Las playas privadas de Italia van a la huelga contra la revisión de concesiones

Las sombrillas y las tumbonas han permanecido cerradas, a primera hora de la mañana del viernes, en buena parte de las playas privadas de Italia en señal de protesta contra la decisión del Gobierno de sacar a concurso público la explotación de estos espacios, en aplicación de la normativa europea.

La huelga de los gestores de las playas privadas, que ha durado dos horas, desde las 7.30 de la mañana a las 9.30, la franja menos concurrida del día, ha sido más un gesto simbólico que efectivo y ha tenido un seguimiento desigual en las distintas regiones del litoral italiano.

Los denominados “establecimientos playeros” en Italia representan una parte importante del litoral del país. Según un estudio del Ejecutivo del año pasado, ocupan el 33% de las playas y tramos de costa rocosa que forman parte del dominio público. Estos espacios no se pueden vender, sino solamente dar en concesión, y en ellos los encargados colocan tumbonas, sombrillas, chiringuitos, baños y otros servicios.

La concesión de las playas es una cuestión tradicionalmente ardua en el país transalpino y no existe una normativa nacional que regule la cuestión. Las licencias se otorgaron hace décadas sin concurso público y desde entonces se han ido renovando de forma automática, casi siempre a los mismos propietarios y familias, que pagan unos alquileres muy bajos, más aún si se comparan con las elevadas ganancias que obtienen. Este sistema ha favorecido en numerosas ocasiones las infiltraciones de las mafias en la gestión de las playas. La última prórroga la autorizó el Gobierno de Giorgia Meloni en 2022 y contemplaba una extensión de las licencias hasta finales de 2024. En ese momento o principios de 2025 deberían realizarse los concursos públicos, de acuerdo con la directiva Bolkestein de 2006 de la Unión Europea que obliga a licitar estos espacios. Italia nunca lo ha hecho. El asunto es tan enmarañado que ningún Gobierno en las últimas décadas se ha atrevido a dar el paso, posiblemente por la gran influencia y fuerza que tienen los gestores —que ocupan a un elevado número de empleados— en términos electorales tanto a nivel local como nacional.

La mayoría de los gestores de los establecimientos playeros se opone a las licitaciones y también buena parte de los líderes políticos. La propia Meloni se ha declarado siempre contraria a esta práctica, pero ahora no ha podido evitar alargar más la fecha para sacar a concurso las concesiones para aplicar la normativa Europea. Italia ha sido sancionada por esta cuestión en numerosas ocasiones y en 2020 la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra el país transalpino, aunque en la práctica, no ha habido consecuencias.

En Italia, cada vez son más las instituciones que presionan para que se convoquen concursos públicos. En 2023, el Consejo de Estado, el máximo organismo de la justicia administrativa en Italia, que ya se había pronunciado con anterioridad en la misma línea, reafirmó que las concesiones deberían expirar en diciembre de 2023 y que prolongarlas un año más es ilegítimo. A inicios del año pasado y en enero de este año el presidente de la República, Sergio Mattarella, envió una carta a los presidentes de las Cámaras y a la primera ministra en la que subrayaba que las prórrogas de las concesiones son incompatibles con el derecho europeo y con las sentencias del Consejo de Estado.

Los propietarios de los establecimientos playeros que han participado en la huelga denuncian, en particular, la falta de criterios nacionales en materia de licitaciones, por lo que cada autoridad local puede fijar las normas de forma independiente, lo que ocasionaría un trato desigual entre unas localidades y otras. Además, las asociaciones de comerciantes piden compensaciones económicas para los concesionarios salientes que perderán sus concesiones debido a los concursos públicos.

La cuestión es tan divisiva que ni siquiera en los datos del seguimiento de la huelga las diferentes facciones se ponen de acuerdo. Los sindicatos organizadores hablan de un seguimiento del paro del 80%, mientras que las asociaciones de consumidores hablan de un “fracaso” y de “adhesiones por debajo de las expectativas”.

El Gobierno recaudó en 2019 unos 115 millones de euros con la venta de licencias de explotaciones de las playas, mientras que se estima que los establecimientos playeros facturan unos 15.000 millones de euros anuales. Los precios de las sombrillas y tumbonas rondan los 30 euros diarios por persona y se han encarecido notablemente en los últimos años. El líder del partido Azione, Carlo Calenda, ha denunciado que algunos gestores pagan unos 4.000 euros al año por la concesión de una playa, un importe similar al que cuesta un pase de los meses de verano para una familia.

Algunos activistas y ciudadanos, reunidos en la asociación Mare Libero, han comenzado a organizar protestas en las playas reclamando el derecho a utilizar un bien público libremente y sin pagar. Lo que están haciendo es colocar sus sombrillas y toallas en las playas gestionadas por los comerciantes privados y divulgando la sentencia del Consejo de Estado en la que declara ilícito prorrogar las concesiones.

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