El precio mayorista de la luz cierra junio al valor más alto de la historia

El precio mayorista de la electricidad ha alcanzado una media de 83,3 euros el megavatio/hora (MWh), lo que supone el nivel más alto de la historia, superando así el precio récord que hasta ahora era de 71,49 euros en el mes de enero de 2017. Los precios para este miércoles tendrán una media de 93,89 euros MWh, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (Omie), con un máximo de 99,93 y un mínimo de 85,92 euros. El precio mayorista supone en torno al 25% del recibo de la luz.

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Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el precio de la luz se ha incrementado un 16% desde mayo, alcanzando ese nuevo máximo histórico en un mes. La asociación advierte que las consecuencias de esta subida en la factura serán “importantes”, ya que el recibo para un hogar medio (4,6 kilovatios de potencia y 292 kilovatios/hora de consumo mensual) será de 69,3 euros, prácticamente igual que la del mes de mayo y un 28% más caro que el de junio del año pasado.

La pasada semana, el Gobierno aprobó la aplicación de la reducción del IVA del 21% al 10% que temporalmente se va a producir hasta final de año, mientras los precios mayoristas no sean inferiores a 45 euros por MWh. La asociación estima que si no se hubiera aplicado esta reducción la factura con el IVA del 21% se elevaría a 76,3 euros y habría sido ”sin duda la factura más cara de la historia”. La factura que un hogar medio soporta es un 22% más cara que el año pasado, con unos 72,4 euros; “es decir prácticamente el equivalente a 40 días de consumo eléctrico” con los precios del año pasado.

Por otra parte, la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha valorado “favorablemente” el mecanismo propuesto por el Gobierno para frenar la sobrerretribución de las nucleares e hidroeléctricas, los denominados beneficios caídos del cielo, por el encarecimiento del CO2 que no soportan estas dos tecnologías; pero pide librar del recorte a las instalaciones eólicas y las plantas de bombeo anteriores a 2005 que se habían incluido. Asimismo, pide ajustes para eliminar posibles impactos sobre el precio del mercado mayorista y propone que los ingresos obtenidos sirvan para reducir el coste de la energía y no se consideren ingresos regulados.

La CNMC plantea que se excluya del ámbito de aplicación a las tecnologías que son “contestables”, es decir, que tienen competencia, a diferencia de la gran hidroeléctrica y los reactores nucleares. Pide que el mecanismo solo se aplique a aquellas plantas para las que “no parece probable ni viable la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de la misma tecnología y características (nucleares, grandes hidroeléctricas), tales que puedan competir en el mercado con las ya existentes, empujando los precios a la baja”.

El recorte afectaría a unos 1.500 MW eólicos, cifra que irá aumentando en los próximos años hasta los cerca de 8.000 en 2026, a medida que esos parques dejen de recibir una retribución regulada; y a otros 5.000 MW de bombeo. Se trata de instalaciones que, a diferencia de gran hidráulica y nuclear, sí son “contestables” y “ven limitada su capacidad de obtener una sobre-retribución, debido a que la incorporación de nuevos entrantes hará que se incremente la competencia en el medio plazo, llevando los precios de mercado a unos niveles más bajos”.

Según la CNMC, “cabría plantearse la introducción de un criterio de ausencia de contestabilidad de las instalaciones en la determinación del ámbito subjetivo de la medida que permita excluir a las instalaciones contestables”. “Se considera que la modificación del ámbito, incorporando el requisito de ser una tecnología no contestable, encaja de una forma más adecuada con el objeto de la medida y con la racionalidad económica”.

El organismo considera también “especialmente relevante” que se consideren sus propuestas para eliminar los posibles impactos del mecanismo sobre el precio del mercado mayorista. Cree “conveniente” que el mecanismo se ajuste “en determinados aspectos que aseguraran la eliminación de cualquier distorsión que pueda afectar al comportamiento de los sujetos en el mercado eléctrico”: en lo referente a la “posible internalización en las ofertas de la generación afectada por la minoración de ingresos”; la minoración de los ingresos del bombeo o su efecto en los contratos ya existentes, para los que plantea aplicar un periodo transitorio para que el mecanismo entre en vigor de manera gradual.

La CNMC propone también que en lugar de considerar los ingresos obtenidos con la futura ley como ingresos liquidables del sistema eléctrico (lo que permitiría sufragar costes regulados como las primas a las renovables, según la propuesta del Gobierno, y reducir los llamados cargos que fija el Ejecutivo), estos sirvan para reducir el coste de la energía del consumidor eléctrico, ya que es quien está realmente soportando el sobrecoste de los derechos de emisión del CO2 que se repercuten en el precio del mercado.

El anteproyecto, que persigue rebajar un 5% la factura de la luz, supondría un impacto de 1.000 millones para las eléctricas, que lo han rechazado. La CNMC advierte de que “la rápida subida del precio de los derechos de emisión en los últimos meses no se trata de un fenómeno coyuntural, sino que, por el contrario, responde a los objetivos de la política medioambiental europea”.