Interior desoye a hoteles y agencias de viajes y activará el lunes el nuevo registro de viajeros sin cambios

La rebelión de hoteles y agencias de viajes contra el nuevo registro de hospedaje y alquiler de vehículos y la amenaza de llevarlo a los tribunales no ha surtido ningún efecto en el Ministerio del Interior, el organismo encargado de desarrollarlo. Fuentes de ese departamento han precisado esta mañana que las nuevas obligaciones que tendrán que asumir hoteles y agencias de viajes, en las que tendrán que facilitar hasta 42 datos de los viajeros, se activarán el próximo lunes 2 de diciembre al entrar en vigor el real decreto que las desarrolla y que ya había sufrido tres prórrogas. Esas mismas fuentes han confirmado que a partir del lunes se abrirá un plazo de audiencia pública, estimado en dos semanas, para someter a consultas el borrador de orden ministerial con el que se desarrolla el real decreto.

En el otro lado, hoteles y agencias de viajes se sienten ignorados por el Ejecutivo al que critican por su falta de interlocución, mientras que desde Interior aportan una versión diametralmente opuesta. “Tres prórrogas y dos años para adaptarse al nuevo marco es tiempo más que suficiente. Se han mantenido muchas reuniones con las empresas, se les ha escuchado y se ha tratado de atender sus reivindicaciones con las distintas moratorias”.

Frente a las alertas del sector del turismo sobre el impacto negativo que estas nuevas obligaciones tendrán en las empresas y sobre la imposibilidad de aportar datos de los que no disponen, Interior ha priorizado la seguridad ciudadana para poner en marcha el nuevo registro. “Este registro es un instrumento policial, de cara a la lucha contra el terrorismo y la comisión de delitos. Conocemos que en el modus operandi de las organizaciones criminales es indispensable la logística de vehículos a motor y del alojamiento”.

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska justifica las nuevas obligaciones por los importantes resultados que se han obtenido en los dos años en los que lleva en vigor la plataforma para que los propietarios de alojamiento y las plataformas que los comercializan compartan datos de forma voluntaria y que a partir del lunes se convertirá en una obligación. “En ese tiempo se han identificado 61.540 establecimientos hoteleros, 1.094 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y 1.720 empresas de alquiler de vehículos a motor, mientras que se han registrado 4,7 millones de datos de usuarios. Todos estos datos se han traducido en operativa policial que ha permitido identificar a 18.584 personas que figuraban en bases de datos o en el sistema de información Schengen para activar órdenes de búsqueda y captura”.

Desde el Ejecutivo se rebaten toda las denuncias de hoteles y agencias de viajes y rechazan que las empresas vayan a perder competitividad, que vayan a tener que asumir costes adicionales por aportar datos “que forman parte de su operativa” y que vayan a tener que afrontar multas millonarias por su “incapacidad” para aportar datos. “En el registro solo se contemplan infracciones graves y leves y se han obviado las muy graves incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana. Las leves se castigaran con sanciones de 100 a 600 euros solo si son irregularidades continuadas, mientras que las graves, con multas desde 601 a 30.000 euros se impondrán por la carencia de registro y por la omisión completa de información. No tenemos finalidad recaudatoria y queremos mantener unos parámetros de seguridad que nos permita ser uno de los países más seguros del mundo”.

Ante la falta de cambios, hoteles y agencias de viajes preparan su ofensiva legal para frenar el nuevo registro. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, que representa a 15.000 unidades alojativas en España, ya ha avanzado cuál será su estrategia de defensa. Y su principal argumento es la sentencia C-817/19 del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), fechada 21 de junio de 2022, en la que se incide en que las medidas de tratamiento masivo de datos personales previstas en el real decreto vulneran las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad, entre los que se encuentran los incluidos en los medios de pago.

La segunda línea de defensa se centra es que la norma se quiere aprobar por la vía del decreto ley. “Nuestros asesores ya nos han asegurado que es ilegal aprobar por la vía del decreto ley una norma que suprime derechos fundamentales como la privacidad y que debe hacerse mediante una norma de rango superior”, señala Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). “Esas dudas están disipadas en el que momento en el que contamos con un informe del Consejo de Estado y otro de la Agencia de Protección de Datos, en los que se confirma que no hay afectación de derechos fundamentales”, concluyen desde Interior.

Por su parte, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) también confirma que va a acudir a los tribunales para defender sus intereses, tanto para que las agencias de viajes como del turismo corporativo y de negocios (MICE por sus siglas en inglés) queden excluidos del ámbito de aplicación del decreto. “Se considera jurídicamente defendible la exclusión de las agencias, ya que la ley orgánica de la que emana el real decreto no las incluía y que su posterior inclusión vulnera el principio de jerarquía normativa, al no mencionarse ni a intermediarios ni a las agencias de viajes ni a operadores turísticos en el artículo 25 de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana de la que emana”. La patronal exige una nueva moratoria del decreto, “hasta que se desarrolle una orden ministerial que incluya las reivindicaciones del sector”.