La pensión media de jubilación roza los 1.400 euros al cierre del año, tras aumentar un 9,4%

La Seguridad Social ha pagado este mes de diciembre un nuevo récord de 12.120,8 millones de euros para el abono de la mensualidad ordinaria de las 10,1 millones de pensiones del sistema a 9,15 millones de pensionistas (alrededor de un millón de ellos reciben dos prestaciones). Según estas cifras, publicadas este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media de jubilación del sistema (que incluye todos los regímenes) roza al cierre del año los 1.400 euros mensuales en 14 pagas (1.378 euros al mes en concreto), tras incrementarse un 9,4% en 2023. Este aumento se debió fundamentalmente al cumplimiento de la ley que obliga a revalorizar las pensiones con el IPC (un 8,5% este año) y a la mejora de la cuantía de las nuevas prestaciones por las mejores carreras de cotización.

De esta forma, en 2023 la Seguridad Social ha pagado pensiones contributivas por valor de algo más de 168.000 millones incluyendo las dos pagas extraordinarias. Si bien a esto hay que añadir los casi 20.800 millones que el sistema también ha abonado este año para el pago de las pensiones de clases pasivas (de los funcionarios). Sumando ambos conceptos, el dinero destinado solo a las pensiones contributivas del sistema público en el presente ejercicio (sin contar las pensiones asistenciales) asciende a unos 189.000 millones. Esta cuantía ha experimentado una fuerte subida, cercana al 11%, debido al efecto de la revalorización con el IPC antes citado, a la mayor cuantía de las nuevas pensiones —que son cerca de un 20% más altas que las que se dan de baja del sistema— y al aumento del número de prestaciones, que en su totalidad crecen un 1,17%, pero que en el caso de las de jubilación (siete de cada diez pensiones del sistema) aumentan un 2%, por el inicio de las jubilaciones de los nacidos en el baby boom.

Con estas cifras ya se puede estimar, sin temor a equivocarse, que el gasto solo en pensiones contributivas de todo el sistema público (aquellas a las que se tiene derecho por haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social, dos de ellos en los últimos 15 años) superará por primera vez los 200.000 millones el próximo año. Esta cifra se obtiene tras aplicarle una revalorización del 3,8% al gasto de este año para actualizar las prestaciones con el IPC promedio de 2023 y sumando el mayor número de pensiones previsto y sus mayores cuantías por las mejores carreras de cotización. Con ello, también se incrementará el actual gasto en pensiones sobre el PIB, que se sitúa en el 11,5% sin contar las prestaciones de los funcionarios y supera ampliamente el 12% si se cuentan.

Radiografía de los actuales pensionistas

Con las cifras ya cerradas de este año, se observa que la pensión media por regímenes del sistema oscila entre los 1.533,9 euros mensuales que cobran en promedio los jubilados del régimen general de asalariados y los 918,2 euros mes de jubilación media de los autónomos. En la Minería del Carbón, la media de jubilación mensual se sitúa en 2.688,9 euros, y en el Régimen del Mar es de 1.528,4 euros. La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de noviembre de 2023 (último dato) a 1.398 euros mensuales, tras incrementarse un 1,4% respecto a hace un año. En el caso de las nuevas altas del Régimen General estas se sitúan en el entorno de los 1.500 euros mensuales. Mientras que la pensión media de viudedad —que cobran 1,5 millones de personas, el 90% mujeres— es de 854,7 euros al mes. Según todo esto, la pensión media del sistema, teniendo en cuenta todos estos tipo de prestaciones, cierra el año en casi 1.200 euros mensuales en 14 pagas.

La pensión con más beneficiarios es la de jubilación, con 6,3 millones de personas (el 60,1% son hombres y el resto mujeres); a las de viudedad (1,5 millones de perceptoras) le siguen casi un millón de beneficiarios de la prestación de incapacidad permanente; 323.140 de orfandad, y 44.891 en favor de familiares.

Las cifras conocidas hoy reflejan también la solidaridad del sistema contributivo de pensiones español, ya que se observa que más de dos millones de pensiones (el 21,2% del total) reciben los denominados complementos a mínimos. Se trata de una ayuda que completa las pensiones de los trabajadores que han cotizado los años suficientes pero no la cuantía necesaria para recibir la pensión mínima legal, con lo que este complemento les hace que lleguen a dicha prestación mínima.

Esta parte solidaria de dichas pensiones se abona desde hace años con impuestos en lugar de cotizaciones y representa más de 6.000 millones de euros anuales del gasto en pensiones. En el caso de las mujeres, el 27% del total de beneficiarias de una pensión cobra complementos a mínimos, mientras que en el caso de los beneficiarios varones, solo reciben esta ayuda el 15% del total de perceptores, debido a que estos últimos han tenido vidas laborales de mayor calidad que las mujeres. No obstante, la mejora en general de las carreras de cotización está haciendo que los complementos a mínimos, que llegaron a recibir casi el 30% de los beneficiarios de una pensión en décadas anteriores, vayan reduciéndose cada año.

El otro complemento que mejora las pensiones fundamentalmente de las mujeres trabajadoras que han tenido hijos es el de la brecha de género. En diciembre, 640.675 pensiones incluyeron esta ayuda, siendo en el 90,6% de los casos percibido por mujeres. El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 65,3 euros. De las 640.675 pensiones complementadas, el 23,3% corresponde a pensionistas con un hijo (149.212); el 47,1% de los beneficiarios cuentan con dos hijos (301.750); el 19,2%, con tres (123.264), y con cuatro hijos, el 10,4% (66.449).

El complemento de brecha de género, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija que, tras la revalorización aplicada en 2023, es de 30,40 euros al mes por hijo. Se solicita a la vez que la pensión. Este complemento tuvo que ser rediseñado por el último Gobierno socialista después de que en 2019 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarara discriminatoria la ayuda similar creada por el Ejecutivo del PP en 2016.

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