La justicia no se puede privatizar

Excelentísima señora Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, presidenta de la Comunidad de Madrid:

Es ya público y notorio que los abogados y abogadas del Turno de Oficio en Madrid estamos muy descontentos por el futuro del modelo público de esta prestación constitucional, por la dignificación de este servicio, y de los profesionales que lo prestan, por el cumplimiento puntual de las retribuciones a cargo de la institución que usted preside y porque esas prestaciones económicas sean justas y equitativas en función de la labor que realizamos, ya que el baremo que se aplica data del año 2003.

Quizás nuestras protestas y movilizaciones actuales puedan dar la idea engañosa de que nuestra insatisfacción se circunscribe a un mero interés mercantil. Nada más lejos de la realidad.

Este año, si usted no lo remedia, tendremos que trabajar gratis

Nos mueve, en primer término, la defensa a ultranza del modelo público de justicia gratuita, ya que estamos convencidos de que es el único que garantiza el derecho a la defensa y tutela judicial efectiva, sobre la base de la libertad e independencia de los abogados de oficio. Privatizar este servicio conllevaría el riesgo de que los adjudicatarios (grandes despachos) se guiaran por lógicos criterios mercantiles de productividad y beneficio, lo que sería incompatible con la necesaria atención personalizada de los asuntos de los ciudadanos que obtengan ese beneficio. Señora presidenta: no todo en esta vida se puede privatizar.

Pues bien, no se le oculta a usted que en 2008 ha habido 147.659 designaciones de oficio (400 diarias) para asuntos generales, 129.311 para la asistencia letrada y extranjeros (350 diarias), 162.355 consultas de asesoramiento a ciudadanos en los distintos servicios de orientación jurídica; es decir, un 27% de incremento con respecto al 2007.

Sin embargo, el presupuesto de su consejería para cubrir estas necesidades ha permanecido prácticamente congelado, de forma que si a estas fechas ustedes pagan lo todavía debido al Turno de Oficio en el 2008 (27.233.102 euros), dejan el presupuesto de 2009 prácticamente agotado.

Con estos datos resulta patente que el año en curso, si usted no lo remedia, los abogados de oficio tendremos que trabajar gratis. Por tanto, esta política sólo puede desembocar en un deterioro del servicio, ya que será imposible atender las justas condiciones materiales de ejercicio de la asistencia y defensa por los abogados.

Ese desajuste presupuestario y la persistente demora en el pago a los profesionales de oficio ha tenido que ser suplida por el Colegio de Abogados de Madrid mediante el llamado sistema de confirming (cuentas de crédito con entidades bancarias) que, a fin de cuentas, se traduce en que para cobrar lo que su Comunidad nos debe nosotros tengamos que pagar los intereses de las cantidades que nos adelantan los bancos, no sin riesgo financiero para nuestro Colegio, mayormente si la dieta oficial persiste.

Tengo que presumir que usted se ha imaginado que para salir de este atolladero lo mejor es la privatización de este servicio público, empezando por aplicar la tijera al volumen de designaciones de los extranjeros, es decir, su derecho de defensa y acceso a la justicia gratuita a aquellos que tienen comprometida su situación de libertad, en frontera o en territorio, exigiéndoles unos requisitos y cortapisas, para la concesión del beneficio, que son imposibles de cumplir para estas personas, pese a que la Ley les reconoce tales derechos.

Ahora bien, y por lo que respecta a la ciudadanía patria, bien es sabido que usted ya está ensayando el camino de la privatización, pues ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el concurso para la adjudicación privada del Servicio de Orientación Jurídica de Mayores, primer paso para privatizar el resto de los servicios de orientación, y dentro de esa fiebre privatizadora se encuentra el convenio que usted ha firmado con ciertos grandes despachos para que enseñen a los extranjeros las leyes fundamentales del Reino.

Con los respetos debidos, señora presidenta, por Ley está atribuida la gestión del Turno de Oficio a los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá, por lo que resulta improcedente que usted se meta en predio ajeno, por medio de las iniciativas liberales referidas.

En suma, ya ve usted que lo que principalmente nos preocupa no son los euros que su Comunidad nos debe, con ser muchos y legítimo reclamárselos, sino el derecho de defensa y tutela judicial efectiva de los justiciables pobres, sin discriminación, y con ello la libertad de defensa y la independencia de los profesionales de oficio.

En fin, señora presidenta, espero que usted tenga la amabilidad de explicarle a la ciudadanía madrileña cómo va a resolver su distinguida atención a los problemas del Turno de Oficio, y que sin ambages diga a los madrileños cuáles son las razones de peso que la mueven a privatizar este constitucional servicio publico. Gracias por adelantado.

Manuel Valero Yáñez es miembro de la junta directiva de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo).