El Gobierno endurece los requisitos para abrir una universidad privada: pedirá un mínimo de 4.500 alumnos y un nuevo informe vinculante

El presidente de Gobierno ha anunciado este lunes durante un acto en la UNED una serie de medidas destinadas a endurecer los requisitos para abrir una universidad privada en España o para mantenerse, en el caso en que los centros ya estén inaugurados. Ello supone modificar el decreto de creación y reconocimiento de universidades, aprobado en 2021 con Manuel Castells al frente del Ministerio de Universidades. Esta orden ha demostrado quedarse corta, pues siguen abriéndose centros privados de mala calidad, ratificada por el informe del ministerio que los suspende. Pronto en España habrá más universidades privadas (hoy 46) que públicas (50).

Además del informe de los técnicos del ministerio para poner en marcha una universidad, se suma uno nuevo obligatorio y vinculante que va a ser elaborado por la agencia de evaluación ANECA o las agencias correspondientes en las autonomías. “Se garantiza así un control riguroso e independiente”, ha remarcado el presidente. Además, se van a endurecer los criterios de apertura de los centros privados, de forma que los campus lleguen a los 4.500 alumnos en sus primeros cinco años de andadura, pues no entiende una universidad sin una masa crítica. “Y se va a exigir experiencia en la gestión universitaria a sus promotores”, ha añadido Sánchez, de forma que no sea un mero negocio. Desde 1988 no se abre una universidad pública en España y se han inaugurado 26 privadas.

Asimismo, se controlará la solvencia económica del proyecto ―hay iniciativas con 3.000 euros de capital social y ahora será necesario un aval bancario―; tendrán que crearse un 10% de plazas de alojamiento universitario, para que el precio de los alquileres no sea un freno a la matriculación de los alumnos menos pudientes; los criterios de investigación serán más duros (un 2% de su presupuesto tendrá que provenir de concursos competitivos de investigación autonómicos, nacionales o internacionales) y las universidades que tengan más de un 80% de los créditos de enseñanza online, que tienen sede en una comunidad pero alumnos en todo el territorio, se considerarán de ámbito nacional y tendrán que contar con el voto a favor de las Cortes Generales “para garantizar la calidad” en todas partes.

Sánchez ha anunciado que llevarán mañana el trámite de urgencia (que permite plazos más breves, de modo que este miércoles de abril se abre la consulta previa con los rectores y los estudiantes) al Consejo de Ministros “para que entre en vigor lo antes posible”. Y la intención es que en mayo vaya la versión final al Consejo de Ministros. Los cambios no tienen que ser aprobados en el Congreso. El endurecimiento de los requisitos no afecta a aquellos proyectos, nueve, que están pendientes del informe y han llegado ya al ministerio.

Sánchez ha sido muy duro, ha hablado de “academias” que no son universidades sino “chiringuitos” que expenden títulos auspiciados por gobiernos autonómicos que han optado por “ahogar” a las públicas. “Primero recortan recursos para minar su funcionamiento y después, se cuestiona su servicio y calidad, precisamente afectados por los recursos que se detraen. Y finalmente, cuando el deterioro es evidente, presentan la privatización como única salida”, ha dicho.

Habrá un plan de relanzamiento de la UNED (la única universidad con estudios de grado de titularidad del Estado central) que empieza con 30 millones de euros y se crearán en esta universidad 7.000 plazas de grados (Educación y Comunicación) y másteres habilitantes (Profesorado y Psicología clínica sanitaria) de altísima demanda, y de nuevas carreras como Inteligencia Artificial y Neurociencias. “Duplicaremos la oferta para que nadie tenga que pagar una fortuna en la privada”, ha subrayado el presidente.

Tras su discurso se han conocido más medidas. Como que los centros adscritos de una universidad en otra comunidad autónoma deberán tener el informe favorable de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU, elaborado por el ministerio y ratificado por los consejeros autonómicos) y del Consejo Universitario (el ministerio con todos los rectores). Es una medida importante porque muchas privadas se están saltando el trámite de la aprobación de otro parlamento regional abriendo un centro adscrito en vez de una universidad.

Además, ya las universidades no van a poder trampear con las memorias de titulaciones, que tienen cinco años de validez. Actualmente, se informa de un número de profesores, alumnos e instalaciones para determinado número de grados, másteres y doctorados, y luego, una vez que tienen la aprobación del ministerio, los centros modifican las cifras, añadiendo más títulos, lo que en muchos casos supone más inscritos con el mismo profesorado y equipamiento. Con la modificación del decreto, en esos cinco años si los centros quieren incorporar un nuevo título, se necesitará el informe favorable de la CGPU y la aprobación del gobierno autonómico.

