Víctimas sin justicia

Junto a la iglesia de San Francisco de Zaramaga alguien había escrito con sangre la palabra "JUSTICIA" y habían puesto un zapato, unas piedras y dos trozos de rama formando una pequeña cruz. La intervención policial con gases lacrimógenos y armas de fuego para disolver una asamblea de trabajadores en una iglesia había provocado una tragedia aquel 3 de marzo de 1976: dos obreros asesinados directamente en el lugar de los hechos, cuatro heridos muy graves, de los cuales tres morirían, más de sesenta heridos graves, la mitad con heridas de bala, y cientos de heridos leves.

Vitoria, que durante dos meses había visto nacer y crecer un poder obrero que cuestionaba de raíz el dominio patronal y el entramado jurídico institucional a su servicio, mostraba al mundo el rostro mas brutal de la dictadura franquista sin Franco. Quisieron dar un escarmiento porque nuestra fuerza era imparable, la represión nos fortalecía, temían que lo que estaba pasando se generalizase y no podían permitir que nuestra lucha pusiese en peligro sus planes de reforma. Sin embargo, la respuesta de la clase obrera -más de cien mil personas en los funerales del día 5, más de medio millón en huelga en Euskal Herria el día 8- y las condenas y movilizaciones en el Estado y en el mundo impulsaron de forma decisiva la conquista de las libertades que hoy tenemos.

Los trabajadores alaveses queríamos más jornal, en contra del decreto de congelación salarial, exigíamos que la negociación se hiciera al margen del sindicato vertical, con los representantes que habíamos elegido directa y democráticamente, y reclamábamos mejores condiciones de trabajo. Las asambleas diarias, la coordinación de las empresas, la participación de miles de jóvenes y mujeres, la defensa de los trabajadores mas comprometidos, reclamando la readmisión de despedidos y la libertad de detenidos, configuraron una experiencia inolvidable. Además, se superaron los topes salariales, se reconocieron las asambleas y los representantes de los trabajadores, se readmitió a los represaliados, se potenciaron las asociaciones de vecinos frente a los primeros ayuntamientos democráticos, se impulsó la negociación colectiva en todos los ámbitos y aumentó la conciencia y organización obreras.

El mismo mes de marzo se unificaba la oposición antifranquista y en abril se imponía la celebración del primer congreso de un sindicato obrero, el de la UGT, siendo su primera decisión, por unanimidad, la de exigir la libertad de los cuatro delegados por Álava al Congreso, presos en Nanclares y Carabanchel, y la de los demás trabajadores detenidos tras el 3 de marzo. Poco después desaparecía el sindicato vertical, se legalizaban los sindicatos de clase y los trabajadores se organizaban masivamente para defender sus intereses.

Sin embargo, contradictoriamente, los dirigentes obreros fueron perdiendo la iniciativa política, renunciaron a la ruptura democrática, pactaron que los costos de la crisis económica recayeran principalmente sobre los trabajadores, aceptaron una ley de punto final que corría un tupido velo sobre cuarenta años de franquismo y legitimaron un déficit democrático responsable de que hoy, treinta años después, no haya ni verdad ni justicia, para ninguna de las víctimas del franquismo. Un contexto de impunidad porque no existe, de hecho o de derecho, responsabilidad penal de los autores de violaciones de los derechos humanos, ni tampoco responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria. Por eso, la Asociación de Víctimas y Familiares de Víctimas 3 de Marzo de 1976 ha visto sistemáticamente rechazados sus recursos y ha tenido que acudir a instancias internacionales.

El modelo de olvido pactado en nuestro país es único en el mundo. Nada que ver con lo ocurrido en Alemania, Italia o Portugal. En Argentina se declararon inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida que protegían a los responsables de violaciones de derechos humanos durante el último régimen militar. Modelos similares se siguieron en El Salvador, Guatemala o Uruguay y, por fin, se está consiguiendo sentar en el banquillo a un dictador como Pinochet.

La masacre del 3 de marzo fue en abuso y un crimen contra el derecho internacional y las víctimas fueron privadas de justicia, de reparación y del derecho a contar con recursos efectivos para hacer valer sus derechos. Negar la verdad y la justicia afecta de modo sustancial al derecho a obtener reparación. Y sólo afirmando el derecho a saber -que comprende el reconocimiento de la verdad, el deber de recordar para protegerla de las tergiversaciones de la historia y el deber de conservar los archivos- se garantiza la memoria colectiva respecto de los crímenes del pasado, tal y como acaba de establecer el informe de Amnistía Internacional Poner fin al silencio y la injusticia.

José Arturo Val del Olmo es miembro de las Comisiones Representativas del 3 de Marzo y autor del libro 3 de marzo, una lucha inacabada. Agustín Plaza Fernández es miembro de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo.