Airbnb y Booking eluden responsabilidades en la oferta ilegal de pisos turísticos tras la investigación lanzada por Consumo

La apertura de una investigación por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, para perseguir la publicidad de viviendas turísticas sin licencia ha soliviantado a Airbnb y Booking. Las dos grandes plataformas que controlan el mercado en España se ven señaladas —aunque el ministerio no ha dado el nombre de ninguna empresa en concreto— como responsables de algo, la oferta ilegal, que en su opinión no es de su incumbencia.

En un comunicado remitido a la prensa este miércoles, después de que la noticia fuera adelantada por EL PAÍS, el departamento dirigido por Pablo Bustinduy señalaba que ha enviado requerimientos de información a “las principales plataformas” de alquiler turístico “para obtener datos sobre las viviendas que se anuncian en estas plataformas para identificar quiénes son los arrendadores, en qué condiciones de arrendamiento están y si los propietarios poseen o no licencias para su uso turístico”. Ambas plataformas negaron este miércoles haber recibido por ahora ninguna notificación por parte de la Dirección General de Consumo y mostraban su perplejidad ante el anuncio del Gobierno. “Hasta el día de hoy, Airbnb no tiene constancia de la recepción de ningún requerimiento de información por parte del Ministerio de Consumo. Airbnb es un buen socio de las autoridades y siempre pide a los anfitriones que certifiquen que cumplen con las leyes locales y que cuentan con los permisos necesarios antes de anunciarse en la plataforma. Airbnb ha apoyado la nueva normativa aprobada por la UE que establece un marco para que Gobiernos y plataformas compartan información, lo que dará a las autoridades más visibilidad sobre la actividad de los anfitriones y facilitará unos sistemas de registro más simples y centralizados”, señaló la plataforma estadounidense en un comunicado.

Tanto Airbnb como Booking consideran que el Ejecutivo está identificando a las plataformas como responsables de la oferta ilegal y alegan que una sentencia del Supremo, hecha pública en enero de 2022, las desliga por completo. Ese fallo señalaba que “la información del anuncio, incluido el correcto número de registro cuando es necesario, es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia”. Y señalaba que Airbnb, la plataforma denunciada, “es un intermediario neutro de los servicios de la sociedad de la información y no debe considerarse un proveedor inmobiliario ni un prestador de servicios turísticos”.

Tanto Airbnb como Booking apuntan que la única responsabilidad legal que tienen es la de responder a los requerimientos por parte de las Administraciones públicas una vez que hayan detectado irregularidades, anuncios sin número de registro o falsedades en los mismos. “Nosotros no supervisamos ni controlamos la oferta, solo estamos obligados a responder a todas las solicitudes y retirar toda la oferta que se constate que no cumple con la ley”. En Booking explican que tienen activado desde el pasado enero el denominado Portal de Autoridades, un espacio de interlocución con las distintas Administraciones de los sitios en donde operan. Una vez estas se dan de alta en el citado portal, pueden remitir las pertinentes denuncias para que sean revisadas por la plataforma.

La presión al Ejecutivo central, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que controlen el fenómeno de los pisos turísticos está arreciando en los últimos meses al calor de brotes de turismofobia, como las manifestaciones multitudinarias en las siete islas del archipiélago canario y algunas réplicas más recientes en Baleares. El rechazo al turismo masivo coincide además con una reducción general de la oferta de vivienda de alquiler, particularmente en las seis grandes autonomías turísticas (Canarias, Baleares, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid), y con el encarecimiento de la misma. Esto ha expulsado a muchos colectivos, especialmente a los más jóvenes, del mercado inmobiliario y agudiza la enorme crisis de accesibilidad a la vivienda que atraviesa España.

En la ultima Conferencia Sectorial de Vivienda, celebrada a finales de mayo, la ministra Isabel Rodríguez anunció que su departamento, junto con el de Industria y Turismo, adelantarán el cumplimiento del nuevo reglamento europeo. Esto se traducirá en la creación de una plataforma estatal con las comunidades autónomas para compartir los datos y las normativas sobre estos alojamientos, a fin de combatir el fraude. “Airbnb ha liderado las conversaciones y ha reclamado un enfoque a escala comunitaria para conseguir normas más coherentes en toda la UE. La prioridad pasa ahora por expandir la colaboración con ciudades y gobiernos de países de la UE, con el fin de brindar apoyo a las familias que ejercen de anfitrión y ayudar a encontrar soluciones en problemáticas locales, tales como la escasez de vivienda”, responden en la plataforma.

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