Canarias esgrime la Constitución para rechazar el nuevo impuesto a los turistas

No rotundo del Gobierno de Canarias a introducir un impuesto a los turistas que vistan las islas, una figura con la que sí cuentan Baleares y Cataluña. El Parlamento canario tiene previsto votar entre el martes y el miércoles la proposición de ley del grupo socialista que persigue crear el llamado del Impuesto de Estancias Turísticas en Canarias y medidas para el impulso del turismo sostenible. Coalición Canaria, Partido Popular y sus socios minoritarios han anunciado que votarán en contra escudándose en que este gravamen sería inconstitucional si no se aplica también a los canarios. El informe elaborado por el propio Gobierno y los expertos consultados, sin embargo, se limitan a afirmar que dejar exentos a los residentes ha de estar debidamente justificado para no incurrir en la inconstitucionalidad. Mientras tanto, el municipio grancanario de Mogán ha introducido su propia ecotasa, una medusa que los expertos ven ilegal.

El impuesto a los turistas sobrevuela las islas desde hace años. No en vano, esta fue una de las principales reclamaciones de las multitudinarias manifestaciones de abril y de octubre en las isas. El anterior Gobierno, liderado por el actual ministro socialista de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, no lo introdujo. Este año, sin embargo, ha presentado dos proposiciones , una en abril y otra en octubre, para gravar las pernoctaciones. Estas propuestas, así como otra reciente de Nueva Canarias que fue rechazada por el Consejo de Gobierno el día 2, se ha encontrado con el no del actual Ejecutivo (y la del sector en peso), con la consejera de Turismo, la popular Jessica de León, actuando como principal estilete.

Los servicios jurídicos del Ejecutivo han elaborado recientemente un informe, al que ha tenido acceso este periódico, en el que se sustenta esta negativa. El documento alerta sobre el riesgo de sobreimposición, ya que el impuesto recaería sobre un hecho imponible ya gravado por el IGIC, además de una posible violación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). El principal argumento de la consejera Jessica de León, se ha basado en que este impuesto sería inconstitucional en el caso de que se pretendiera excluir a los canarios, dado que porque no puede haber discriminaciones por razón de residencia. “No vamos a subir los impuestos a los canarios que deseen pasar sus vacaciones en su tierra”, sentenció el día 4 en declaraciones a la radio pública canaria.

El informe de hacienda, sin embargo, no llega en ningún momento al extremo de sostener esta inconstitucionalidad, y se limita a afirmar que esta diferenciación han de tener una “justificación objetiva y razonable según criterios generalmente aceptados”, sin que, “en ningún caso, la disparidad de trato resulte desproporcionada”.

“Tratar diferente a residentes y no residentes no es per se ni constitucional ni inconstitucional”, recalca el profesor del Área de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid y subdirector del Instituto de Derecho Local de esta institución, César Martínez Sánchez. “Tenemos que ir más allá. Tenemos que preguntarnos cuál es la justificación, porque en algunos casos puede estar justificado y en otros casos no”. El fiscalista razona que la proposición de ley argumenta que lo que aportan los residentes para sufragar los gastos públicos “es mucho más que lo que aportan” los no residentes. “Los turistas no están sujetos a la imposición directa, al IRPF. Y además, Canarias tiene la peculiaridad de que su imposición indirecta es mucho más baja que la de la península”.

Esta menor aportación del turismo a las arcas públicas constituye, precisamente, la justificación de la proposición de ley presentada en octubre por el PSOE. Según sus datos, el transporte aéreo y marítimo, que representa casi el 28% del gasto de los visitantes a Canarias, está exento de IGIC. Además, el tipo impositivo aplicado al alojamiento turístico en Canarias es solo del 7%, significativamente menor que el de otras regiones como el resto de España (10%) o países como Francia e Italia (20%). Por otro lado, muchas operaciones realizadas por turoperadores y agencias de viaje radicadas fuera de Canarias también quedan fuera de tributación directa, siguiendo un régimen especial de la normativa del IVA aplicable al IGIC. Esto reduce aún más la base imponible sobre la que se recauda.

Como resultado, según la PNL, aunque el turismo supone alrededor del 35% del PIB de Canarias, su contribución fiscal a través de IGIC e IRPF combinados representa solo entre el 13,2% y el 15,8% del presupuesto regional. “Los datos señalados de infragravamen parecen aconsejar la introducción de una mayor contribución fiscal que permita desarrollar un mayor gasto e inversión en estos aspectos, así como mejorar las infraestructuras y servicios de la población local”.

En Europa muchas ciudades hay una decena de ciudades, entre ellas Venecia, Nápoles, Roma o Ámsterdam que discriminan entre residentes y no residentes atendiendo a su situación fiscal, sin que ello se considere discriminación por mera razón de residencia. La propuesta socialista pasa porque los hoteles de 4 estrellas abonen 2,50 euros, frente a los 1,70 en Cataluña. Los hoteles de tres estrellas abonarían en Canarias 2 euros, por 1 de Cataluña. Las viviendas vacacionales abonan 3,50 por 2,25 en Cataluña o 2 euros en Baleares.

Las previsiones oficiales pasan porque el archipiélago bata este año su récord de turistas. Las islas recibirán en torno a 18 millones de turistas, gracias a los 15,5 millones de turistas extranjeros previstos, frente a los 14,3 millones en 2017, y los 14,2 millones de 2023. En octubre, los turistas extranjeros sumaron 1,4 millones. En el acumulado del año, los visitantes suman 12,3 millones, el 9,7% más que un año antes.

El turismo, sin embargo, vive un bum en toda España, que cerrará este año con otro récord. Por ello, Cataluña y Baleares, las dos únicas autonomías que gravan las pernoctaciones de los turistas, han anunciado que incrementarán esas tasas en 2025 como la fórmula mágica para tratar de frenar el descontento ciudadano. La Generalitat de Cataluña ha deslizado su predisposición a elevar esos recargos, en vigor desde 2012, que imponen tarifas que van desde el euro a los tres euros por estancia y turista fuera de Barcelona, mientras que en la capital catalana se disparan desde los cinco hasta los siete euros y medio por pernoctación y viajero al sumar el recargo municipal. Por su parte, la presidenta balear Marga Prohens anunció hace cuatro semanas una subida de la ecotasa (con tarifas desde 1,10 euros por día y pernoctación hasta 4,40 euros en los hoteles de gran lujo), que se limitará a los tres meses de temporada alta (junio, julio y agosto) y que se concretará el próximo mes de febrero, “para contener la llegada de flujos turísticos y afrontar el problema de la escasez de vivienda”.

Santiago de Compostela y Toledo también han anunciado su intención van a cobrar en 2025 una tasa que grava al turista. Lo mismo hizo la semana el municipio grancanario de Mogán. La alcaldesa, Onalia Gómez (Ciudadanos por el Cambio), pretende que las personas que se hospeden en cualquier establecimiento tendrán que abonar 0,15 euros diarios. Expertos como César Martínez Sánchez, sin embargo, dudan de la legalidad de esta medida. “Los ayuntamientos tienen una capacidad de exigir tributos muy limitada. Solamente pueden exigir los tributos que les permite la ley”. Estos son cinco: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), además del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la plusvalía municipal. Si lo que se pretende es cobrar una tasa, los ayuntamientos también tienen “muy limitada su capacidad de exigencia”, dado que tienen que especificar con toda exactitud qué servicio se quiere cobrar. “No se puede hacer una alusión genérica a todos los servicios de los que se benefician los turistas”, sentencia,