Pulso de alto voltaje

Dos años y medio. Éste es el tiempo que dura ya la polémica de las ayudas eléctricas, técnicamente denominadas "costes de transición a la competencia", cuyo foro de discusión se ha trasladado del espacio interno (enfrentamiento entre Industria y la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico) a Bruselas.Las ayudas se acordaron entre el poderoso club de las compañías eléctricas y el Ministerio de Industria en diciembre de 1996. Fue en el denominado Protocolo Eléctrico, que suponía un cambio importante en las reglas de juego del negocio eléctrico y, supuestamente, el principio del fin de los usos monopolistas del sector. Se pactaron 1,988 billones de pesetas a cobrar por las compañías en 10 años. Una cifra redonda que incluía los 300.000 millones de ayudas por consumo de carbón y destinada precisamente a compensar a las empresas por las inversiones realizadas con el anterior marco legal y que, supuestamente, no podrían recuperar con la aplicación de nuevas reglas del juego: separación de actividades y competencia.

La cifra provocó polémica desde su inicio. Apenas 60 días después del gran pacto de diciembre, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, el órgano independiente constituido para vigilar el funcionamiento del sector en competencia, ya advirtió de que, aun estando de acuerdo con el principio de las ayudas, discrepaba del volumen acordado. Un aviso de la gran pelea que vendría posteriormente y que fue determinante, entre otras cosas, para la dimisión de Fernández Ordóñez.

Tras el Protocolo Eléctrico empezaron los ensayos liberalizadores. En el horizonte, la negociación de la denominada Ley Eléctrica (Ley 54/97 del Sector Eléctrico), que se aprobó finalmente en diciembre de 1997 y que marcaba las reglas de apertura del mercado y la posibilidad de que los consumidores fueran ampliando la posibilidad de elegir suministrador. La Ley Eléctrica, en su memoria, recogía los 1,988 billones del protocolo, a cobrar en 10 años y en función de elementos como evolución de tipos de interés y consumo.

La Ley Eléctrica inició su andadura en 1998 con éxito discutible. Una parte importante de los objetivos de la ley no se estaba cumpliendo, ya que sólo un número muy escaso de grandes consumidores había decidido acudir al teórico mercado libre para negociar su factura de tú a tú con las compañías. La situación se mantuvo hasta septiembre. El titular de Industria, Josep Piqué, y su entonces número dos en el departamento, Nemesio Fernández-Cuesta, cerraron un nuevo acuerdo con las compañías para animar la competencia. El acuerdo se oficializó en septiembre de 1998, el mismo mes en que Fernández-Cuesta dejó la Secretaría de la Energía.

El acuerdo de septiembre del pasado año recogió una reducción de niveles de consumo para poder negociar suministrador (de 15 gigavatios a cinco gigavatios), una disminución de las denominadas tarifas de acceso y una reducción de tarifas del 2,5% como media en 1999, del 1% en el año 2000 y de otro 1% en el 2001. Las compañías aceptaban además una disminución de 257.000 millones en los denominados costes de transición a la competencia que, excluidos los incentivos al carbón, los situaba en 1,3 billones.

Apoyo del PP

Junto con los 1,3 billones se autorizaba a las compañías a titulizar la mayor parte de dicha cantidad, es decir, a cobrar por adelantado de los bancos un billón de pesetas. Los bancos, a su vez, colocarían títulos por dicho importe en el mercado y tendrían asegurada la cantidad adelantada con el 4,5% de la tarifa eléctrica. El acuerdo fue aprobado en el Senado, en solitario por el PP, mediante una enmienda a la Ley de Acompañamiento. Esta ley fue recurrida por el PSOE ante el Constitucional, que la admitió a trámite. El acuerdo levantó ampollas en la Comisión Eléctrica, que en época de gran consumo y bajos tipos consideró el adelanto del billón de pesetas como la conversión en hecho cierto y cuantificable de una simple posibilidad.

Estalló la pelea. Josep Piqué llegó a asegurar que la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico estaba politizada, aludiendo implícitamente al hecho de que su presidente, Fernández Ordóñez, había sido nombrado por el Gobierno socialista y a que sus argumentos, siempre documentados, estaban siendo ampliamente utilizados por la oposición. Fernández Ordóñez ganó la batalla de la opinión pública, pero tuvo que dimitir en abril pasado.