Ayuso recula y firmará el convenio para contratar a 1.091 profesores universitarios con las condiciones del ministerio

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará el próximo miércoles el convenio para firmar el Programa María Goyri de incorporación de docentes a las seis universidades públicas de la región. El acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades va a permitir contratar y después estabilizar 1.091 plazas de profesor ayudante doctor para ampliar, rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesores de la Complutense, la Autónoma, la Carlos III, Alcalá, Politécnica y Rey Juan Carlos. Lo aprobará a pesar de que el consejero Emilio Viciana califica el convenio de “cacicada” del Gobierno de Sánchez y no haber incluido una partida en los presupuestos de 2025. Un portavoz del ministerio ha afirmado esta tarde no tener noticias de la firma. El plan prevé que el ministerio paga el 60% de los sueldos durante seis años (665 plazas con una inversión de169,8 millones) y la Comunidad el otro 40% (435 ayudantes, 112,3 millones). Además, la Comunidad debe comprometerse, pasado ese plazo, a pagar todos los salarios estabilizando esas plazas, es decir, haciéndolas fijas.

Las plazas que sufraga el ministerio, según el reparto acordado en junio, queda de esta manera: Alcalá 71 plazas, Autónoma 56, Carlos III 81, Complutense 231, Politécnica 82 y Rey Juan Carlos 135. El ministerio ha tenido en cuenta la tasa de precariedad y el volumen de las plantillas a la hora de distribuirlas. En otras universidades están programando contratar en departamentos en los que se vayan a jubilar muchos profesores titulares y catedráticos. De los 30.000 profesores que trabajan en los campus públicos madrileños, más de 4.000 superan los 60 años y, por lo tanto, la mayoría se habrá jubilado cuando la Comunidad tenga que estabilizar a estos 1.091 investigadores.

La Comunidad de Madrid ha anunciado la firma en una nota de prensa. “Este miércoles vamos a llevar al Consejo de Gobierno la aprobación del convenio María Goyri, para dejarlo todo preparado para la firma antes del plazo fijado por el ministerio”, ha declarado el consejero Viciana, en referencia al límite temporal que dio la ministra Diana Morant, que vence este viernes. “Hacemos esto siempre pensando en las universidades públicas madrileñas y en que no podemos dejar de aceptar esa financiación que ofrece el ministerio”, ha añadido. “Lógicamente, nosotros queremos la estabilización de los profesores de la Universidad pública. Pero nuevamente nos encontramos ante una cacicada. Esto no es un convenio, es una imposición del Gobierno de Pedro Sánchez en la que dos administraciones cofinancian pero no ha habido posibilidad de hacer ningún tipo de negociación al respecto. Seguimos denunciando los problemas que vimos inicialmente en el convenio“.

El consejero ha denunciado que “el ministerio miente cuando dice que la Comunidad de Madrid se comprometió en la reunión del 19 de junio a firmar este convenio”. “En aquel momento ya dijimos que la Comunidad de Madrid dio un voto favorable condicionado a que no se vulnerase ni la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de cofinanciación entre el Estado y las comunidades autónomas y no se vulnerase el principio de autonomía universitaria ni de las comunidades autónomas”. Las comunidades del PP trataron de convencer a Morant de que financiase el 100% del programa, pero desistieron cuando vieron que la ministra se negaba. Las competencias de Universidad están transferidas y deben ser los gobiernos autonómicos quienes inviertan en sus campus. La precariedad laboral roza el 50% en la Universidad pública española, y con este programa se pretende paliar en parte esta situación de precariedad.

La Comunidad de Madrid no pensaba firmar el acuerdo y por eso no había incluido una partida en sus presupuestos de 2025, pero tras las quejas de los rectores y la reprimenda pública de Morant, ha incluido una enmienda por valor de 29,67 millones para hacer frente al programa y a un plan de financiación de sus universidades por objetivos. Finalmente, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso claudica y acepta las condiciones del ministerio. Aunque en junio dio un voto favorable, luego tildó el acuerdo como “convenio trampa”. Morant recordó a Ayuso el lunes pasado que iban a ser la única comunidad que no firmaba el acuerdo y este lunes se ha sabido que la Comunidad trataba de cambiar las condiciones para no comprometerse a hacer fijo a los 1.091 profesores e intentaba también contratar a otras figuras docentes y hacer otro reparto diferente entre campus.

Aunque teóricamente el plazo para firmar terminaba a finales de noviembre para recibir una primera partida de fondos de los Presupuestos del Estado de 2024, el ministerio va a hacer una excepción para no ahogar más a las universidades madrileñas, las peor financiadas por alumno de España pese a jactarse la Comunidad de ser “la primera economía de España y quinta de Europa”. En un correo a Viciana este lunes, el secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, insistía: “El proceso debe estar concluido como fecha límite el día 13 de diciembre para ser fiscalizado en esta anualidad de 2024″. La firma del convenio se ha vestido de solemnidad en otras ocasiones, con presencia de Morant o Cigudosa, el presidente de la comunidad de turno y los rectores beneficiados. Ante esta “cacicada” o “extorsión”, según el PP madrileño, previsiblemente no ocurrirá en la capital.