Grandes inversores accionistas del BBVA expresan su malestar al banco por ‘caso Villarejo’

En el orden del día de la junta que se celebrará en Bilbao no aparece ninguna mención al escándalo de las escuchas que supuestamente se realizaron en 2004 y 2005 para proteger al entonces presidente del BBVA, Francisco González, del ataque de la constructora Sacyr. Sin embargo, nadie duda de que será el tema que marcará esa cita por las intervenciones de los accionistas, que arrastran, además, una caída de la cotización del 25% solo en los últimos doce meses.

Al margen de lo que digan los pequeños accionistas, los grandes, los dueños más poderosos del banco, también se están moviendo. Algunos de esos fondos de inversión, fondos de pensiones o compañías de seguros, que piden el anonimato, se han dirigido al banco para expresar su malestar por una situación que se alarga desde junio de 2018, cuando se conocieron las primeras facturas pagadas a Villarejo. Otros inversores, admiten estar muy pendientes de lo que está pasando, según tres fuentes distintas.

Fuentes del BBVA señalaron que la entidad ha realizado una gira internacional para explicar los resultados de 2018 ante los analistas e inversores y que no se les ha trasladado este tipo de preocupaciones.

Juan Prieto, director general de Corporance, empresa que asesora a grandes inversores, admite que algunos de sus clientes “están a la espera del resultado de la investigación interna del BBVA y confían en que el banco tome las medidas oportunas si se demuestra que ha habido actuaciones incorrectas”. En su opinión, “las consecuencias, en caso de que se demuestren las irregularidades, deberían afectar a la presidencia de honor, que ocupa Francisco González, y a su cláusula clawback”, que supondría la devolución de los bonus cobrados o pendientes de pago.

Bajo el foco del BCE y la justicia

Los inversores institucionales ven con preocupación que el banco mantenga abierto este riesgo reputacional tras casi nueve meses de investigación. Recuerdan que el Banco Central Europeo (BCE) ha reclamado “rapidez” para evitar la pérdida de reputación, en un sector cuya imagen está en horas bajas.

Estas fuentes entienden que el banco debe estar por encima de las personas y alguno de ellos critica, en privado, que el actual presidente, Carlos Torres, haya apostado públicamente por la inocencia de González antes de que se conozca el resultado de la investigación que realiza PwC.

Por otro lado, la deriva judicial es otro riesgo abierto porque podría suponer que alguno de los actuales directivos tuvieran que declarar en los tribunales. A los consultados les gustaría que se acelerara el cierre de la investigación y creen que sería conveniente llegar a la junta con el tema resuelto, algo que parece difícil de cumplir. “La junta será una caja de resonancia para los problemas del BBVA y eso no es bueno para la entidad”, señalan estos inversores.

En la junta sí se votará el nombramiento de Torres y su salario. En este sentido, Corporance, miembro para España y Portugal de la alianza de asesores Expert Corporate Governance Service (ECGS), cuyas opiniones llegan a más del 10% del capital del BBVA, pedirá el voto en contra del sueldo de la alta dirección.

ECGS, denominados proxy advisors, cree que la remuneración (sueldo base + bonus + pensión) del presidente y del consejero delegado es excesiva y contraria a las prácticas del buen gobierno. También están en contra de lo que perciben los consejeros independientes y en particular del consejero coordinador, “cuya retribución cuestiona su verdadera independencia”. Esta firma asesora a inversores suizos, alemanes y franceses, que una vez leídas sus opiniones, votan según su criterio.