Las privadas, además, van a tener que aportar mucha más información de la que reportan al ministerio, que desconoce, por ejemplo, con qué presupuesto cuentan y los precios de sus estudios. Y se va a incluir un precepto en el decreto que obliga a explicitar en la iniciativa de reconocimiento de una universidad privada el grupo empresarial o el fondo de inversión que realmente la promueve, para que no sea una sociedad instrumental.

Hace un año el ministerio, ahora en manos de Diana Morant y fusionado con Ciencia e Innovación, anunció que trabajaba en una modificación del decreto de Castells con los rectores. Sin embargo, el secretismo ha sido tal que estos ―que verán con el ministerio los cambios este miércoles― se han enterado de los planes finales del gobierno al mismo tiempo que la prensa.

El Ejecutivo reforma el decreto de Castells, pero no va a tocar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). De forma que el informe de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), hecho por los técnicos del ministerio, va a seguir no siendo vinculante. Los partidos nacionalistas, por temas competenciales, ya habían dicho que no estaban de acuerdo con que el informe pasase a ser vinculante. Sí será un informe vinculante el la ANECA o de sus agencias autonómicas y creen que así se frenará la falta de calidad. Desde que los socialistas llegaron al poder en 2018, se han emitido 21 informes desfavorables de la CGPU, cinco positivos y otros dos condicionados a cambios y, pese a ello, se han aprobado 12 universidades (Madrid 5, Andalucía 4, Canarias 1, Galicia 1 y País Vasco 1), algunas con el informe anterior al gobierno de Sánchez, y otras están en el proceso.

Está por verse si, desde que se aprobó el decreto en julio de 2021, las privadas que ya existían han mejorado en investigación, profesorado o infraestructuras, tal y como les obliga la resolución. En el caso de las públicas, a quienes también se aplica, el talón de Aquiles es la escandalosa precariedad de las plantillas (49% con contratos temporales), no el resto de condiciones. La orden obliga a que todas las universidades tengan un 50% de alumnos de grado ―para frenar el enorme negocio de los cursos no oficiales―, que el 50% de los docentes sean doctores, que oferten 10 grados y seis másteres ―para que no tengan el tamaño de un colegio grande― o dos escuelas de doctorado (con la modificación del decreto van a ser tres), de forma que se promueva una investigación casi inexistente. En los extremos, un investigador de la Pompeu Fabra (pública) escribió en 2023 4,57 artículos, frente a los 0,12 de la Universidad Europea de Valencia (en manos de un fondo de inversión), según el observatorio IUNE.

El decreto de Castells otorga cinco años a los centros para mejorar su calidad, así que en poco más de un año se supone que tendrían que rendir cuentas ante la administración autonómica. Si no cumplen los requisitos, supuestamente empezaría un proceso de cierre que nadie termina de creerse. Es una decisión muy impopular y es difícil que un gobierno autonómico se auto enmiende y clausure una institución que probablemente auspició (si no ha habido cambio de partido en el poder).

Hay más de una decena de proyectos esperando la luz verde para ser universidades: cuatro en Extremadura y Madrid y uno en Asturias, Aragón y Baleares y Galicia. La aldea gala es Castilla-La Mancha, a punto de aprobar una ley que fuerza a investigar para ser universidad. El gobierno de Asturias, en manos socialistas, se ha comprometido a no aprobar ningún campus sin el informe positivo de la CGPU. “Nos estamos alejando del modelo continental de universidades. España es el país que más se ha privatizado en los últimos 20 años”, ha destacado Carles Ramiò, catedrático de Administración Pública de la Pompeu Fabra y autor del libro La privatización de la Universidad en España.

Previsiblemente este endurecimiento de los requisitos terminará en los tribunales, pues son muchos los no interesados en cumplirlo. Hay un precedente: en 2022 el Tribunal Supremo desestimó el recurso planteado contra el decreto de Castells por la Fundación Universidad Europea del Atlántico (Uneatlántico) de Santander. El alto tribunal sostuvo que las privadas no pueden tener un régimen jurídico sustancialmente diferente al de las públicas. Admitió que se inauguren “entidades que operen en la pura esfera privada, tales como academias de lenguas o de preparación de concursos, sociedades de amigos del país, escuelas libres de eméritos...”, pero respaldó la idea de que, si se pretende ser una universidad, aunque sea privada, haya que “satisfacer las exigencias que el ordenamiento jurídico impone a estas”.

“Nos preocupa la asfixia económica a la que están sometidas las universidades en algunas comunidades autónomas”, se ha quejado la ministra en clara alusión a Madrid. Y ha recordado que desde que los socialistas llegaron al poder, las transferencias a las comunidades se han incrementado un 50% y no ha tenido su reflejo en un incremento de la inversión en los campus. Hasta el año pasado no han recuperado la financiación real de 2009 ―teniendo en cuenta la inflación― y no en todas las regiones.