La defensa del 'caso Camas' cree que sólo queda el odio

El fiscal ha pedido que se abra juicio oral contra los cuatro acusados de internar sobornar a una concejal de Camas (Sevilla), entre ellos el ex alcalde Agustín Pavón (IU), mientras que la defensa ha pedido el archivo porque, una vez anuladas las escuchas, la única prueba se basa en "odio o venganza".

El juzgado de instrucción 2 de Sevilla ha celebrado la audiencia preliminar, último paso previo a remitir el caso a un tribunal del jurado, en un acto en el que el fiscal ha afirmado que existen "pruebas suficientes" de que los cuatro acusados intentaron sobornar con 12.000 euros a la ex concejal de IU Carmen Lobo, por lo que ha pedido para cada uno una condena de un año y medio de cárcel.

Pavón ha anunciado que va a pedir ser indemnizado por los daños y "muchos perjuicios acumulados en estos cinco años", tanto en lo personal como en lo político, que "no se van a recuperar con una sentencia absolutoria". Ha insistido en que el "caso Camas" ha sido una "trama-trampa" cuyos autores son el ex militante de IU Francisco Javier Gordo y el dirigente socialista de Camas Antonio Rivas, de quien ha recordado que aún debe dar cuentas de su implicación en el intento de cohecho en Mercasevilla desde su puesto de delegado provincial de Empleo.

A la audiencia preliminar han asistido los acusados Pavón, Antonio Enrique Fraile, ex concejal del PP, y José del Castillo, ex edil del PA, pero no el empresario Eusebio Gaviño, detenido por la Policía cuando, en septiembre de 2005, entregó un sobre con 12.000 euros a la concejala que pensaba sobornar para conseguir su voto.

Fuentes del caso han informado de que el abogado de Gaviño ha pedido el sobreseimiento de la causa porque, tras la anulación de las escuchas telefónicas a los acusados, "no existe prueba de cargo alguna" pues la declaración de Carmen Lobo se basa en la "animadversión, rencor y odio".

El abogado de Fraile ha basado su petición de archivo en el informe de los peritos que determinaron que el análisis de la grabación realizada en una reunión el 18 de agosto de 2005, en la que presuntamente se planificó el cohecho, solo permite demostrar la participación en la misma de Pavón, Gaviño y del Castillo. A ello ha respondido el fiscal que el propio Fraile reconoció haber estado en dicha reunión y también los demás asistentes, y además la acusación contra él "no se condiciona en modo alguno por el resultado de dicho informe pericial".

Las defensas han pedido que se suspenda la audiencia al estar pendientes de resolver recursos contra su convocatoria, lo que la convierte en "nula de pleno derecho y vulnera derechos fundamentales", por lo que se han declarado dispuestas a llegar al Tribunal Constitucional. Además han pedido otra pericial que "descarte la manipulación de los archivos sonoros" de dicha reunión, aportados por Gordo, a lo que se ha opuesto el fiscal pues el propio testigo ya advirtió de que no se trataba de un original. El juez ha rechazado dicha prueba, así como la suspensión de la audiencia pues los recursos no tienen carácter suspensivo, según la ley.