El juez ordena abrir juicio contra la 'número dos' del PSM

La secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid (PSM), Trinidad Rollán, se sentará en el banquillo de los acusados. Así lo han acordado los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ven indicios de un delito de prevaricación administrativa. No será el único cargo público, porque también están imputados los otros 13 concejales del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz que formaban en 2001 el equipo de gobierno municipal. Rollán se negó a hacer declaraciones sobre la imputación hasta que comience el juicio, según explicaron fuentes del PSM.

Los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM creen que los 14 concejales pudieron cometer un delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal. Por tanto, se enfrentan a una condena de ocho años de inhabilitación especial para el desempeño de un cargo público. El hecho que se enjuiciará y para el que todavía no hay fecha se basa en el equipo de gobierno al frente del que estaba Trinidad Rollán, que aprobó un convenio urbanístico que supuso la venta de suelo municipal a la empresa Patrimonio Siglo XXI, SA, por un valor de 3,24 millones de euros. El secretario del Ayuntamiento, según el informe de calificación del fiscal, puso de relieve "la ilegalidad tanto de forma como de fondo del convenio suscrito".

Viviendas sociales

El convenio lo firmó el entonces concejal de Urbanismo Francisco Martín Rojas en la sede municipal el 14 de septiembre de 2001. Su fin era construir 107 viviendas de protección oficial, que actualmente están construidas y habitadas. El 26 de noviembre de 2001 el pleno del Ayuntamiento de Torrejón aprobó el convenio, que fue elevado a escritura pública el 20 de enero de 2002.

Los otros imputados son el propio Francisco Martín Rojas, Julia López Jiménez, María del Mar González Romero, Josefina Ginovart Amorós, María de los Desamparados Gallego Alfaro, Francisco Montero Almirón, Lucía Tizón Cuñarro, Valentín Gómez Goraz, Luis Ceres Rodríguez, Juana Fernández Rodríguez, Félix Ortega Arias y Juan Francisco López Gárate. Como también está imputada la diputada regional Esperanza Rozas Piñas y goza de aforamiento, el caso lo estudiará directamente el TSJM.De los otros 13 concejales imputados, nueve pertenecen al PSOE y los otros cuatro al Partido Demócrata Español (PADE). Los magistrados del TSJM creen que hay "indicios racionales de criminalidad". Por ello, los jueces creen que debe abrirse la vista, para que se produzca "el debate necesario y esclarecedor propio del juicio oral". Contra esta decisión no cabe recurso alguno.

Trinidad Rollán no quiere hacer declaraciones hasta que empiece el juicio o haya una sentencia. Este periódico intentó, sin éxito, conseguir la versión del secretario general del PSM, Tomás Gómez.

Los que sí hablaron fueron los concejales socialistas a través de un comunicado de prensa. Los ediles recordaron que no están acusados "ni de beneficiarse ni de enriquecerse personalmente". "Se trata de una posible prevaricación urbanística, es decir, si se ha adoptado una resolución jurídica injusta a sabiendas. Mediante este acuerdo plenario los 14 concejales salvaron la construcción de 107 viviendas de integración social y permitieron llevar a cabo la construcción de otras 390 viviendas públicas", relatan los afectados.

Los concejales recuerdan que existía un informe jurídico favorable al convenio firmado por parte de la abogada del Ayuntamiento, lo que también se tradujo en un ingreso de 559 millones de pesetas (3.359.000 euros) para equipamientos sociales en el municipio. Según su versión, el secretario y el interventor no hicieron informes "durante la larga tramitación del procedimiento, confundiendo a los concejales, ya que no pudieron conocer ni valorar sus informes antes del pleno". "Los concejales del PSOE actuaron como siempre han trabajado honestamente y al servicio del municipio y de los intereses generales. Esto se demostrará evidentemente en el juicio", concluyen.