Reformas y fondos europeos

Europa aprendió la lección de los errores de la crisis anterior y su gestión del impacto de la pandemia ha sido similar a la de Estados Unidos. El BCE cortó de raíz la inestabilidad financiera y ha permitido financiar el mayor aumento de la deuda pública en un año de la eurozona. Y se aprobó un plan fiscal sin precedentes financiado con deuda pública europea, para aliviar la presión sobre las deudas públicas de los países, especialmente los más endeudados.

La condicionalidad para recibir esos fondos europeos es hacer reformas y no un ajuste fiscal, como sucedió en 2010. El Gobierno de España ha presentado su plan, que la Comisión Europea ha valorado positivamente al estar muy bien orientado a los objetivos de digitalización y sostenibilidad exigidos. Una reforma que ha iniciado el Gobierno y que está teniendo poco impacto en los medios es aprobar varias leyes para facilitar el aumento del tamaño empresarial. Esto permitiría mitigar una patología de la economía española, que es el bajo crecimiento de la productividad, principal causa de nuestra precariedad salarial y de la desafección social de los españoles.

Las empresas españolas de más de 50 trabajadores que compiten en los mercados internacionales tienen niveles de productividad y eficiencia similares a sus homólogas de otros países. Pero España tiene un peso muy elevado de micropymes de menos de 10 trabajadores que tienen muy baja productividad y explican la mayor parte de la precariedad salarial en España.

Había dos causas principales que explicaban el pequeño tamaño de las empresas españolas: la mala calidad empresarial y un sistema financiero que canaliza la mayor parte del ahorro al ladrillo y que invierte muy poco dinero en capital y deuda en las empresas innovadoras con mayor potencial de crecimiento. Desde la crisis de 2008 ha emergido una nueva generación de empresarios innovadores con visión global y ambición de crecer y crear empleo. Ahora el Gobierno toma medidas que permitirán facilitarles su crecimiento al desarrollar el mercado de capitales para que no tengan que irse fuera de España a financiarse y acaben creando el empleo en otro país. Incentivos fiscales, visado para nómadas digitales, un plan muy ambicioso del ICO para invertir en capital en esas empresas, etcétera.

El ICO es el principal inversor en capital innovador, lo cual indica que tenemos un problema. Nuestros inversores institucionales privados que canalizan el ahorro de los españoles invierten una décima parte que los de EE UU en estas empresas y una tercera parte que nuestros socios europeos.

La última medida ha sido rebajar el límite de inversión a los 10.000 euros, desde los 100.000 anteriores. Esto democratiza la inversión y ofrece a los ahorradores una alternativa a invertir en deuda pública a tipos negativos con la inflación al 4%. Sin ser conscientes estarán contribuyendo a aumentar el PIB, el empleo y los salarios, lo cual permitirá generar más ingresos públicos para devolver las hipotecas de las dos últimas crisis y el Estado dispondrá de más dinero para financiar la sanidad, la educación y las pensiones.