La facultad de Políticas de la Complutense solicita la retirada del título de alumna ilustre a Ayuso por su asfixia económica

La Junta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid solicitó este miércoles la retirada oficial del título de alumna ilustre de esta entidad a la presidenta de la comunidad autónoma, Isabel Díaz Ayuso, por sus decisiones financieras sobre las facultades públicas madrileñas, a las que considera que condena a la insostenibilidad de su funcionamiento ordinario: “Nos resulta inexplicable que con todos los datos y justificaciones aportadas, en un momento, además, de bonanza económica, el Gobierno regional siga adelante con sus planes financieros, aportando una cantidad de dinero público que sigue muy lejos del mínimo exigido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA)”. La conferencia reclamaba un 18% más de presupuesto, 200 millones, y finalmente ha subido un 4,2% (la idea inicial era de 0,9%).

Cuando el 16 de diciembre de 2022 saltó a los medios que la presidenta madrileña iba a ser distinguida como alumna ilustre de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, cundió la estupefacción y supuso el detonante de la ruptura total del equipo de gobierno de la universidad. Se saldó con la dimisión de dos vicerrectores, Juan Carlos Doadrio, responsable de Relaciones Institucionales, y José Ignacio López, de Política Económica. En paralelo, más de 1.500 profesores y estudiantes ―entre ellos, un tercio de los docentes de esa facultad― firmaron alguna de las tres cartas de repulsa a la condecoración a Ayuso.

En 2023 primero Ayuso recibió el reconocimiento en un acto muy tenso y semanas después hubo elecciones y su equipo se afanó en que ganase de nuevo Joaquín Goyache, el hoy rector, frente justamente a la decana de Ciencias Políticas, Esther del Campo, que fue tildada como “la candidata de Podemos”, aunque no correspondiese a su perfil. En esta facultad se celebró el 4 de diciembre la primera reunión de profesores de la que surgió una Asamblea que se ha organizado en grupos de trabajo y prepara acciones conjuntas.

La junta considera que el Gobierno autonómico incumple la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, 2023) que, entre otros objetivos, establece avanzar hacia una financiación mínima del 1% del PIB para 2030. Por ello, solicita formalmente al rectorado la presentación de una demanda judicial y la solicitud oficial de amparo al Gobierno de España para mantener la función social y la autonomía garantizada por la Constitución para las universidades: “Ahora mismo está en riesgo por las decisiones del Gobierno autonómico madrileño. Pedimos de manera urgente que se ponga el caso en manos del Defensor del Pueblo”. Las universidades públicas ya ganaron en el Tribunal Supremo 456 millones en sentencias al Gobierno de Esperanza Aguirre ―incumplió planes de financiación de infraestructuras― y es una idea que sobrevuela todos los rectorados; pero saben que no tendrían sentencia hasta dentro de cuatro o cinco años, cuando quizás sea demasiado tarde.

La vicerrectora económica de la Universidad Complutense de Madrid, María Begoña García Greciano, anunció el martes la prórroga de los presupuestos para el año 2025 con una retención inicial de crédito del 35% para contener las facturas ordinarias de esta entidad educativa, según confirma la propia universidad. El rectorado ya había anunciado en un claustro anterior que no saldrían adelante los presupuestos. Las facultades, los vicerrectorados y todas las unidades con competencias de gastos tendrán que aplicar el recorte sobre sus fondos y redistribuirlo entre las distintas partidas.

Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en sus campus por alumno y la situación es especialmente complicada en la Complutense. El año pasado arrastraba una deuda de 65 millones con un presupuesto anual de 367 millones. En 2007 recibió 32 millones de euros para arreglar o acometer infraestructuras y en 2025 le tocará repartir en sus 27 facultades seis millones (tras subirse 3,7 por las protestas de los rectores).

Continúan las protestas

Sindicatos y colectivos universitarios han convocan este jueves por la mañana una movilización cívica en defensa de la universidad pública ante la Asamblea de Madrid, donde se celebra el pleno. Durante el año 2025 se prevén más movilizaciones de protesta por parte de la comunidad universitaria ante la partida presupuestaria propuesta para las facultades públicas madrileñas por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. Consideran que esta dotación “es insuficiente y pone en riesgo el funcionamiento ordinario”.

Ante esta situación excepcional de crisis económica, la junta de Políticas ruega que, en la medida de lo posible, durante las jornadas de protesta cívica que se organicen durante el año 2025, y que hayan sido convocadas oficialmente, así como avisadas con la debida antelación, no se lleven a cabo actividades académicas no recuperables, para facilitar la asistencia de toda la comunidad universitaria a estas movilizaciones. Además, emplaza al rectorado y a los rectores de las seis universidades a participar y apoyar activamente estas movilizaciones. Estos se reunirán con el Gobierno regional a mediados de enero y, por el momento, apuestan por destensar su enfrentamiento con Ayuso.