El PNV llama a la cultura del acuerdo tras el pacto presupuestario en Vizcaya

Después de tres años y medio sin ningún acuerdo institucional, nacionalistas y socialistas oficializaron ayer su pacto en la Diputación de Vizcaya y aprobaron definitivamente los Presupuestos forales para este año. El portavoz del PNV, Ignacio Etxebarria, lo valoró como la recuperación de la cultura del acuerdo entre 'diferentes grupos con diferentes visiones, pero con la base del diálogo'. Como estaba previsto, la abstención del PSE permitió al equipo de gobierno PNV-EA evitar una segunda prórroga y disponer de un presupuesto operativo de 806 millones de euros.

El pleno de ayer en la Casa de Juntas de Gernika fue bastante menos crispado que el primer debate sobre los presupuestos, celebrado hace dos semanas. Entonces, cuando se dilucidaba si iba a haber cuentas específicas para este año o una segunda prórroga, como en 2001, poco se habló del contenido presupuestario y el debate se centró en la polémica sobre el Concierto Económico. Ayer, en la sesión dedicada al trámite de las enmiendas parciales, los junteros vizcaínos polemizaron menos y abordaron directamente el contenido de los presupuestos forales.

El anterior debate en comisión había despejado el camino, con la aprobación de las nueve enmiendas planteadas por el PSE, la contrapartida negociada a la abstención de sus junteros, que permitió la aprobación de las cuentas para este año. Otras 269 propuestas de la oposición quedaron desestimadas.

El acuerdo PNV-EA-PSE, prácticamente cerrado desde mediados de noviembre, se traduce en cerca de 24 millones de euros (4.000 millones de pesetas) para partidas no contempladas en el proyecto original, entre las que destacan el incremento de la cantidad asignada para la renta básica -el fondo para las personas sin recursos- en 15,6 millones de euros (unos 2.600 millones de pesetas) correspondientes al pasado y al actual ejercicio, otros 5 millones de euros (825 millones de pesetas) para inversiones en obras públicas en la Margen Izquierda y otros 2,4 millones para suelo industrial en Sestao y el plan de recuperación de espacios urbanos en esta comarca. El acuerdo incluye otros compromisos futuros para impulsar la variante de Ermua, un centro de alto rendimiento para formación profesional y una red de elkartegis en la Margen Izquierda. A ello se une la entente entre los tres partidos para desarrollar la nueva variante que pretende aliviar la congestión de la A-8 a su paso por Bilbao, valorada en 480,8 millones de euros (cerca de 80.000 millones de pesetas) y que lleva aparejado la supresión del peaje en esta autopista a partir de junio de 2003, cuando termina la concesión actual.

Como en el anterior pleno, la oposición apenas habló del acuerdo entre socialistas y nacionalistas. Batasuna criticó que, con él, PNV y EA renuncian 'a la construcción nacional y social y se han acogido en brazos de la Constitución y el Estatuto'. Su portavoz, Sabin del Bado, reprochó que el PSE logra 'una pequeña participación de poder y estabilidad por encima del bien social'. El Partido Popular realizó una somera mención crítica a la postura socialista.

'Valor de acuerdo'

En cambio, el portavoz peneuvista, Ignacio Etxebarria, destacó que 'hemos creado un valor de acuerdo de diferentes grupos que tenemos diferentes visiones, pero sobre la base del diálogo'. Josu Montalbán (PSE) lo consideró 'muy positivo por los precedentes que crea'. Enfatizó que su grupo seguirá en la oposición y se mostró contrario a la formación de frentes políticos 'que no obedezcan a razones de principio'. Al término de la sesión, el diputado general Josu Bergara lo calificó como 'un hecho muy importante' para afrontar 'la incertidumbre económica que nos amenaza' y consideró deseable su traslado a otras instituciones. 'Puede servir para potenciar otro tipo de acuerdos', apuntó evitando mayores concreciones.

Sabin del Bado calificó las cuentas de 'regresivas', ya que 'no hacen frente a las necesidades sociales' ni 'refuerzan nuestra entidad como país'. 'Es un proyecto de derechas movido por intereses privados'. Nerea Llanos (Partido Popular) justificó su rechazo a las partidas de varios departamentos porque 'tienen un montón de carencias en cuanto a la organización de los gastos'.

Eugenio Iriondo (Eusko Alkartasuna) opinó que el rechazo a este proyecto 'cierra las puertas a la calidad de vida de los ciudadanos de Vizcaya', mientras que José Luis Conde, del Grupo Mixto y que dejará su cargo en las próximas semanas, censuró la falta de información sobre el fraude fiscal y que 'muchas de las partidas vayan a ser gestionadas por la iniciativa privada'.

El presupuesto operativo, el gasto disponible por los diez departamentos, será de 806 millones de euros (más de 134.000 millones de pesetas). La aprobación de las enmiendas del PSE obliga a un trasvase de partidas que beneficia con 15,6 millones de euros más a Acción Social y reduce en 9,8 millones el presupuesto inicial de Obras y Transportes, entre otros cambios.