niveles estatal, autonómico, local, supone, según los últimos datos disponibles, que, tomando como partida los datos de 1982, el Estado ha pasado del 84,57% del total al 64,20%; las comunidades autónomas, del 6,08% al 22,40%, y las entidades locales, del 9,35% al 13,10%. Y llegados a este punto es necesario insistir en dos cuestiones que considero importantes para clarificar el debate en torno al pacto local que propugnamos los socialistas que servimos a nuestros conciudadanos desde las instituciones locales.

La primera cuestión es que reivindicar un mayor peso específico para las entidades locales en la gestión de los intereses generales de los ciudadanos responde a un principio de eficacia y en ningún caso a un planteamiento cicatero.

Histórica y tradicionalmente, los Ayuntamientos, por ser la administración más cercana a las necesidades de sus vecinos, han demostrado, en general, una mayor eficacia en la satisfacción de las mismas. Por otra parte, los socialistas siempre hemos concebido la ciudad como el ámbito de convivencia, solidaridad y participación ideal para profundizar el impulso democrático a nivel social y económico.

La segunda cuestión, a mi juicio de no menor importancia, es que ésta, como en tantas otras materias, cuando para progresar en una determinada dirección es preciso conseguir amplios consensos, no es recomendable utilizar como armas arrojadizas situaciones sacadas de su contexto, visiones localistas o partidarias, ni acusaciones que, por ejemplo, en comunidades autónomas colindantes se puedan volver contra quien las formula.

Quiere esto decir que el papel relegado y secundario de los municipios es un fenómeno generalizado en toda nuestra geografía autonómica. Y que las competencias para regular y desarrollar el régimen local que tienen todas las comunidades no se han utilizado todavía de manera que las entidades locales dejen de temer que, además del histórico centralismo estatal, se consolide un nuevo centralismo autonómico.

Entre los elementos para articular el debate municipal que, desde el consenso, considero más importantes está la necesaria definición de un ámbito de competencias propias de los municipios, acorde con las funciones que deben cumplir, que supere la ambigüedad actual y que no puede ser esencialmente diferente de unas comunidades autónomas a otras. Consecuentemente, hay que redefinir la participación de los municipios en el gasto público y la forma de financiarlo.

La reflexión que implica el anhelado pacto local ha de ocuparse también de las relaciones interadministrativas para que la autonomía de las respectivas instituciones no se vea mermada. Y muy especialmente habremos de interesarnos por los problemas singulares que se producen en este aspecto con las grandes ciudades, las comunidades uniprovinciales y la coincidencia dentro del mismo territorio municipal de los órganos de representación de los cuatro niveles de la Administración.

Cuestiones tales como el excesivo número de municipios españoles, algunos de ellos insostenibles desde el punto de vista económico, el incremento del número de concejales para los grandes municipios y los retoques al régimen electoral local que aconseja la experiencia son cuestiones que deberán abordarse para que nuestras ciudades puedan desempeñar con éxito los retos que nos plantea nuestra inserción en la Europa de las ciudades.

es candidato del PSOE a la alcaldía.