Los auditores advierten de que el 92% del gasto de los Ayuntamientos no se audita

Los auditores reclaman un refuerzo de las auditorías públicas. Con las elecciones locales y autonómicas muy cerca —se celebrarán el último domingo de mayo—, la asociación mayoritaria de auditores solicita más recursos para poder intensificar las revisiones de cuentas, ya que el 92% del gasto público de los Ayuntamientos no pasa ningún tipo de control, según se recoge en el Informe sobre auditoría del Sector Público en España, publicado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).

En el documento publicado este miércoles, se analiza el tipo de control del gasto público de las Administraciones. En el caso de aquellas de ámbito estatal, la institución puntualiza que están “relativamente controladas”, pero alerta de que en el ámbito autonómico y local la situación es “desfavorable”. En el sector público local, es decir, Ayuntamientos, Diputaciones, cabildos o consejos insulares, tan solo 12 de los 149 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes han indicado que están auditando las cuentas anuales de sus entidades instrumentales. En el nivel autonómico el documento recoge que desde 2018 las auditorías de regularidad —aquellas que se centran en las cuentas públicas y las finanzas— no se realizan de forma generalizada y tan solo un 10% del total son actualmente de este tipo.

Por comunidades autónomas, son País Vasco, la Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, Navarra, Aragón y Asturias quienes más revisan dónde se invierte el dinero. Las posiciones más retrasadas de esta lista las ocupan Castilla-La Mancha, Cantabria, la Comunidad de Madrid y Extremadura. En las mejor situadas, el informe destaca que supervisan la mayor parte de su gasto público y, a su vez, coordinan estas inversiones con la planificación de auditorías, lo que incrementa la eficiencia de los procesos.

Durante la presentación de la 14ª Jornada de Auditoría del Sector Público, el presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, Antoni Gómez, abogó por que se instauren “auditorías sistemáticas y regulares”, sobre todo en las administraciones locales y pidió, de cara a las elecciones, un aumento de las inversiones para mejorar los medios que tienen a disposición los inspectores. Desde el sector reclaman que en los municipios de cierta dimensión estén obligados a realizar una auditoría anual de cuentas. “Se debería empezar por los municipios de más de 100.000 habitantes e ir ampliando esta obligación de forma progresiva al resto de grandes municipios”, apuntó Ferrán Rodríguez, presidente del ICJCE.

Desde el sector también reclaman un aumento de los recursos destinados a los tribunales de cuentas y a los Órganos de Control Externo (OCEX). En la misma línea han hablado de potenciar la intervención y a la colaboración público-privada para ampliar la cobertura del servicio en un país con un “alto nivel de descentralización administrativa”, como es España. Esto se traduce en mayores dificultades a la hora de abordar la fiscalización y el control.

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